Por. J. Jesús Lemus
El flujo migratorio que ingresa a México por la frontera sur ha dejado de ser únicamente un fenómeno humanitario, se ha convertido en uno de los negocios criminales más lucrativos del continente.
Bajo el control de estructuras del crimen organizado, el tránsito de personas indocumentadas es hoy un mercado de explotación sistemática que genera ganancias multimillonarias, mediante un catálogo de delitos que incluye la extorsión, el robo, el secuestro, la desaparición forzada y la trata con fines de explotación sexual.
Las rutas migratorias locales y estatales están rígidamente fragmentadas y vigiladas por los grandes aparatos del narcotráfico, los cuales han diversificado sus operaciones ante los altos márgenes de ganancia que ofrece el tráfico humano.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, de la fracción de Los Mayos, mantienen una disputa encarnizada por el control de las vías de acceso en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Los migrantes son utilizados como mercancía intercambiable, obligados a pagar “cuotas de paso” por el simple derecho de transitar o caminar por los territorios bajo su dominio.
Por su parte, el Cártel del Golfo y facciones remanentes de Los Zetas controlan los corredores tradicionales hacia el noreste del país. En estas zonas, el secuestro masivo en autobuses y casas de seguridad es la principal herramienta para exigir rescates de miles de dólares a los familiares de las víctimas en los Estados Unidos.
Informes y testimonios recabados directamente de fuentes internas del propio Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que la operación de este mercado humano de migrantes no podría sostenerse sin una red de complicidad estructural. Esa red nace desde adentro del propio instituto que debería cuidar a los migrantes.
Funcionarios de migración y agentes de campo actúan en colusión directa con las bandas criminales, operando como el primer filtro del negocio. Las denuncias apuntan a la venta de bases de datos, alertas de operativos y, en los casos más graves, la entrega física de migrantes detenidos a operadores de los cárteles a cambio de comisiones por cada persona entregada.
La rentabilidad del tráfico y la extorsión a migrantes rivaliza directamente con las economías ilegales tradicionales del país. De acuerdo con análisis de expertos y datos derivados de las propias redes de corrupción, el comercio y control de la migración irregular genera utilidades netas para el crimen organizado que superan los 3,000 millones de pesos al año.
Esta cifra representa casi la mitad de los ingresos netos anuales que produce el robo de combustible (huachicol), consolidando la explotación humana como una prioridad financiera para los cárteles debido a su menor riesgo operativo frente al trasiego de hidrocarburos o narcóticos.
Frente a esta crisis de seguridad y derechos humanos, la respuesta estatal se caracteriza por la omisión y la falta de programas efectivos de asistencia. La política migratoria actual prioriza la contención militarizada y la detención antes que el refugio o el acompañamiento humanitario.
No existen corredores seguros, refugios operados por el Estado con capacidad real de protección, ni mecanismos institucionales eficaces para que los migrantes denuncien las agresiones sin el temor inmediato a ser deportados o devueltos a las redes de sus captores. La vulnerabilidad total de la población en tránsito sigue siendo la principal materia prima de este millonario engranaje criminal.
