Por. Luis Calderón
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) confirmó que logró identificar los restos de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora del medio Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada el 2 de junio mientras se encontraba en su hogar, en el municipio de Nanchital, Veracruz, acompañada de sus padres y sus hijos.
El caso se viralizó tras publicarse un video tomado por la propia periodista, donde se observa a dos hombres encapuchados con armas largas forzando la entrada para llevársela mientras golpean y someten a su padre. “Me golpearon, me patearon, me pegaron con el arma y me tiraron al piso… la verdad, no sé si está viva o está muerta, no sabemos nada“, externó en una entrevista.
Pasados diez días del plagio y tras los nulos resultados de la FGEV, la fiscal estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, comunicó que el 10 de junio la Fiscalía General de la República envió una notificación mediante la cual solicitó la carpeta de investigación del caso.
En una entrevista con medios, Rubicela Ramírez, madre de Roxana, denunció la deficiente comunicación que la FGEV mantuvo con ella, llegando al punto de enterarse de la detención y posterior liberación de seis posibles involucrados a través de redes sociales. Su padre también denunció que, a pesar de la plena colaboración de la familia con las corporaciones de seguridad, no recibían datos concretos ni avances reales en la investigación.
Cinco días antes de que la FGR atrajera el caso, doña Rubicela logró acercarse al convoy donde viajaba la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita a Coatzacoalcos, donde entre lágrimas suplicó el apoyo del gobierno federal. Sheinbaum, tras detenerse breves minutos, solicitó paciencia a la víctima, la abrazó y continuó con su camino, dejando tras de sí la incertidumbre que sufrían los padres, hijos, amigos y colegas de Roxana.
Esta mañana, la FGEV aseguró que se logró cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de Roxana Guzmán y, posteriormente, en complicidad con la también detenida Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, en el homicidio de la periodista.
Javier Iván “N” fue detenido el día de ayer y es identificado como jefe operativo del llamado Grupo Sombra o Mafia Veracruzana, organización delictiva relacionada también con el secuestro y homicidio de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, ocurrido hace ya un año, en julio de 2025, tras negarse a pagar extorsión.
Además, el comunicado de la Fiscalía de Veracruz afirma que también fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y, de acuerdo con la investigación ministerial, proporcionaban recursos, alimento y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.
Organizaciones como Artículo 19 México y Centroamérica y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el homicidio de la periodista, exigieron a las autoridades la aplicación de todo el peso de la ley en contra de los responsables del delito y externaron su pésame a los familiares, amigos y colegas de la víctima.
También exigieron a las autoridades abstenerse de promover o difundir narrativas que estigmaticen a la periodista o desvíen indebidamente la investigación, que debe ser pronta, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
El Veracruz de Nahle y la violencia contra la prensa
A mediados de 2025 se difundió un video en el que sujetos armados mantienen de rodillas a una adulta mayor por presuntamente negarse a pagar el cobro de piso para ejercer su trabajo como taxista en Álamo, Veracruz. Tras seis días desaparecida, la mujer, de nombre Irma Hernández Cruz, jubilada tras años de trabajar como profesora y entonces conductora de taxi, fue encontrada sin vida.
El caso se convirtió en un escándalo por la magnitud del video difundido y por los comentarios de la gobernadora del estado, Rocío Nahle, quien aseguró que la maestra no fue asesinada, sino que murió de un infarto “luego de ser violentada”, y calificó de “miserables” a los medios que cuestionaron esta versión, sentenciando: “les guste o no, murió de un infarto”.
Los ataques desde el poder son una muestra de lo que diariamente sufren los comunicadores, reporteros y periodistas de Veracruz, pues estas manifestaciones provienen de todos los ángulos: autoridades, fuerzas de seguridad, crimen organizado e incluso del propio ámbito legal.
El homicidio de Roxana Guzmán se suma a la vasta cantidad de víctimas de violencia contra la prensa en el estado, que desde tiempos de Javier Duarte se ha caracterizado por ser un foco rojo para el ejercicio de la labor periodística.
Ataques como los de Nahle se han presentado en forma de acusaciones de terrorismo, tal es el caso del periodista Rafael León Segovia, quien fue detenido el 24 de diciembre de 2025 bajo esta acusación. Tras un amparo, el periodista logró recuperar su libertad y desmentir el cargo de terrorismo; sin embargo, aún se encuentra bajo investigación por otros delitos.
Tras los hechos, la fiscal regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, presentó su renuncia. En entrevista con medios locales, Rafael León señaló que la Fiscalía de Veracruz es quien encabeza la persecución en su contra por las publicaciones donde ha evidenciado el mal actuar de la institución.
El caso de Fernanda Luna Ferral, periodista y activista, es otro ejemplo de la violencia que las instituciones de seguridad y justicia ejercen en Veracruz contra la prensa, pues el 20 de febrero de este año los elementos de seguridad asignados a la comunicadora le fueron retirados por orden de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, a pesar de que el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no solicitara la cancelación de dicha medida.
La periodista ha sido amenazada en reiteradas ocasiones, además de haber sufrido dos atentados con armas de fuego luego del asesinato de su madre, la también periodista María Elena Ferral, en 2020, especialmente tras la liberación de dos presuntos involucrados en el asesinato por presuntas irregularidades en el proceso encabezado por la Fiscalía de Veracruz.
En la misma línea de las amenazas, apenas el pasado primero de marzo el periodista Roberto Montalvo Hipólito, del medio Noticias con Montalvo del municipio de Acayucan, recibió mensajes con amenazas de muerte de diversas personas.
El periodista comunitario de Soledad Doblado, Jesús Vichiqueht, ha sufrido amenazas de muerte, intimidaciones y una campaña de desprestigio por parte de funcionarios municipales y personas afines a la alcaldesa Malintzin Sánchez Solís, luego de que el periodista publicara notas sobre presuntos actos de corrupción como el cobro de piso a comerciantes.
En entrevista con la organización Artículo 19, Vichiqueht dijo que tuvo una reunión con la alcaldesa en la que se encontraba también el director de Seguridad Pública Municipal, quien le comentó a la funcionaria: “¿Verdad patrona, que usted se pasa de buena? Porque le he dicho que, si quiere, lo podría quitar del camino con solo que me lo dijera”. A lo que Sánchez Solís respondió: “Pues sí, pero no soy tan mala y mejor se lo dejo a la justicia”.
No todos los casos se quedan en el plano de las amenazas; como toda violencia, esta, y la impunidad de quienes la ejercen, escala y se transforma en delitos y actos de represión y censura mayores, como la desaparición e incluso el asesinato.
Desde que la gobernadora Rocío Nahle asumió el cargo el primero de diciembre de 2024, se han documentado por lo menos dos asesinatos de periodistas y la desaparición o secuestro de otras tres personas relacionadas con el periodismo o con un periodista.
Avisak Douglas fue asesinada el 20 de mayo de 2025 mientras cubría la casa de campaña de Xóchitl Tress Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Juan Rodríguez Clara, cuando sujetos armados realizaron detonaciones contra el inmueble.
El 8 de enero del presente año fue asesinado Carlos Castro mientras se encontraba comiendo en un restaurante perteneciente a su familia. En redes sociales se difundieron videos donde se observa el atentado, así como otro grabado por los propios agresores.
Castro era director del portal Código Norte Veracruz. En 2024, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP) le otorgó medidas de protección; sin embargo, estas fueron retiradas pocos meses antes del atentado en el que perdió la vida.
Dos días después, tras asistir a su funeral, Wendy Arantxa Portilla Ramos, pareja sentimental del periodista, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, amiga de Castro, fueron reportadas como desaparecidas. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero; la Fiscalía veracruzana afirmó que la desaparición no estaba relacionada con Carlos Castro, sin embargo, hasta el momento no se ha mencionado ninguna otra línea de investigación por parte de las autoridades.
El 22 de enero de 2025, Alán García Zúñiga, reportero y camillero, fue secuestrado por hombres armados al llegar a su hogar tras concluir su turno en el hospital de Pemex de Río Blanco, municipio donde también ocurrieron los hechos. Alán colaboraba en el portal Resistencia Veracruzana, desde donde denunciaba abusos de autoridad. Ya había sufrido un atentado en 2017, donde resultó lesionado en un hombro por impacto de arma de fuego. Hasta el cierre de edición se desconoce su paradero.
