Por. J. Jesús Lemus
Escribir sobre el poder en México exige, casi por obligación, aprender a leer entre líneas y a descifrar las fisuras que existen entre lo que se dice desde el atril presidencial y lo que se firma en los escritorios oficiales.
Bajo la administración de la presidente Claudia Sheinbaum, el concepto de soberanía nacional ha dejado de ser una brújula ideológica rígida para convertirse en un discurso elástico que se estira o se encoge según las necesidades del día.
Esta ambivalencia traza una alarmante inconsistencia: una soberanía que se usa como escudo para proteger a figuras de la llamada narco-política local ante las presiones judiciales de Washington, pero que se disuelve con pragmatismo cuando el Plan México abre las puertas a los capitales extranjeros para explotar los recursos estratégicos del país.
El primer frente de esta contradicción se juega en los tribunales y cancillerías.
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó las solicitudes de extradición y los cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, señalando presuntos nexos con las facciones del Cártel de Sinaloa, la respuesta oficial de Palacio Nacional no fue de indignación institucional ni de exigencia interna de rendición de cuentas.
Al contrario, el aparato del Estado se activó para denunciar fines políticos y exigir pruebas irrefutables a las agencias estadounidenses, envolviendo el caso bajo el manto de la autodeterminación y la jurisdicción nacional.
Esta defensa no es un acto aislado, sino una declaración de principios selectiva. Defender la soberanía frente al vecino del norte es una carta histórica muy rentable en la política mexicana, pero adquiere un tinte profundamente turbio cuando se utiliza para blindar a funcionarios sospechosos de haber cruzado la línea entre el servicio público y el crimen organizado.
Al condicionar la justicia local a los tiempos y las filtraciones extranjeras, y al minimizar la urgencia de que estos personajes rindan cuentas claras ante sus propios ciudadanos, el discurso soberanista se degrada. Ya no protege al pueblo de una injerencia externa, sino que protege a una élite política de su propia opacidad.
La gran ironía surge al contrastar este celo nacionalista con la agenda económica del propio gobierno. Mientras en el plano judicial se repele la mirada extranjera con orgullo patrio, en el plano económico la narrativa se transforma radicalmente hacia la flexibilidad global.
El Plan México, la gran apuesta de desarrollo industrial y relocalización de empresas, avanza a paso firme mediante decretos presidenciales, incentivos fiscales y aperturas sin precedentes. A través de este esquema, sectores tradicionalmente sagrados para el nacionalismo mexicano, como el petróleo, el gas, la minería y el sector energético en general, están abriendo sus puertas a consorcios internacionales con el argumento de generar empleo y modernizar la infraestructura.
Bajo este modelo de prosperidad compartida, las grandes mineras canadienses y las corporaciones energéticas estadounidenses y europeas encuentran un terreno fértil para la extracción y el aprovechamiento de recursos naturales no renovables.
El discurso oficial asegura que todo se realiza respetando la vocación ecológica de cada región, pero en la práctica, la dependencia del capital foráneo para sostener el crecimiento económico desmantela la premisa de una patria autosuficiente.
No se puede sostener con seriedad que la soberanía es innegociable cuando la riqueza del subsuelo se convierte en la moneda de cambio para mantener la estabilidad macroeconómica frente a las presiones del T-MEC y las exigencias del mercado global.
Esta desconexión deja al descubierto una preocupante dualidad. Para la presidenta Sheinbaum, la soberanía parece ser un concepto divisible: es política y territorial cuando se trata de evitar el costo político de ver a sus cuadros partidistas rindiendo cuentas en el extranjero, pero es negociable y pragmática cuando las finanzas exigen complacer a los mercados globales entregando la gestión de la energía y los minerales.
Al final del día, el análisis de esta postura nos obliga a reflexionar sobre el verdadero significado de la soberanía en los tiempos modernos.
Si la soberanía sirve para proteger los privilegios de unos cuantos políticos bajo sospecha, pero no alcanza para resguardar la riqueza natural que pertenece a las futuras generaciones de mexicanos, entonces no estamos ante una política de Estado, sino ante una retórica conveniente.
