Por. J. Jesús Lemus
La entidad más pequeña del país atraviesa uno de sus momentos políticos y de seguridad más críticos en la historia reciente. Tlaxcala, históricamente considerada un territorio tranquilo o de bajo impacto dentro del mapa de la violencia nacional, se ha convertido en el centro de atención de las agencias de inteligencia y de las autoridades de procuración de justicia del fuero federal.
El trasfondo radica en la inminente puesta en marcha de un operativo de gran escala, denominado internamente Operación Enjambre, una estrategia coordinada desde el centro del país que busca desmantelar las redes de complicidad que han permitido el asentamiento y expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación en la región.
Esta intervención federal no surge de forma espontánea, sino como respuesta a un acumulado de investigaciones y labores de inteligencia que señalan directamente a por lo menos cinco presidentes municipales en funciones y a un grupo de altos mandos y efectivos de la policía estatal.
Las pesquisas indican que desde la estructura del poder local se habrían brindado facilidades operativas, protección institucional e información clave para que los grupos delictivos -como el CJNG- consolidaran actividades como el cobro de piso, la extorsión, el narcomenudeo y el robo al transporte de carga, un delito grave recurrente debido a las importantes vías carreteras que cruzan por el estado.
Lorena Cuéllar les abrió las puertas de Tlaxcala
El panorama se torna aún más complejo al analizar el momento político en que esta situación alcanza su punto de ebullición. La llegada de Lorena Cuéllar Cisneros a la gubernatura marcó un punto de inflexión en la dinámica de seguridad local.
A la par del cambio de administración estatal, informes de diversas áreas de inteligencia detectaron un incremento gradual en la presencia del crimen organizado, registrándose una penetración cada vez más marcada de células vinculadas al narco en áreas estratégicas del territorio tlaxcalteca.
La gestión de Cuéllar Cisneros se encuentra seriamente cuestionada no solo por los magros resultados en materia de contención delictiva, sino también por los señalamientos de carácter internacional que señalan un distanciamiento de las buenas prácticas de gobernabilidad y transparencia.
Fuentes de inteligencia en Estados Unidos han comenzado a mencionar a la mandataria dentro de las listas de actores políticos mexicanos sobre los cuales pesan serias dudas en torno a su complacencia, omisión o colusión con las estructuras del crimen organizado.
Estas observaciones internacionales subrayan cómo la falta de controles efectivos en el gobierno estatal habría actuado como un facilitador para que los carteles operen sin contratiempos significativos.
Operación enjambre, la contención del mal
El desarrollo de la Operación Enjambre representa un manotazo en la mesa por parte de la federación para frenar la descomposición de los cuerpos de seguridad municipal y estatal en Tlaxcala.
El despliegue contemplado contempla el aseguramiento de mandos policiacos que habrían actuado como enlaces con las organizaciones delictivas, así como la revisión minuciosa de las corporaciones locales para identificar redes de corrupción enquistadas en las corporaciones de policía.
Las investigaciones sugieren que algunos ediles habrían puesto los recursos financieros y materiales de sus demarcaciones al servicio de las células criminales a cambio de financiamiento y protección política.
La ciudadanía tlaxcalteca se enfrenta hoy a una paradoja alarmante: mientras el discurso oficial ha intentado sostener la narrativa de un estado seguro y en paz, las acciones del gobierno federal y las investigaciones internacionales revelan una realidad distinta, donde el tejido institucional muestra fisuras profundas.
Las próximas semanas serán determinantes para medir el alcance real de la Operación Enjambre, la cual podría derivar no solo en la detención de funcionarios municipales y elementos policiales, sino también en un costo político de grandes proporciones para la administración de Lorena Cuéllar Cisneros y el futuro de la entidad.
Los cinco municipios tlaxcaltecas coptados por el CJNG
De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios que concentran la mayor incidencia delictiva general y el número de homicidios en Tlaxcala son los siguientes:
Tlaxcala de Xicohténcatl
La capital del estado encabeza la cifra general de carpetas de investigación abriéndose paso en delitos de alto impacto, robo de vehículos y extorsión, además de registrar incidencias constantes de violencia violenta.
Apizaco
Considerado uno de los centros económicos y ferroviarios más importantes de la entidad, se ubica como una de las demarcaciones con mayor índice delictivo y tasa de homicidios dolosos, empujado por disputas territoriales y robo a transporte.
Huamantla
Este municipio destaca entre los que acumulan mayor número de homicidios y violencia generada por bandas locales e incursiones de grupos delictivos externos, beneficiados por su ubicación geográfica en los límites del estado.
Calpulalpan
Por su colindancia directa con el Estado de México y Puebla, Calpulalpan presenta una de las tasas más elevadas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, sumado a delitos como el robo de carga y el trasiego de hidrocarburos.
San Pablo del Monte
Ubicado en la franja fronteriza con el estado de Puebla, este municipio concentra significativos niveles de criminalidad e incidentes violentos vinculados al crimen organizado y narcomenudeo debido a la continuidad urbana con la zona metropolitana de Puebla.
