Ulises Lara López presentó su renuncia este martes a la dirección de la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes y como vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de la turbulencia política que ha provocado tensiones dentro de la institución, derivadas de las acusaciones de presunta colusión con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de los recientes audios filtrados en los que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, presuntamente negocia con autoridades de Estados Unidos, luego de que hace casi un año le fuera retirada su visa por presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado.
Según Ulises Lara, la renuncia obedece a “motivos personales”; sin embargo, han trascendido dos versiones. La primera señala desconfianza y presión por parte del gobierno de Estados Unidos, mientras que la segunda apunta a presuntas evidencias de corrupción en su gestión.
Lara López no cumplió ni siquiera un año en el cargo y su llegada estuvo acompañada de varios escándalos que arrastra desde hace años. El primero ocurrió cuando asumió la dirección de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tras la salida de Ernestina Godoy en 2024, ya que no reunía los requisitos necesarios para ejercer el cargo: contar con la licenciatura en Derecho y tener más de cinco años de experiencia.
El problema se solucionó gracias a que, 24 horas antes de asumir el cargo, el 9 de enero de 2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió la cédula profesional 13908423, que registra su presunta titulación el 10 de septiembre de 2019. Con ello, justificó el cumplimiento del requisito al asegurar que únicamente había omitido realizar el trámite de la cédula profesional.
De acuerdo con el documento emitido por la SEP, Ulises Lara realizó su formación como abogado en el Centro Universitario Cúspide de México, que, según el medio Infobae, está relacionado con José Ángel Pérez Hernández, empresario y político del Partido del Trabajo, quien fue diputado local en Tamaulipas entre 2003 y 2005, diputado federal entre 2018 y 2021 y alcalde de Torreón entre 2006 y 2009.
En marzo de 2015, Lara López fue designado titular del Instituto de Educación Media Superior (IEMS). Su administración estuvo marcada por denuncias de irregularidades administrativas, anomalías en la nómina, como el pago a “aviadores” que no laboraban en la institución pero recibían un sueldo, y por el presunto mal manejo de recursos.
En 2021, Lara López se enfrentó a un litigio promovido por su media hermana, Hilda Lara Guadiana, quien presentó una denuncia por fraude, falsificación y despojo. Hilda señaló públicamente que Ulises Lara había cometido abuso de poder y actos de corrupción, aunque este se ha deslindado de las acusaciones.
Finalmente, el escándalo más grande lo involucra con el exgobernador Javier Corral, a quien ayudó a evitar ser detenido el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal durante su gobierno en Chihuahua, bajo la causa penal 3050/2024.
Corral se opuso a la detención y realizó una llamada. Para sorpresa de los agentes de Chihuahua, minutos después arribó al lugar el entonces titular de la FGJCDMX, Ulises Lara, quien se negó a cooperar con la Fiscalía de Chihuahua y desacreditó su actuación al asegurar que apenas ese día le habían notificado sobre la solicitud de detención, sin que la institución hubiera emitido una respuesta, por lo que, según dijo, la detención sería ilegal.
Ulises Lara mintió sobre la solicitud, pues la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, a cargo de Luis Abelardo Valenzuela Olguín, solicitó la colaboración de la FGJCDMX desde el 9 de agosto. Aun así, entre empujones, el propio Lara ayudó a Javier Corral a escabullirse del restaurante donde iba a ser detenido y abordar una camioneta roja.
Corral y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificaron la actuación de la Fiscalía de Chihuahua como producto de una persecución política. López Obrador defendió públicamente a Corral, mientras que este presentó una denuncia contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, por el supuesto intento de detención arbitraria.
Lara López defendió aquella noche del 14 de agosto a un hombre sobre quien recae la acusación de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, ya que no declaró un terreno de 15 hectáreas, valuado en 4 millones de pesos, localizado en el ejido “Nombre de Dios”. Además, mantiene un adeudo por concepto de impuesto predial que asciende a 60 mil pesos.
