A finales del 2021 el entonces Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó la apertura de una carpeta de investigación en contra de Santiago Nieto Castillo, bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito. El pretexto de esa carpeta de investigación fue la suntuosa celebración en la que Santiago Nieto contrajo nupcias con Carla Humphrey. La boda tuvo lugar en el lujoso hotel Santo Domingo de la ciudad de Antigua, en Guatemala.
Por. J. Jesús Lemus
Algunos empleados administrativos del hotel Santo Domingo en la ciudad de Antigua, que hablaron para este trabajo a cambio del anonimato, estiman extraoficialmente que el costo de la recepción por la boda superó los 326 mil 490 dólares (6.7 millones de pesos).
Es una cantidad que rebasa por mucho los ingresos anuales que oficialmente percibía Santiago Nieto como titular de la UIF. De acuerdo con su última declaración patrimonial, contenida en el portal oficial DeclaraNet, sus ingresos por salarios, compensaciones y bonos durante el último año de ejercicio público fueron por un millón 181 mil 653 pesos.
Entonces, para el pago de la fiesta nupcial, Santiago Nieto debió haber ahorrado el equivalente a sus salarios íntegros de dos veces el tiempo que estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Si bien es cierto que en su última declaración patrimonial Santiago Nieto Castillo reportó otros ingresos alternos a su salario, como son 2 millones 99 mil 552 pesos por concepto de actividades empresariales; un millón 870 mil 803 pesos por la prestación de servicios de asesoría y consultoría profesional; 49 mil 846 pesos por pago de regalías de la venta de sus libros; 200 mil pesos por la renta de un departamento en la zona de Santa Fe, de la Ciudad de México; 89 mil 320 pesos por la renta de una casa en Querétaro, y 40 mil pesos por depósito a favor de una deuda, que en suma con su salario equivalen a 5 millones 531 mil 174 pesos, también hay que considerar que sus deudas eran tres veces superiores a sus ingresos.
Partiendo de la citada declaración patrimonial, las deudas declaradas por Santiago Nieto cuando fue titular de la UIF ascendían a un monto global de 22 millones 880 mil 295 pesos, de los cuales se desprende que 4 millones 84 mil 102 pesos correspondían a un crédito hipotecario contraído con el banco HSBC; un millón 463 mil 737 pesos correspondían a un crédito hipotecario con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
También 7 millones de pesos eran de otro crédito hipotecario con HSBA; debía 448 mil 657 pesos por la compra de un automóvil que financió CI Banco, S. A.; 600 mil pesos de adeudo correspondían a un crédito personal contraído con HSBC; también debía un millón 200 mil pesos por un crédito personal sin acreditación; 3 mil 800 pesos de una tarjeta de crédito de CI Banco, S. A.; 230 mil pesos de una tarjeta American Express; 500 mil pesos de un crédito personal contraído con Grupo Jesam, S. A. P. I. de C. V.; 449 mil 999 pesos de otros cuatro préstamos personales sin razón crediticia; más otro crédito de HSBC por la cantidad de 600 mil pesos.
En pocas palabras, Santiago Nieto estaba al tope de deudas y sus ingresos, sin atentar a la lógica, no eran suficientes como para afrontar el dispendio de una boda como la que protagonizó, en la que —dicho sea de paso— se reunió una parte de la selecta élite del gobierno y empresarios mexicanos. Una élite que pudo haber sido vista por el propio Gertz Manero como el soporte “social” necesario para cualquiera que aspirara a destronarlo de su cargo.
Entre los invitados a la fastuosa boda de Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordan estuvieron la ministra de la SCJN Jazmín Esquivel Mossa; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la también diputada Diana Karina Barreras; la senadora Josefina Vázquez Mota; la diputada Carolina Viggiano; el diputado Javier López Casarín; el productor artístico Alejandro Gou; la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, y su esposo, Emilio Rabasa; el analista Javier Tejado; el diputado Javier López Casarín, y los exgobernadores de Sinaloa y Querétaro, Quirino Ordaz Coppel y Francisco Domínguez, respectivamente.
En la lista de invitados también se registró al hoy extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, quien fue acompañado de su esposa, la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, a la que luego mediáticamente se exoneró y se dijo que no asistió a la boda, esto por el escándalo propiciado. Y es que María de la Luz Mijangos, como colaboradora de Gertz Manero en la Fiscalía Anticorrupción, tuvo a su cargo la investigación ordenada para detectar —en torno a ese evento— posibles actos de corrupción en contra de Santiago Nieto. Por obvias razones, María de la Luz Mijangos no podía ser ella misma parte investigadora y parte investigada dentro del mismo caso.
El suceso que dio la pauta para que el fiscal Alejandro Gertz Manero ordenara una investigación por corrupción en contra de Santiago Nieto Castillo —y que a su vez le permitía deshacerse de la posibilidad de que este siguiera siendo un riesgo para su permanencia en la fiscalía— fue la actuación de la Policía Nacional de Guatemala. El 5 de noviembre de 2021, cuando los invitados a la boda Nieto-Humphrey comenzaron a llegar a ese país, en un avión privado arribaron al Aeropuerto Internacional La Aurora de la capital guatemalteca, entre otros, la entonces secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz; el director general del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y la asistente de este, Érika Telich Vidal.
El hecho no tendría mayor trascendencia si no fuera porque, dentro de la aeronave —con matrícula XA-MHA—, en la que llegaron los invitados de Nieto Castillo, elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala encontraron cinco sobres que contenían 35 mil dólares que no habían sido declarados, lo que constituye un delito en ese país. La propiedad del dinero se atribuyó a Érika Telich Vidal, por encontrarse dentro de su equipaje, aunque luego se dijo que era propiedad del dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien declaró que portaba dichos recursos para atender los gastos de un tratamiento médico al que se sometería en Estados Unidos, programado para realizarse una vez que terminara su compromiso social de la boda. Así quedó asentado en el acta M000502021-122 Ref. K.F.6 que levantó el Ministerio Público de Guatemala, la cual fue firmada por Carlos Enrique Blanco Nunfio y César Leonardo Navarro Villagrán, investigadores del Ministerio Público, y los agentes de la Policía Nacional Civil Walter Adán López Mejía, Milvia Hernández y José Fernando Barillas García.
Ese fue el mejor pretexto que tuvo el fiscal Alejandro Gertz Manero para ordenar, no sin una reprimenda de por medio a la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos, que ella misma realizara una investigación del caso, bajo la hipótesis de que los 35 mil dólares serían entregados como regalo de bodas a la pareja Nieto-Humphrey, lo que en términos reales, con base en el marco jurídico mexicano —aun cuando los hechos hubieran ocurrido extraterritorialmente—, constituye un delito, sobre todo porque Santiago Nieto era el titular de la uif y Carla Humphrey era consejera del Instituto Nacional Electoral (ine), ambos cargos imposibilitados parta recibir donaciones de cualquier especie.
Las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR no llevaron a ningún lado. La hipótesis del delito planteada por la FGR se vino abajo con la sola declaración del director del periódico El Universal, quien nunca reconoció que el dinero detectado por la autoridad guatemalteca tuviera otro fin que no fuera el que había aseverado. Por eso se archivó la indagatoria. Sin embargo, en una estrategia de difusión mediática, con el fin de lograr el mismo efecto de exhibir y anular la figura de incorruptible que se había formado Santiago Nieto Castillo, el fiscal Gertz Manero, en alianza con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a través de su operador de medios de comunicación, César Yáñez Centeno Cabrera, echaron a andar a la prensa.
El escándalo ocupó las portadas de los principales medios de comunicación. De tal magnitud fue la ola mediática que hablaba de la onerosa boda y la sospechosa portación de dinero por parte del director del periódico El Universal, que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a dar cuenta de los sucesos. El mismo presidente calificó el tema como “un asunto escandaloso” y reiteró que no era correcto ese tipo de conductas de los servidores públicos. “Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía, todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal”, refirió.
