Por. J. Jesús Lemus
El flujo migratorio en la frontera sur de México ha dejado de ser un fenómeno de movilidad social para convertirse en el negocio más lucrativo del crimen organizado.
Hoy, los migrantes que ingresan desde Centro y Sudamérica ya no son vistos por los grupos delictivos como personas en busca de refugio, sino como mercancías puras, activos financieros con un valor de cambio tasado en dólares y sujetos a las leyes de la oferta, la demanda y el control territorial forzoso.
Chiapas se ha transformado en el principal teatro de operaciones de una guerra multifactorial por el control de las rutas de tráfico humano. La entrada tradicional por el río Suchiate, Tecún Umán y las veredas de Ciudad Hidalgo y Tapachula ya no dependen de “polleros” independientes. Actualmente, cuatro grandes organizaciones criminales controlan y se disputan el comercio de personas en la frontera sur y sus rutas de evacuación hacia el norte:
- El Cártel de Sinaloa (CDS): Históricamente asentado en las redes locales de la frontera, controla pasos clave y utiliza comunidades rurales como zonas de acopio y resguardo masivo.
- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Ha irrumpido con extrema violencia en las regiones de la Sierra y la Frailesca, disputando palmo a palmo las aduanas clandestinas y las rutas de transporte hacia el centro del estado.
- Los Zetas (facciones remanentes y células aliadas): Mantienen el control de rutas específicas en la zona fronteriza y el norte de Chiapas, conectando con Tabasco y Veracruz mediante métodos basados en el terror y el castigo físico.
- El Cártel del Golfo: Opera en la recepción y control de flujos específicos que transitan hacia las rutas de la costa del Golfo de México, coordinando el peaje obligatorio para las unidades de transporte masivo.
A través de redes de halconeo, transportistas locales, taxistas y la cooptación de autoridades, estos grupos han establecido un sistema aduanal criminal.
Todo migrante que pisa territorio chiapaneco debe pagar una cuota inicial de libre tránsito o portar un distintivo como sellos físicos en el cuerpo, pulseras o calcomanías, que avale que su cuota ya fue cobrada por el cártel hegemónico de la zona.
Cuando los migrantes no cuentan con los recursos para pagar el peaje inicial, o cuando caen en zonas de disputa, el secuestro se activa de forma sistemática. Dentro de esta lógica de mercado, las personas son tratadas bajo un esquema estricto de valorización financiera:
Una de las facetas más crudas de esta crisis es el sistema de subasta o traspaso de custodia. Un grupo criminal que intercepta o mantiene cautivo a un grupo de migrantes en Chiapas puede vender el paquete completo de personas a otra organización con mayor infraestructura de transporte o control en el siguiente tramo de la ruta.
El valor estandarizado en el mercado negro para pasar la custodia de un migrante de un cartel a otro, ronda los 1,000 dólares por cabeza. El comprador asume el costo con la certeza de que extraerá un margen de ganancia muy superior al avanzar la mercancía hacia el norte o al extorsionar a los familiares.
Los migrantes secuestrados son concentrados en bodegas, fincas rurales o centros clandestinos conocidos en el argot criminal como “galleras”. Desde allí, bajo tortura física y psicológica, son obligados a contactar a sus familiares en Estados Unidos o en sus países de origen.
La tarifa estandarizada por la liberación de un migrante secuestrado es de 4,000 dólares (aproximadamente 100,000 pesos mexicanos).
El dinero se exige mediante transferencias rápidas en agencias remesadoras, fraccionadas en montos menores para evadir las alertas de lavado de dinero del sistema bancario, utilizando prestanombres locales.
Si el pago no se consolida en los plazos fijados por los captores, el migrante es asesinado o reclutado de manera forzosa para trabajos operativos de las organizaciones.
Las mujeres como mercancía no perecedera
En el ecosistema criminal de la frontera sur, la vulnerabilidad tiene sesgo de género. Mientras que los hombres suelen ser tasados exclusivamente por el valor de su rescate o su fuerza de trabajo, las mujeres y niñas enfrentan un circuito de explotación diferenciado y sumamente destructivo.
El secuestro de mujeres migrantes en Chiapas por parte de las facciones de los cárteles alimenta directamente las redes de trata con fines de explotación sexual.
Aquellas mujeres cuyas familias no pueden pagar la cuota de rescate de forma inmediata, o aquellas con perfiles seleccionados desde los puntos de captura, son separadas de los flujos regulares de secuestro masivo.
Estas víctimas son distribuidas en redes de bares, centros nocturnos y casas de cita clandestinas que operan en los municipios de la zona fronteriza como en Tapachula, Huixtla, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, o bien, son trasladadas hacia los corredores de explotación del centro y norte del país.
En este esquema, la mercancía humana no se consume en una sola transacción de rescate, sino que se convierte en un activo de generación de flujo de efectivo continuo para las células delictivas a través de la violencia sexual comercializada.
La crisis en la frontera sur ya no responde a un problema de contención migratoria institucional; se trata de una estructura de mercado paralela donde los cárteles han industrializado el secuestro, la trata y el tráfico.
El control de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Golfo y Zetas ha convertido el territorio chiapaneco en un embudo donde el valor de una vida humana se calcula en ventanillas de transferencia y la impunidad opera como el principal lubricante del negocio.
