Por. J. Jesús Lemus
El viento de cambio que prometió barrer la corrupción en México se enfrenta hoy a su tormenta más cruda. La promesa de que “no somos iguales”, ese mantra que Andrés Manuel López Obrador repitió como un escudo moral para cimentar su proyecto de transformación, se agrieta ante la fría realidad de los expedientes judiciales que se acumulan al otro lado de la frontera.
Lo que en el discurso oficial se presentaba como una era de pureza política, hoy se lee en las cortes de Estados Unidos como una crónica de complicidades, financiamientos bajo la mesa y un pacto de impunidad que no distingue colores partidistas.
El golpe más demoledor a esta narrativa ocurrió cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA hicieron pública una acusación formal contra Rubén Rocha que sacudió los cimientos del oficialismo.
Por primera vez, las autoridades norteamericanas pusieron la mira de manera directa en un gobernador en funciones emanado del partido gobernante, Morena.
Rubén Rocha Moya, el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, encabeza una lista negra que fulmina cualquier intento de superioridad moral.
La fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York lo acusa formalmente de conspirar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos —los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, para traficar enormes cantidades de cocaína, heroína y fentanilo a cambio de financiamiento político, protección y sobornos.
Con él, la marea arrastró a figuras clave del estado: el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, quien fuera su secretario de Gobierno y presidente del Tribunal de Justicia local, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán.
El expediente describe una red donde las instituciones del Estado se pusieron al servicio del crimen, sumando al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra —señalado por recibir miles de dólares mensuales para desviar investigaciones— y a mandos policiales como Alberto Jorge Contreras, alias El Cholo, y José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, quienes presuntamente operaban bajo las órdenes directas de la cúpula criminal.
Pero Sinaloa es solo la punta del iceberg.
El alcance de las investigaciones del Departamento de Justicia se ha extendido rápidamente hacia otros estados fronterizos clave, resquebrajando la defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Investigaciones periodísticas basadas en fuentes de las agencias de seguridad norteamericanas revelaron que la justicia estadounidense también tiene bajo la lupa a otros dos gobernadores morenistas de altísimo perfil: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena.
Al político se les retiró discretamente la visa estadounidense. Detrás de bambalinas, las agencias de seguridad los investigan por presuntos vínculos con organizaciones criminales. En el caso de Durazo Montaño, las sospechas se centran además en redes de tráfico ilegal de combustible, el flagelo conocido como huachicol.
El nivel de sofisticación y presión de Washington es tal que, según informes de inteligencia, Alfonso Durazo ha ingresado a territorio estadounidense bajo permisos humanitarios y esquemas especiales diseñados comúnmente para testigos cooperantes que buscan mitigar sus propias acusaciones.
Mientras el gobierno de México apela a la soberanía nacional y exige pruebas formales antes de proceder a extradiciones, los pasillos del poder judicial en Nueva York y Washington se siguen llenando de testimonios de capos extraditados y operadores que han comenzado a cantar, revelando cómo el dinero del narcotráfico fluyó hacia las campañas que prometían purificar al país.
Este panorama resulta devastador para la base ética sobre la que se construyó el movimiento de López Obrador. Durante años, la narrativa oficial sostuvo que la violencia y el poder del narco eran herencias exclusivas del periodo neoliberal, subproductos de gobiernos corruptos del pasado que saquearon la nación.
Sin embargo, ver a mandatarios y legisladores de la llamada Cuarta Transformación compartiendo los mismos señalamientos, las mismas investigaciones de la DEA y las mismas acusaciones de financiamiento ilícito desmantela por completo esa supuesta diferencia.
La realidad de la narcopolítica en México demuestra que el sistema no se transformó; simplemente cambió de manos y de siglas.
El gran fiasco del proyecto obradorista no radica solo en la violencia que sigue ensangrentando las calles, sino en la pérdida definitiva de su pureza discursiva.
Al verse obligados a defender, matizar o justificar las sospechas que pesan sobre sus gobernantes, el oficialismo ha terminado por mimetizarse con aquellos a quienes juró combatir, demostrando que, en el juego del poder y el dinero sucio, terminaron siendo exactamente iguales.
