Por. J. Jesús Lemus
El Departamento de Estado de los Estados Unidos concretó una medida de alto impacto político al cancelar la visa de ingreso a territorio estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, conocido en el ámbito público como Andy López Beltrán y ex secretario de Organización del partido Morena, además de hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La determinación de la administración encabezada por Donald Trump fue calificada por el propio afectado como una provocación sin sustento jurídico y cargada de intencionalidad electoral.
En una carta dirigida directamente al mandatario estadounidense desde Teapa, Tabasco, el hijo del exmandatario mexicano rechazó de manera tajante cualquier acusación en su contra y atribuyó la medida a una maniobra coordinada por altos mandos de la diplomacia norteamericana.
En el documento, calificó la revocación de su visado como un acto de carácter puramente político, etiquetándolo de propagandístico y al estilo hitleriano, al tiempo que responsabilizó de forma directa al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quien se refirió irónicamente como El Quita Visas.
López Beltrán sostuvo en la misiva que los funcionarios estadounidenses no cuentan con prueba alguna sobre actos inmorales o delictivos cometidos por él.
Argumentó que ha guiado su trayectoria bajo convicciones y principios heredados de sus padres y acusó a los sectores de línea dura en Washington de actuar como jefes de pandillas dedicados a espiar y amedrentar a quienes no se someten a sus dictados.
Asimismo, exigió una explicación formal sobre el fundamento de la sanción, señalando que la hipocresía no puede ser la doctrina que guíe la relación entre naciones soberanas.
La carta de Andy a Trump
Investigaciones sobre la red de huachicol
Sin embargo, el retiro del visado no ocurre en un vacío, sino en un entorno cargado de investigaciones y señalamientos de agencias estadounidenses y testimonios vertidos en expedientes judiciales.
Durante meses se han documentado presuntos nexos y operaciones dentro de un entramado de huachicol fiscal y contrabando de combustible, en el que Andy López Beltrán ha sido señalado de actuar como un gestor o administrador clave.
Dentro de estas líneas de investigación reluce la vinculación estratégica con Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y líder parlamentario, a quien agencias de inteligencia norteamericanas sitúan como cabeza política de una amplia red de facilitación operativa.
De acuerdo con expedientes e indagatorias judiciales de EUA, este esquema se conecta con las estructuras que en su momento comandó el denominado rey del huachicol, Sergio Carmona, y con testimonios que señalan cómo desde el poder público se habrían emitido instrucciones a mandos federales para permitir el paso de embarques de combustible sin el pago de tributación.
Desvío de recursos en el Tren Maya y el Tren Interoceánico
A los expedientes sobre contrabando de combustible se suman los señalamientos de corrupción e intermediación irregular en las principales obras prioritarias del sexenio pasado. Investigaciones de auditores han expuesto cómo a través de interlocutores cercanos, empresarios allegados y la red comercial conocida coloquialmente como El Clan, Andy López Beltrán habría intervenido en la asignación de contratos millonarios y en la sustracción indirecta de recursos públicos en el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Mediante el control de suministro de balasto, materiales de construcción, fletes y servicios clave para las vías férreas del sur del país, la red de operadores vinculada al hijo del expresidente habría generado cuantiosas ganancias extraordinarias e influido en las decisiones de compras institucionales.
Estas prácticas, según analistas y denuncias opositoras, encarecieron sustancialmente los presupuestos originales de los megaproyectos y sirvieron para constituir bolsas de capital opaco.
El financiamiento a campañas estatales y la reacción política
Las acusaciones van más allá del enriquecimiento personal o mercantil e impactan directamente en la arena electoral. Informes de inteligencia y revelaciones periodísticas refieren que parte de los capitales provenientes tanto del mercado negro del combustible como de las comisiones en obras ferroviarias fueron administrados e irrigados hacia diversas contiendas por gubernaturas.
Entre los casos mencionados en este flujo de financiamiento irregular figuran las campañas de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, Indira Vizcaíno en Colima y Alfonso Durazo Montaño en Sonora, así como otros procesos electorales donde la estructura territorial y financiera operó a favor de los abanderados del partido oficialista.
La oposición política en México, encabezada por dirigentes parlamentarios, reaccionó de inmediato exigiendo que, más allá de enviar cartas de reclamo a Washington, el hijo del exmandatario acuda a rendir cuentas ante las autoridades ministeriales.
El argumento central de sus detractores es que el retiro de la visa por parte del gobierno estadounidense es apenas el reflejo externo de una red de complicidades, corrupción y vínculos que hoy están bajo la mira internacional y que demandan respuestas claras sobre el origen y destino del dinero que movió la política del país.
