Por. J. Jesús Lemus
El 23 de septiembre de 2026 se registró un acontecimiento clave en las acciones contra la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales en México. Elementos de las fuerzas federales ejecutaron una orden de aprehensión contra Miguel Sánchez Altamirano, conocido en la región del Istmo de Tehuantepec como Miguel Quetu, quien se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
El operativo fue confirmado formalmente por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el edil es investigado por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La intervención no fue una acción aislada de las autoridades locales. El despliegue de captura requirió la articulación directa de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinadas con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Durante estas acciones también fue arrestado Carlos Alberto N, alias La Parca, identificado por las autoridades de inteligencia militar y civil como un operador central dentro de la misma estructura delictiva. Tras su aprehensión, Sánchez Altamirano fue puesto bajo un estricto resguardo militar para ser trasladado inicialmente a la base aérea militar de Ciudad Ixtepec y posteriormente a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de los jueces federales para el inicio de su proceso judicial.
De acuerdo con las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, a Sánchez Altamirano se le vincula operacionalmente con esquemas de protección y facilitación para organizaciones dedicadas a la extorsión de empresarios locales, el cobro de piso a comerciantes, el narcomenudeo, el tráfico de personas en la ruta migratoria del sur del país y la ejecución de homicidios selectivos en la zona del Istmo de Tehuantepec.
Como parte de las diligencias para desmantelar la capacidad financiera de la red que encabezaba, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento precautorio de diversas cuentas bancarias vinculadas al alcalde y a sus prestanombres.
El impacto de la detención generó reacciones inmediatas en el municipio, donde elementos de la policía municipal e individuos afines al edil intentaron realizar bloqueos en las entradas y salidas de Juchitán para impedir el traslado del funcionario, lo que obligó al despliegue masivo de corporaciones federales para contener la situación y mantener el orden público.
Los municipios, topados por el crimen organizado
La caída del alcalde de Juchitán se suma a un fenómeno que ha marcado la agenda de seguridad durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum: la captura sistemática de gobernantes locales que operaban como brazos ejecutores o protectores de la delincuencia organizada.
Las investigaciones desarrolladas por el gabinete de seguridad nacional exponen una constante estructural en la que grupos de la delincuencia organizada no solo presionan externamente a las municipalidades, sino que logran incrustar a sus operadores en los cargos de elección popular para controlar el uso de la fuerza pública municipal, las áreas de obras públicas, el catastro y la recolección de rentas ilegales a través de la extorsión sistemática a la población.
En el centro de esta estrategia federal se encuentra la denominada Operación Enjambre, un mecanismo de inteligencia coordinado por Omar García Harfuch en conjunto con las fuerzas armadas y las fiscalías locales. Este esquema se diseñó específicamente para realizar investigaciones transversales que identifiquen la red de complicidades entre autoridades civiles y cárteles de la droga, derivando en intervenciones simultáneas que abarcan desde presidentes municipales hasta sus cuerpos policiales completos.
Mediante la Operación Enjambre y las acciones paralelas del gabinete de seguridad, las autoridades federales han logrado procesar a más de una docena de alcaldes en distintas entidades federativas, dejando en evidencia la profundidad de la cooptación institucional a nivel local.
Uno de los golpes más representativos de esta estrategia ocurrió en el estado de Puebla, donde la Operación Enjambre derivó en la aprehensión simultánea de dos alcaldes en funciones. Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, fue detenido e imputado por su participación en delitos de secuestro exprés, robo de vehículo con violencia y facilitación de operaciones para grupos delictivos de la región.
De manera paralela, en el municipio de Esperanza, fue capturado el alcalde Isaac Rodríguez Ochoa junto con su hermano Manuel N y la exdirectora de Seguridad Pública de la localidad, acusados de brindar protección operativa a células dedicadas al robo de transporte de carga y la extorsión.
Durante los cateos realizados en el marco de esas detenciones en territorio poblano, el gabinete de seguridad aseguró un arsenal compuesto por decenas de armas de fuego de alto poder —incluyendo fusiles Barrett de calibre especializado—, vehículos con blindaje artesanal, dispositivos de inhibición de señal comunicacional, drones de vigilancia y equipo táctico.
En el estado de Jalisco, la intervención del gabinete de seguridad federal condujo a la detención de Diego N, presidente municipal de Tequila, en un operativo en el que también fueron arrestados de manera simultánea el director de Seguridad Pública municipal, Juan Manuel N; el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel N; y el director de Obras Públicas, Isaac N.
De acuerdo con las indagatorias federales, la estructura del ayuntamiento operaba como una extensión funcional para un grupo con presencia nacional, utilizando las dependencias de recaudación y seguridad para extorsionar a comerciantes y garantizar el paso de cargamentos ilícitos. La vinculación de autoridades jaliscienses alcanzó también a otros ediles de la región Valles, confirmando el uso de la infraestructura administrativa local al servicio de los cárteles.
La cuenca del Estado de México ha sido otra de las regiones prioritarias en las ejecuciones de la Operación Enjambre. Entre los casos documentados destaca la detención de Pedro Luis N, alias El Wicho, quien se desempeñaba como presidente municipal de Santo Tomás.
Tras permanecer prófugo de la justicia, fue ubicado y capturado en Valle de Bravo en un despliegue coordinado. Las investigaciones lo vinculan directamente con el grupo delictivo La Familia Michoacana, con el cual coordinaba cobros de piso y extorsiones en el sur del estado. En ese mismo expediente fue aprehendida en Metepec su esposa, María del Rosario N, quien había fungido como alcaldesa de la misma demarcación en el periodo anterior, lo que evidenció el control de la estructura municipal por parte del crimen organizado.
El mapa de intervenciones judiciales abarca asimismo a municipios de la zona occidente del país. En el estado de Michoacán, las autoridades federales procedieron legalmente e iniciaron investigaciones contra Anabel Ávila Castrejón, presidenta municipal de Coalcomán, luego de que se establecieran vínculos directos entre su administración y la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los informes del área de inteligencia señalaron la complacencia y cooperación de la administración local para el asentamiento de bases operativas de este grupo armado en la sierra moscada.
A través de la Operación Enjambre, las autoridades han logrado la vinculación a proceso o encarcelamiento de catorce presidentes y expresidentes municipales provenientes de diversas fuerzas políticas. El desglose judicial confirma la aprehensión de seis alcaldes postulados por la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática; cuatro pertenecientes al bloque oficialista integrado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México; tres representantes de Movimiento Ciudadano y un edil emanado de una formación política local.
Las cifras oficiales del operativo reflejan además que el noventa y dos por ciento de los detenidos en estas intervenciones corresponde a mandos operativos municipales, directores de seguridad pública, mandos policiales y funcionarios de áreas técnicas como obras públicas o catastro, quienes no contaban con afiliación partidista activa, pero operaban como infiltrados directos de las organizaciones criminales dentro de la administración pública.
Las acciones de la Operación Enjambre se han concentrado en dos rutas territoriales prioritarias identificadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La primera corresponde al corredor del Pacífico y Centro, que abarca los estados de Oaxaca, Jalisco, Morelos y Chiapas, donde los procesamientos de funcionarios locales están vinculados a redes de extorsión comercial, desvío de recursos públicos y delincuencia organizada en colusión con facciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La segunda ruta comprende las entidades del centro y oriente del país, enfocada en neutralizar la complicidad municipal en el robo de combustible, el asalto al transporte de carga y el secuestro.
La detención de Miguel Sánchez Altamirano en Juchitán confirma la vigencia de la política de seguridad instruida desde el Ejecutivo Federal, demostrando que las investigaciones por extorsión e infiltración delictiva continúan avanzando sobre las administraciones municipales sin importar la filiación política de los gobernantes.
Los expedientes integrados por la Fiscalía General de la República e impulsados a través del despliegue de la Operación Enjambre reafirman que la desarticulación de las bandas criminales requiere de forma indispensable la neutralización de las redes de protección institucional que operan desde el nivel más cercano a la ciudadanía: las presidencias municipales.
