Por. J. Jesús Lemus
El ejercicio de la labor periodística exige cuestionar el poder desde la objetividad, analizando las dinámicas entre la narrativa oficial y la realidad objetiva del país.
Recientemente, el panorama político nacional se ha dinamizado a raíz de los constantes ejercicios matutinos donde la administración federal analiza la conversación pública, señalando a diversos comunicadores, analistas y plataformas digitales como articuladores de una postura crítica contra el oficialismo.
Mientras el discurso institucional sostiene que estos se tratan de análisis sobre el alcance y amplificación de contenidos digitales, diversos sectores de la sociedad civil y del gremio informativo perciben este tipo de dinámicas como un señalamiento sistemático hacia las voces disidentes.
En una democracia saludable, la fiscalización debe ser un puente de dos vías donde el escrutinio sobre el periodismo encuentre un contrapeso en la evaluación rigurosa del desempeño gubernamental.
Frente a la estigmatización que sufren los profesionales de la comunicación al ser catalogados dentro de narrativas de confrontación, surge la necesidad de contrapesos periodísticos objetivos.
Hagamos una lista de las obras fallidas de la 4T
Un análisis equilibrado implica revisar también los proyectos representativos de la Cuarta Transformación que han presentado desviaciones presupuestales, fallas operativas o cuestionamientos técnicos.
Entre los megaproyectos más señalados destaca el Tren Maya, cuya construcción acumuló un sobrecosto superior al trescientos por ciento respecto al presupuesto original y generó severas críticas por el impacto ambiental en las cavernas y acuíferos del sureste.
Asimismo, la Refinería Olmecas en Dos Bocas ha sido objeto de revisión constante debido a sus prolongados retrasos para alcanzar la producción comercial prometida y un costo total que duplicó la proyección inicial.
En el rubro de la salud, el extinto Insabi representa un modelo fallido de centralización médica que dejó a millones de mexicanos sin cobertura básica antes de ser desmantelado. De igual forma, la Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca no logró resolver la crisis de desabasto nacional de medicamentos ni cumplir las metas de distribución inmediata.
Finalmente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continúa operando por debajo de sus proyecciones operativas iniciales, requiriendo subsidios públicos constantes para sostener sus operaciones frente a la saturación no resuelta del sistema aeroportuario de la capital.
Una lista de los políticos sin visa de EUA
Por otro lado, la dimensión diplomática y la integridad política de los cuadros del movimiento oficialista han enfrentado momentos de escrutinio internacional. Diversos personajes ligados al proyecto de gobierno han sido objeto de restricciones de visado o sanciones por parte de autoridades extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, marcando un precedente crítico en la imagen institucional.
Un caso emblemático fue el de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa cuya detención y posterior retiro de cargos en territorio estadounidense evidenció las delicadas tensiones en materia de inteligencia y seguridad.
Asimismo, figuras parlamentarias y líderes del partido en el poder han visto revocadas o denegadas sus visas de entrada a territorio norteamericano tras ser vinculadas a investigaciones sobre lavado de dinero, operaciones financieras sospechosas o nexos indirectos con grupos de la delincuencia organizada.
En primer lugar destaca Andrés Manuel López Beltrán, exdirigente de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya cancelación de visado se convirtió en el caso político más sonado al desatar reacciones de la cúpula gubernamental que calificó la medida como un acto de carácter propagandístico e injerencia extranjera.
Asimismo, figura Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, quien confirmó la revocación de su documento migratorio por parte del gobierno estadounidense, una medida que en su momento también alcanzó a su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeñaba como coordinador de proyectos estratégicos en la administración estatal.
Dentro de los ejecutivos estatales, los reportes y confirmaciones públicas también han apuntado a gobernadores de filiación oficialista como Alfonso Durazo, mandatario de Sonora, cuya situación migratoria ha sido objeto de seguimiento en medio de la estrategia de seguridad y control fronterizo impulsada desde Washington.
En el ámbito de la administración pública federal y mandos operativos, resalta el caso de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien fungía como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México y se convirtió en el primer funcionario del gabinete de la administración de Claudia Sheinbaum en perder su visa tras ser señalado en indagatorias relacionadas con el contrabando de combustibles.
A nivel municipal y local, la lista incluye a diversos alcaldes y funcionarios regionales del movimiento oficialista, como José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe en Baja California; Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco en Sonora; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales; y Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, cuyo esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, también funcionario público estatal, resultó afectado por la medida.
De igual manera, estructuras partidistas locales han registrado casos similares, como el de Brighite Granados de la Rosa, dirigente estatal de Morena en Chihuahua, quien confirmó la anulación de su permiso de entrada a territorio estadounidense bajo argumentos administrativos.
Este bloque de funcionarios y operadores políticos forma parte de un universo más amplio de decenas de actores gubernamentales cuyas restricciones de viaje han evidenciado el uso de las facultades consulares norteamericanas como un mecanismo de presión e inspección hacia la clase política mexicana.
Una lista de las promesas no cumplidas de la 4T
El análisis de cualquier gestión gubernamental debe contrastar de manera estricta los compromisos de campaña con las métricas finales de resultados. En materia de seguridad pública, la promesa de reducir drásticamente los índices de homicidios dolosos y pacificar al país contrasta con registros históricos de violencia en diversas entidades.
En el ámbito económico, la meta de alcanzar un crecimiento anual del cuatro por ciento del producto interno bruto quedó desfasada frente al estancamiento y las cifras reales de la economía nacional.
Respecto al sistema de salud, el compromiso de ofrecer una atención médica pública equiparable a los estándares de las naciones nórdicas sigue siendo una asignatura pendiente marcada por el desabasto de insumos y el deterioro de la infraestructura.
En el combate a la corrupción, la promesa de erradicar el nepotismo y las asignaciones directas en las compras gubernamentales ha sido cuestionada por la persistencia de adjudicaciones sin licitación en obras prioritarias.
Por último, en materia ambiental, la meta de acelerar la transición energética hacia fuentes limpias fue relegada por una política energética centrada en el rescate y prioridad de los combustibles fósiles a través de las empresas productivas del Estado.
Un periodismo libre y profesional no busca posicionarse como enemigo de un régimen, sino actuar como un espejo frente al poder público. El valor de la libertad de expresión radica en sostener el debate de ideas con datos verificables, auditando las políticas públicas sin sesgos ni componendas.
Es mediante la transparencia, el rigor informativo y el examen constante de las decisiones gubernamentales como se fortalece el tejido democrático y se garantiza el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera plural.
