Por. J. Jesús Lemus
El fenómeno de la desaparición en México ha dejado de ser una tragedia colateral de la violencia para consolidarse como una herramienta estructural de control social, territorial y operativo de los cárteles de las drogas.
Más allá de los discursos oficiales y de las cifras que superan las 100 mil personas sin localizar, las evidencias sobre el terreno y las investigaciones independientes muestran una mutación profunda en las dinámicas del crimen organizado: la desaparición forzada como la puerta de entrada a un sistema masivo e industrializado de reclutamiento forzado, donde la mano de obra humana es tratada como un insumo prescindible para la maquinaria de la guerra.
Este engranaje operante no funciona en el vacío. Las falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales y plataformas digitales se han convertido en el método preferido de captura.
Anuncios que prometen empleo como guardias de seguridad privada, choferes de transporte de carga, encuestadores o trabajadores de la construcción atraen a jóvenes desempleados o en situación de precarización económica hacia citas en terminales de autobuses o plazas comerciales.
Una vez en el punto de encuentro, el engaño se transforma inmediatamente en privación ilegal de la libertad. Las víctimas son trasladas a campamentos clandestinos en zonas rurales o serranas, aisladas por completo de sus familias y sometidas a un régimen de adiestramiento paramilitar bajo amenaza de muerte violenta para ellos y sus allegados.
Carne de cañón para el narco
Dentro de esta lógica empresarial del delito, las organizaciones del narcotráfico reclutan por la fuerza a diversos perfiles según sus necesidades tácticas. Los jóvenes sin experiencia son adiestrados brutalmente para servir como tropas de choque, halcones o sicarios en las primeras líneas de combate contra grupos rivales o autoridades.
Por otro lado, profesionales capacitados como ingenieros en sistemas, técnicos en telecomunicaciones, mecánicos, médicos, enfermeros y operadores de maquinaria pesada son capturados para sostener la infraestructura oculta de los carteles, construyendo narcoestrellas de comunicación, diseñando túneles, reparando vehículos blindados de fabricación artesanal o curando a los combatientes heridos en sitios de cautiverio.
El mapa de los grupos criminales señalados por estas prácticas abarca a las principales corporaciones delictivas del país. El Cartel Jalisco Nueva Generación se ubica en el centro de esta problemática, habiendo perfeccionado la red de campos de adiestramiento forzado e intercepción de jóvenes en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, donde los hallazgos de ranchos utilizados como centros de adiestramiento y exterminio exponen la escala del cautiverio.
El Cartel de Sinaloa, particularmente en sus facciones en pugna, recurre de manera recurrente al reclutamiento coaccionado para engrosar las filas de sus brazos armados en el noroeste de México.
Grupos de origen paramilitar como Los Zetas sentaron los antecedentes de este esquema en el noreste del país, una práctica que sus facciones sucesoras, entre ellas el Cartel del Noreste, continúan aplicando en Tamaulipas y Nuevo León.
A esta lista se suman organizaciones regionales con fuerte control territorial como el Cartel del Golfo, La Familia Michoacana y el Cartel de Santa Rosa de Lima.
Resulta imposible comprender la dimensión de esta crisis humanitaria sin señalar la responsabilidad directa e indirecta del Estado mexicano. Legal e históricamente, la desaparición forzada se define por la participación, aquiescencia o connivencia de servidores públicos.
El Estado mexicano, también es responsable
En México, la frontera entre las instituciones encubiertas del orden y la delincuencia organizada ha sido borrosa durante décadas. Las fuerzas policíacas municipales y estatales han actuado repetidamente como la primera línea de captura para el crimen organizado, deteniendo a personas bajo pretextos administrativos para posteriormente entregarlas a los grupos delictivos a cambio de sobornos o por subordinación jerárquica.
A nivel federal, efectivos del Ejército, la Marina y corporaciones policiales han sido señalados en múltiples recomendaciones de derechos humanos y procesos judiciales por ejecutar desapariciones forzadas en el marco de operativos de seguridad pública, detenciones arbitrarias y tareas de erradicación del narcotráfico.
A la participación activa de elementos corruptos o represores se suma la responsabilidad estatal por omisión deliberada: la impunidad casi absoluta que supera el noventa y nueve por ciento de los casos, la falta de investigación diligente por parte de las fiscalías, la colusión institucional que frena la búsqueda inmediata y la omisión sistemática para desmantelar las redes de trata y trabajo forzado que operan a la vista de todos.
La crisis de las personas desaparecidas en México expone un engranaje devastador. Por un lado, carteles de la droga que devoran la vida y el futuro de miles de personas mediante la privación de la libertad y el trabajo servil; por el otro, un aparato estatal que ha oscilado entre la complicidad directa de sus agentes y una incapacidad institucional que perpetúa la impunidad.
En medio de este fuego cruzado permanecen las familias y colectivos de búsqueda, quienes sin recursos y bajo constantes amenazas de muerte ejercen las labores de rastreo e investigación que las autoridades han omitido realizar.
