Por. J. Jesús Lemus
El caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda se ha convertido en uno de los mayores sismos políticos y judiciales en la historia reciente de México.
Su muerte no representa únicamente la pérdida de un actor clave en la política del norte del país, sino el colapso de las narrativas oficiales y la exposición de una profunda y perturbadora red de complicidades entre las altas esferas del poder político, los cuerpos de seguridad y el crimen organizado.
Para dimensionar el impacto de su asesinato, primero hay que comprender el peso de su figura. Héctor Melesio Cuén Ojeda fue un personaje de enorme influencia en Sinaloa. Lejos de ser un político común, Cuén construyó un verdadero imperio de influencia local.
Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), una de las instituciones académicas más importantes de la región, cargo que utilizó como plataforma para fundar su propio partido político local, el Partido Sinaloense (PAS).
Bajo las siglas de este partido, se convirtió en alcalde de Culiacán, diputado local y, posteriormente, en un aliado indispensable para que Morena y el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, consolidaran su poder en el estado.
De hecho, Cuén llegó a desempeñarse como secretario de Salud al inicio de la administración de Rocha Moya, aunque su relación posterior se fracturó severamente, transformándose en un enconado rival político del mandatario estatal.
La enorme trascendencia de su muerte radica en que su ejecución desmontó, pieza por pieza, la versión inicial de las autoridades estatales, destapando lo que hoy se sabe que fue un elaborado montaje institucional destinado a encubrir una traición de proporciones internacionales.
El choque de las versiones sobre su muerte
La noche del 25 de julio de 2024, la entonces Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, dio a conocer la muerte de Héctor Melesio Cuén.
La versión oficial que el gobierno estatal sostuvo de manera vehemente señalaba que el político había sido víctima de un ataque directo en una gasolinera de la comunidad de La Presita, al norte de Culiacán.
Para respaldar esta versión, la fiscalía local difundió un video de seguridad donde se observaba a unos supuestos asaltantes en motocicleta acercarse a la camioneta en la que viajaba Cuén para intentar robar el vehículo, disparando en el proceso.
Según el forense estatal, Cuén falleció horas más tarde en una clínica privada debido a un infarto derivado de la pérdida de sangre provocada por los impactos de bala en sus piernas.
Sin embargo, esta versión oficial comenzó a desmoronarse rápidamente cuando surgieron revelaciones desde los Estados Unidos.
La detonación de la verdad llegó a través de una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, el histórico líder del Cártel de Sinaloa, quien había sido detenido en territorio estadounidense ese mismo 25 de julio de 2024 tras abordar un avión junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En dicha carta, Zambada relató que no se había entregado de manera voluntaria, sino que fue secuestrado con violencia tras ser citado a una supuesta reunión de mediación política en una finca llamada Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán.
A esa reunión, según el capo, también estaba invitado Héctor Melesio Cuén. Zambada aseguró de manera contundente que Cuén no fue asesinado en una gasolinera por un robo, sino que fue ejecutado en esa misma finca, en el preciso momento y lugar donde ocurrió su secuestro, para silenciarlo y no dejar testigos del operativo de entrega a la DEA.
El vuelco definitivo del caso ocurrió cuando la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación federal y desestimó por completo los hallazgos de la fiscalía local.
Tras realizar pruebas periciales exhaustivas, la FGR localizó rastros de sangre de Héctor Melesio Cuén en la finca Huertos del Pedregal, confirmando científicamente que el político fue asesinado en ese rancho muchas horas antes de lo que sugería el video de la gasolinera.
Con esto, las autoridades federales determinaron que la escena de la gasolinera fue un burdo montaje fabricado por las autoridades de Sinaloa para ocultar que el homicidio ocurrió en el mismo contexto del secuestro de “El Mayo”.
Las declaraciones del General Mérida y el “asesinato consensuado”
El escándalo escaló a un nivel sin precedentes con la reciente detención y los procesos judiciales en Estados Unidos contra exfuncionarios sinaloenses, destacando el caso de Gerardo Mérida Sánchez, un general en retiro que se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Mérida Sánchez, quien fue detenido y procesado en territorio estadounidense bajo acusaciones de recibir millonarios sobornos de la facción de “Los Chapitos” a cambio de brindarles protección e información anticipada sobre operativos militares, se ha convertido en una pieza clave para la justicia norteamericana.
Como parte de las revelaciones judiciales que han comenzado a emerger de sus comparecencias e interrogatorios en Estados Unidos, se ha puesto sobre la mesa una hipótesis sumamente alarmante sobre el destino de Melesio Cuén.
En los testimonios vinculados al exsecretario de seguridad y a las carpetas de investigación que integran las agencias estadounidenses, se ha sugerido que el asesinato de Cuén no fue un evento fortuito ni un error de cálculo durante el secuestro de Zambada, sino un acto consensuado entre facciones delictivas y sectores del poder político local.
La teoría del “asesinato consensuado” que surge de estos pormenores judiciales apunta a que la figura de Cuén ya resultaba incómoda y peligrosa para los equilibrios de poder en la entidad.
Al estar involucrado en las reuniones de alto nivel donde se gestaba la entrega de líderes del narcotráfico y poseer información sumamente sensible sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas y las redes de corrupción que unían al gobierno estatal con el cártel, Cuén se convirtió en un cabo suelto.
De acuerdo con las líneas de investigación alimentadas por testimonios de exfuncionarios y agentes colaboradores, el asesinato del exrector habría sido pactado de antemano por quienes coordinaron el golpe contra “El Mayo” Zambada, garantizando que el político fuera eliminado del mapa bajo la fachada de un conflicto colateral o, como intentaron hacer creer al principio, de un asalto violento común.
La caída de Cuén y las subsecuentes investigaciones no solo terminaron forzando la salida y posterior investigación de fiscales locales y mandos de seguridad, sino que mantienen bajo un asedio judicial constante a la propia gubernatura del estado, evidenciando que en Sinaloa las fronteras entre el ejercicio de la ley y el dominio de los cárteles eran, en el mejor de los casos, inexistentes.
