Por. J. Jesús Lemus
Ahora que se habla de defender la soberanía nacional, es necesario desenterrar una realidad incómoda que se ha cocinado durante décadas bajo el subsuelo mexicano. El panorama del extractivismo transnacional en México no es una simple suma de inversiones financieras, sino una cartografía de cesión de territorio donde la soberanía nacional ha sido paulatinamente desdibujada.
Aunque históricamente la atención mediática se concentra de forma masiva en el gigante canadiense, las corporaciones originarias de Estados Unidos sostienen un control profundo, silencioso y feroz sobre el patrimonio mineral del país, consolidando un despojo legalizado que tiene nombres propios y consecuencias humanas devastadoras.
La entrega del subsuelo mexicano encuentra uno de sus capítulos más sombríos en los esquemas de subordinación geopolítica y económica que, bajo el amparo de acuerdos comerciales, de seguridad y de asimilación fronteriza como el Plan México y las posteriores agendas de seguridad compartida, terminaron por abrir las puertas del territorio nacional a los intereses de Washington.
Bajo este enfoque, la soberanía ya no solo se defiende con aduanas o ejércitos, sino con la autonomía sobre los bienes comunes. Sin embargo, la lógica de estos pactos transformó al país en un proveedor subordinado de materias primas críticas para el complejo industrial y militar estadounidense, dejando a las comunidades ejidales e indígenas desprotegidas frente al empuje transnacional.
Dueñas del territorio nacional
En la actualidad, se calcula que aproximadamente unas treinta empresas de capital estadounidense mantienen operaciones activas a través de cientos de títulos de concesiones mineras en territorio mexicano, repartidas estratégicamente en las etapas de exploración y explotación.
El alcance de sus excavaciones no conoce límites en cuanto a la diversidad de recursos, pues estas firmas han obtenido permisos gubernamentales para el aprovechamiento de metales preciosos como el oro y la plata, metales de uso industrial masivo como el cobre, el zinc y el plomo, además de minerales energéticos y estratégicos de creciente interés geopolítico como el litio, el molibdeno y las llamadas tierras raras.
La extensión territorial que ha sido entregada a estas mineras es monumental. En términos globales, el capital privado, donde las corporaciones estadounidenses poseen una tajada gigantesca junto a las canadienses, llegó a acaparar una superficie equivalente a casi la quinta parte del territorio nacional en su época de mayor descontrol.
Aunque las recientes revisiones gubernamentales han buscado recuperar millones de hectáreas congeladas por motivos de especulación financiera, las empresas norteamericanas aún retienen millones de hectáreas del suelo de México, una vastedad geográfica que supera la superficie total de varias entidades federativas juntas y que convierte a ejidos enteros en enclaves corporativos extranjeros.
El alto costo social
Detrás de las cifras macroeconómicas se esconde el costo social y ambiental. Al revisar las crónicas comunitarias y las denuncias de derechos humanos, sobresalen por lo menos cinco casos emblemáticos de empresas de Estados Unidos cuyas operaciones están directamente manchadas por señalamientos de despojo, contaminación extrema o agresiones.
El primer caso histórico y de enorme resonancia es el de Southern Copper Corporation, una subsidiaria del gigante Grupo México, pero con un fuerte control de capitales norteamericanos a través de Americas Mining Corporation.
Esta firma ha arrastrado denuncias brutales por la contaminación del Río Sonora, considerado uno de los peores desastres ecológicos en la historia del país, destruyendo la economía campesina y envenenando las fuentes hídricas de miles de pobladores con metales pesados.
Un segundo referente es Coeur Mining, específicamente mediante su filial Coeur Mexicana, que opera el complejo Palmarejo en Chihuahua. Comunidades locales y organizaciones defensoras de la tierra han denunciado el despojo de tierras ejidales mediante contratos leoninos de ocupación temporal, además de la privatización de facto de manantiales de agua potable en zonas golpeadas por sequías extremas para el uso exclusivo de la molienda de oro y plata.
El tercer caso involucra a Newmont Corporation, la minera de oro más grande del mundo, con sede en Colorado, que consolidó el control del megaproyecto Peñasquito en Zacatecas tras absorber a Goldcorp. Peñasquito ha sido el epicentro de brutales conflictos laborales y comunitarios, donde ejidatarios de la región de Mazapil han bloqueado los accesos en repetidas ocasiones acusando el despojo hídrico absoluto de sus acuíferos subterráneos, lo que secó las actividades agrícolas de subsistencia y provocó la división violenta de las asambleas ejidales.
Como cuarto ejemplo destaca Coeur d’Alene o firmas asociadas a capitales de Arizona que han incursionado en la explotación de cobre en el norte de Sonora. En estas regiones, los pequeños ganaderos han denunciado de forma sistemática la infiltración de lixiviados ácidos en los pozos de riego locales, destruyendo la fertilidad de las tierras aledañas y forzando el desplazamiento silencioso de familias campesinas enteras ante la inviabilidad de la vida rural.
Finalmente, el quinto caso recae en las empresas exploradoras que persiguen el litio y metales críticos en la franja norteña del país, como los proyectos vinculados históricamente a capitales mixtos estadounidenses y canadienses en el norte de Sonora y Chihuahua.
En estos puntos geográficos, la resistencia de las comunidades indígenas y activistas ambientales ha provocado una respuesta hostil, documentándose hostigamiento y agresiones físicas por parte de guardias privados vinculados indirectamente a las empresas o por grupos fácticos locales que operan en las zonas de exploración, intimidando a quienes alzan la voz para exigir consultas previas, libres e informadas.
Esto demuestra que la minería norteamericana en México no opera en el vacío. Su presencia es el resultado de un modelo que sacrificó la soberanía nacional a cambio de ganancias corporativas externas, dejando un saldo de ríos muertos, pueblos divididos y un subsuelo vaciado de su riqueza en beneficio de una frontera que devora recursos sin mirar el sufrimiento que siembra a su paso.
