Por. J. Jesús Lemus
La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico de redefinición estructural. En el marco de las conmemoraciones patrias y los balances gubernamentales, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha trazado una línea divisoria inequívoca frente a las constantes presiones, señalamientos y solicitudes provenientes del gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y seguridad.
La postura del Estado mexicano se fundamenta en un principio irrenunciable: la soberanía nacional no es objeto de negociación ni puede subordinarse a agendas políticas electorales ni a presiones de carácter extraterritorial.
Las recientes declaraciones emitidas desde Washington, que incluyen exigencias de juzgar a funcionarios públicos, amagos de clasificar a las organizaciones criminales transnacionales bajo categorías que permitirían intervenciones unilaterales, así como los reclamos en materia de tráfico de fentanilo, han encontrado un muro de contención en el Ejecutivo federal mexicano.
La respuesta institucional ha sido firme al recordar que la crisis global de las drogas es una problemática de responsabilidad compartida. México ha insistido en que mientras no se detenga el flujo ilícito de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia suelo nacional, y mientras las autoridades estadounidenses no combatan de manera decidida la red de distribución interna, el lavado de dinero y la demanda desmedida de estupefacientes en su propio territorio, cualquier intento de señalar unilateralmente a las instituciones mexicanas carecerá de validez moral y legal.
Frente a intentos de injerencia en asuntos de seguridad interna e investigaciones de carácter penal, la administración federal ha dejado en claro que el Estado mexicano cuenta con la capacidad, la autonomía y la legitimidad necesarias para procurar justicia y depurar sus propias estructuras de gobierno sin la tutoría de potencias extranjeras.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO DE LA NARCOPOLÍTICA
El termino narcopolítica designa la simbiosis estructural entre organizaciones dedicadas al crimen organizado y actores en el ejercicio del poder público. Dicha relación no es un fenómeno reciente ni una anomalía coyuntural, sino el resultado de un largo proceso de transformación de las estructuras al margen del Estado y del crecimiento exponencial del mercado global de sustancias ilícitas.
Durante la segunda mitad del siglo XX, las redes del narcotráfico operaban bajo un esquema de subordinación hacia las autoridades locales y federales. En aquel modelo, los grupos delictivos pagaban peajes o acuerdos informales a fin de obtener protección para el tránsito de mercancías.
Sin embargo, a medida que el volumen económico de las drogas se incrementó drásticamente entre las décadas de 1980 y 1990, el equilibrio de poder sufrió una alteración irreversible. Las organizaciones criminales pasaron de ser clientes protegidos a financiadores activos de campañas políticas, comprando voluntades en municipios clave, corporaciones policiales y esferas judiciales.
El quiebre del sistema político tradicional y la transición democrática a nivel municipal y estatal a finales de los años noventa provocaron una fragmentación del control centralizado de la seguridad. Este vacío de autoridad fue aprovechado por los carteles para cooptar ayuntamientos, direcciones de seguridad pública y juzgados.
La cooptación no se limitó al soborno monetario, sino que incorporó la intimidación directa bajo la fórmula de aceptar recursos delictivos o sufrir violencia sistemática. De esta manera, en diversas regiones del país, la frontera entre la autoridad legal y la estructura delictiva se volvió sumamente difusa, consolidando zonas donde el crimen organizado ejercía funciones de gobierno de facto, desde el cobro de impuestos informales hasta la designación de candidaturas electorales.
LAS REPERCUSIONES INSTITUCIONALES Y EL DESAFÍO A LA SOBERANÍA
El afianzamiento de redes de complicidad entre autoridades y grupos delictivos ha generado graves repercusiones en la arquitectura institucional de México. La infiltración del crimen en el ámbito gubernamental erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, destruye el tejido social y debilita el estado de derecho. Cuando las estructuras de seguridad o de justicia se ven comprometidas, el Estado pierde el monopolio legítimo de la fuerza y la capacidad de garantizar el bienestar de la población.
Es precisamente este escenario de vulnerabilidad el que ha sido utilizado por sectores políticos y de inteligencia de Estados Unidos para justificar posturas intervencionistas. Argumentando que la corrupción vinculada al crimen organizado representa una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, diversos actores de Washington han promovido iniciativas para extender la jurisdicción de sus tribunales y agencias sobre funcionarios y ciudadanos mexicanos.
Estos intentos de extradición expeditiva, la recopilación unilateral de inteligencia en territorio nacional y los señalamientos mediáticos sin debido proceso violentan flagrantemente la legislación internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
El Gobierno de México ha enfatizado que la lucha contra la impunidad y la corrupción debe darse estrictamente dentro de los canales constitucionales y los mecanismos institucionales del país. La postura oficial ratifica que la entrega de información y la colaboración en materia de seguridad transfronteriza deben realizarse mediante la cooperación internacional entre iguales, fundada en el respeto mutuo, el intercambio equitativo de información estratégica y la reciprocidad en las investigaciones. La soberanía no implica impunidad ni aislamiento, sino el ejercicio pleno de la autodeterminación para juzgar y sancionar los delitos cometidos en territorio propio conforme a las leyes nacionales.
LA RESTRICCIÓN DE LA COOPERACIÓN BILATERAL
De cara al futuro inmediato de la relación bilateral, la diplomacia mexicana enfrenta el reto de equilibrar una profunda integración económica e histórica con la exigencia inquebrantable de respeto a la dignidad y autonomía nacional. La agenda de seguridad entre México y Estados Unidos requiere una reestructuración de fondo que deje de lado la estigmatización unilateral y se enfoque en atender las causas estructurales del problema en ambos lados de la frontera.
El combate efectivo a las estructuras financieras de la delincuencia organizada y a las redes de infiltración política exige un fortalecimiento de las capacidades internas de inteligencia financiera, la consolidación de ministerios públicos autónomos y profesionales, y una fiscalización rigurosa de los recursos utilizados en los procesos electorales.
Asimismo, México mantendrá la exigencia formal hacia Washington para que detenga la venta indiscriminada de armamento de uso exclusivo militar, el cual termina en manos de los grupos delictivos y alimenta la capacidad operativa de los mismos.
La defensa de la soberanía promovida por el Ejecutivo federal mexicano ante las presiones internacionales constituye un precedente fundamental en las relaciones interamericanas. México ha reafirmado que la construcción de la paz, la depuración institucional y la salvaguarda de sus procesos democráticos son responsabilidades exclusivas del pueblo mexicano y de sus autoridades electas.
La cooperación transfronteriza seguirá siendo una herramienta estratégica valiosa, pero estará supeditada en todo momento al apego irrestricto al marco constitucional y al reconocimiento absoluto de que la soberanía nacional de México no se somete a dictámenes ni tutelajes externos.
