Por. J. Jesús Lemus
El pacto del silencio en la Fiscalía General de la República ha quedado consumado. En lo que representa el hito de impunidad más escandaloso en el arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, presentó una versión pública del caso de contrabando de combustible más devastador de la historia reciente de México que delimita minuciosamente las responsabilidades para evitar que el escándalo escale hacia la cúpula del poder político.
De acuerdo con el posicionamiento oficial de la fiscalía, toda la arquitectura criminal del llamado huachicol fiscal descansa sobre los hombros de dos mandos militares retirados: los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Al bautizarlos mediáticamente como los operadores centrales y limitar las órdenes de aprehensión y los cateos a este nivel, la fiscalía erige un cortafuegos institucional diseñado para proteger a figuras de alto calado: el ex coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández; el ex secretario de Organización del partido e hijo del expresidente AMLO, Andrés Manuel López Beltrán; y el exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.
La narrativa oficial pretende aislar un cáncer sistémico y venderlo como un caso de corruptelas individuales perpetradas por dos mandos navales. Sin embargo, la reconstrucción periodística del expediente demuestra que la red del huachicol fiscal no fue un hecho aislado ni una ocurrencia de un par de oficiales, sino un sistema integrado de financiamiento político, control aduanal y complicidad delictiva que entrelaza al crimen organizado con las más altas esferas gubernamentales.
El esquema operativo del huachicol fiscal
El mecanismo de fraude no consistía en el robo tradicional de ductos mediante tomas clandestinas en el campo mexicano, sino en la falsificación técnica a gran escala en los puntos de entrada del país. La red importaba millones de barriles de diésel y gasolina desde refinadoras en Texas a través de buques tanque que atracaban en puertos estratégicos como Altamira, Tampico, Veracruz y Coatzacoalcos.
Para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto al Valor Agregado, el combustible era declarado bajo fracciones arancelarias falsas, presentándolo formalmente ante las autoridades aduanales como aditivos, aceites minerales, lubricantes o mezclas químicas no gravadas. Esta maniobra técnica permitía el ingreso del producto pagando una fracción mínima del costo fiscal real.
Una vez librada la aduana gracias a la falsificación documental, el combustible era transportado en pipas y carrotanques para ser comercializado a precio de mercado en gasolineras convencionales y distribuidoras privadas a lo largo del país. El margen de beneficio era descomunal: las ganancias netas de esta evasión multimillonaria se repartían entre empresarios intermediarios, mandos aduanales, grupos del crimen organizado y operadores encargados de movilizar los recursos hacia campañas electorales y estructuras de partido.
La estructura de la red: de los Farías Laguna a la cúpula militar
El relato presentado por Ernestina Godoy sitúa a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como los cerebros de la operación. Al interior de la marina, los exmandos aprovecharon su jerarquía para operar como los gerentes aduanales de la red. De acuerdo con las indagatorias, Roberto Farías se encargaba de gestionar nombramientos, ascensos y adscripciones clave de personal naval en las aduanas marítimas más codiciadas de México.
A través de esta red de personal alineado, la organización controlaba las listas de supervisión, los turnos de inspección y los protocolos de verificación. Cuando los buques cargados de diésel no declarado llegaban a los muelles, los inspectores coludidos simulaban muestreos superficiales, validaban hojas de embarque adulteradas o desactivaban los sistemas de videovigilancia durante los horarios de descarga nocturna.
El hallazgo de carpetas confidenciales de la Secretaría de Marina, listas de personal aduanal y armamento no registrado en un inmueble vinculado a los hermanos Farías Laguna confirmó el grado de penetración institucional que alcanzaron. No obstante, pretender que este despliegue de poder se mantuvo oculto para el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán —tío político de los hermanos Farías Laguna— colisiona con cualquier lógica de control militar e inteligencia de la propia dependencia. La Fiscalía ha decidido asumir la tesis de que el almirante desconoció en todo momento las maniobras de sus sobrinos, excluyéndolo de toda responsabilidad penal o administrativa.
El hilo conductor: Sergio Carmona y los pactos regionales
El modelo de financiamiento ligado al contrabando de combustible en la frontera norte tiene su origen organizativo en la figura de Sergio Carmona Angulo, conocido en el ámbito político y empresarial como El Rey del Huachicol. A través de sus empresas de logística, transporte y comercialización, Carmona tejió un imperio financiero sustentado en el paso impune de pipas por las aduanas de Tamaulipas, particularmente Reynosa y Nuevo Laredo.
Carmona consolidó un entramado de complicidades donde convergían la delincuencia organizada y la política territorial. En el plano operativo y territorial de Tamaulipas y Guanajuato, la logística del contrabando coexistió y negoció con estructuras delictivas de alto impacto, entre las que destacó el Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado en su momento por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, especializado en la redistribución y cobro de piso a distribuidores locales de hidrocarburo ilegal.
Para blindar sus operaciones en el noreste del país, Carmona financió de manera sistemática campañas políticas de candidatos a alcaldías, diputaciones y senadurías en los procesos electorales de 2021 y 2022. Registros de mensajería, bitácoras de vuelo en aeronaves privadas y testimonios integrados en investigaciones periodísticas revelan que la relación entre el empresario y la clase política de Tamaulipas no era marginal.
Entre los interlocutores frecuentes de Sergio Carmona figuraban actores de primera línea dentro de Morena en la entidad, como el actual senador José Ramón Gómez Leal y la senadora Olga Sosa. Gómez Leal, con trayectoria previa en la administración de programas sociales federales en la entidad y cuya familia mantiene empresas de transporte de carga desde hace décadas, funcionó como un enlace estratégico entre el círculo empresarial de Carmona y la estructura del partido. Por su parte, Olga Sosa mantuvo una cercanía documentada con el empresario durante sus aspiraciones políticas en el sur de Tamaulipas.
Tras el asesinato de Sergio Carmona en San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2021, la red no se disolvió. Las rutas del combustible, los contactos aduanales y el flujo financiero simplemente sufrieron una reestructuración operativa. La administración del negocio pasó del control de un intermediario empresarial a una operación directa bajo el amparo de altos mandos aduanales e institucionales.
El cerco de la impunidad y la omisión deliberada
Es en esta segunda fase del esquema donde convergen las señales hacia la cúpula partidista y de gobierno. Fuentes del sector energético y registros de seguimiento aduanal señalan que las operaciones de la red continuaron expandiéndose gracias a la protección otorgada desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, periodo en el que se consolidaron mandos de confianza en puertos y aduanas fronterizas.
Paralelamente, diversos señalamientos sobre el manejo de las aduanas marítimas y fronterizas han apuntado a la influencia de Andrés Manuel López Beltrán, a quien investigaciones de prensa y testimonios de la propia red ubican como una figura con capacidad directiva sobre los nombramientos en áreas clave de la administración pública y la logística aduanal.
La resolución presentada por la fiscal Ernestina Godoy evade por completo estos vínculos. La decisión de centrar el expediente únicamente en los hermanos Farías Laguna responde a una estrategia de contención política: judicializar a los operadores intermedios para dar por cerrado el expediente ante la opinión pública y cerrar el paso a cualquier indagatoria que involucre a los coordinadores parlamentarios, a la directiva del partido oficialista o a los exintegrantes del gabinete saliente.
Al exonerar de facto a la cúpula política y militar, la Fiscalía General de la República no solo deja impune el desfalco fiscal más grande cometido contra el erario mexicano en la era reciente, sino que convalida un precedente peligroso para el sexenio en curso: la justicia federal funciona como un filtro selectivo que castiga a los mandos ejecutores mientras otorga inmunidad absoluta a las élites del poder.
