Por. J. Jesús Lemus
El mapa geopolítico de Norteamérica atraviesa uno de sus momentos más tirantes en la historia reciente debido a la firme narrativa y la estrategia de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para la Casa Blanca, el territorio mexicano ha dejado de ser considerado un simple punto de tránsito o producción de narcóticos para convertirse en el epicentro global de la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, bajo la premisa de que extensas regiones de México se encuentran bajo el control de facto de organizaciones criminales.
Esta visión sobre la soberanía mexicana no es una ocurrencia coyuntural, sino el resultado de una postura que el mandatario norteamericano ha venido forjando desde hace años. Desde su primer mandato presidencial y durante su periodo fuera de la Casa Blanca, Trump sostuvo de forma recurrente que las estructuras criminales en México poseen una capacidad operativa y militar superior a la de muchos gobiernos subnacionales.
Durante su primera administración, el presidente estadounidense ya barajaba la posibilidad de catalogar a las mafias mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, argumentando que el Estado mexicano había perdido el control territorial y el monopolio de la fuerza en zonas fronterizas y productoras de droga.
Al asumir el poder para su segundo mandato presidencial, esta postura escaló de la retórica política a las órdenes ejecutivas definitivas. Desde los primeros días de su nueva administración, la Casa Blanca formalizó la doctrina del narcoterrorismo.
Bajo este enfoque jurídico y militar, el gobierno estadounidense sostiene que el tráfico masivo de fentanilo y metanfetaminas no representa únicamente un problema de salud pública o de crimen transnacional, sino una amenaza existencial a la seguridad nacional, equivalente a los ataques perpetrados por grupos terroristas internacionales.
Washington argumenta que los carteles recurren al uso deliberado del terrorismo, el sabotaje, la violencia indiscriminada y la cooptación de instituciones gubernamentales para dominar el territorio y garantizar el flujo de narcóticos hacia el norte.
Para respaldar la afirmación de que el país vecino se ha transformado en el núcleo central del crimen organizado, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han identificado y sancionado formalmente a diversas organizaciones que operan dentro de la geografía mexicana. Entre los grupos más destacados por las agencias de inteligencia norteamericanas figuran cinco estructuras criminales clave.
Cinco razones para considerar a México como Tierra de Cárteles
El Cártel de Sinaloa es catalogado por Washington como una de las organizaciones criminales más antiguas, complejas y con mayor proyección global. A pesar de los constantes fraccionamientos internos y las capturas de liderazgos históricos, el Departamento de Estado señala que este grupo mantiene el control de amplias franjas del Pacífico mexicano y la frontera noroeste.
Su capacidad para operar laboratorios clandestinos de fentanilo a escala industrial y su red transcontinental de distribución lo sitúan en la cúspide de las prioridades del gobierno estadounidense.
En segundo lugar, se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación, caracterizado por la administración de Trump como el grupo más violento, expansivo y militarmente agresivo. Su presencia abarca la mayoría de las entidades federativas mexicanas.
La agencia antidrogas estadounidense resalta la estructura paramilitar de este cartel, la cual incluye el uso de armamento pesado de grado militar, vehículos blindados de fabricación artesanal y la capacidad de desafiar abiertamente a las fuerzas armadas mexicanas.
El Cártel del Noreste, escisión directa de Los Zetas con sede principal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, representa para Washington el dominio absoluto del crimen sobre uno de los pasos comerciales más vitales del planeta. Estados Unidos sostiene que este grupo ejerce un control territorial violento sobre el flujo fronterizo, recurriendo a la extorsión sistemática, el secuestro de migrantes y los enfrentamientos armados directos.
Por su parte, el Cártel del Golfo, histórico actor criminal del noreste de México, es señalado por la Casa Blanca por su profunda penetración en la vida social y económica de la región limítrofe con Texas. Washington destaca que sus facciones no solo controlan las rutas del narcotráfico, sino que han diversificado sus operaciones hacia el tráfico masivo de personas y el control de aduanas informales.
Finalmente, La Nueva Familia Michoacana y sus alianzas regionales en el occidente del país son citadas por los informes de inteligencia norteamericanos como ejemplo del sometimiento de la economía local. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, esta organización no solo fabrica drogas sintéticas, sino que cobra cuotas de extorsión a sectores agrícolas enteros, sustituyendo al Estado en la fijación de precios y la resolución de conflictos comunitarios.
El Narcoterrorismo, el origen de la preocupación
El profundo malestar de Donald Trump y su gabinete de seguridad no solo se fundamenta en el volumen de drogas sintéticas introducidas a su país, sino en una serie de tácticas y actos catalogados formalmente como narcoterrorismo. Entre las acciones que han provocado mayor inquietud en la Casa Blanca destaca el empleo generalizado de drones equipados con cargas explosivas improvisadas para atacar a comunidades rivales, instalaciones policiales e infraestructura estratégica en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Para los analistas del Pentágono y del Departamento de Estado, el uso de explosivos aéreos representa una clara asimetría bélica de naturaleza terrorista.
Asimismo, la administración norteamericana sigue muy de cerca los atentados contra figuras de alto nivel de las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como los bloqueos carreteros coordinados mediante el incendio sistemático de vehículos y comercios, utilizados por los carteles para paralizar ciudades enteras como respuesta a operaciones gubernamentales.
El derribo o ataque a aeronaves oficiales y los narcobloqueos masivos son evaluados en Washington no como meros actos delictivos, sino como maniobras de intimidación masiva destinadas a infundir terror en la población civil y neutralizar la respuesta de las autoridades.
Esta caracterización del conflicto ha derivado en la designación de estas agrupaciones bajo la categoría de Organizaciones Terroristas Extranjeras, un instrumento legal que otorga al Ejecutivo estadounidense facultades extraordinarias para congelar activos financieros a nivel global, perseguir penalmente a cualquier entidad que brinde apoyo material y desplegar capacidades de inteligencia de mayor alcance.
La insistencia del presidente Donald Trump en definir a México como el epicentro del crimen organizado proyecta una constante presión diplomática y política sobre la relación bilateral. Para la Casa Blanca, la resolución de la crisis del fentanilo y la seguridad hemisférica pasa inevitablemente por el desmantelamiento total de las estructuras de poder que los carteles han consolidado en suelo mexicano.
Mientras tanto, la calificación de narcoterrorismo continúa marcando la agenda de seguridad de la región, transformando la cooperación antidrogas en un expediente prioritario de defensa e inteligencia nacional para los Estados Unidos.
