Por. J. Jesús Lemus
La reciente reunión bilateral celebrada en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo surcoreano Lee Jae-myung dejó una serie de acuerdos orientados al desarrollo tecnológico, la cooperación en inteligencia artificial y la facilitación del comercio.
Sin embargo, el anuncio particular de evaluar la instalación de un centro de promoción del K-Pop y la cultura surcoreana en territorio mexicano —como contraparte de un centro de difusión de la cultura mexicana en Seúl— resonó de manera compleja dentro de la opinión pública local.
Si bien la llamada “ola coreana” cuenta con millones de adeptos entre las juventudes de México, la coincidencia diplomática ha servido para confrontar las prioridades geopolíticas y culturales del Ejecutivo con las necesidades colectivas urgentes de la ciudadanía.
Al contrastar la proyección de espacios dedicados al entretenimiento asiático con las exigencias cotidianas de la sociedad, emergen con absoluta claridad diez demandas prioritarias que la población reclama al gobierno federal. Estas áreas requieren soluciones estructurales, presupuesto directo y la máxima capacidad institucional del Estado antes de priorizar la agenda de intercambio cultural de consumo masivo.
Diez demandas urgentes en México, antes que una casa del K-Pop
La primera y más apremiante de las exigencias es la pacificación y la contención de la violencia delictiva. A pesar de los constantes despliegues territoriales de la Guardia Nacional y las reconfiguraciones en la estrategia de seguridad pública, vastas regiones del país continúan bajo la presión del crimen organizado, los homicidios dolosos, las extorsiones a comercios y el control territorial por parte de facciones delictivas.
La ciudadanía exige de manera firme un viraje operativo que logre recuperar el espacio público, desarticular las redes financieras de la delincuencia y garantizar que transitar por calles y carreteras no constituya un riesgo permanente para la vida y el patrimonio de las familias.
En segundo lugar, se encuentra la crisis de personas desaparecidas y la atención forense en el país. Con un registro histórico que sobrepasa los cien mil expedientes de personas no localizadas, las familias mexicanas —articuladas en colectivos de búsqueda que realizan el trabajo que el Estado ha omitido— demandan recursos suficientes, personal capacitado y voluntad política para resolver la emergencia forense.
La creación de bases de datos genéticas unificadas, la identificación de miles de cuerpos almacenados en servicios periciales y la investigación seria de la delincuencia organizada vinculada a las desapariciones representan una prioridad moral ineludible que supera con frecuencia el alcance de los discursos oficiales.
La tercera gran prioridad social es la reconstrucción y el abastecimiento del sistema público de salud. El reclamo popular por una atención médica oportuna, digna y con abasto de medicamentos al cien por ciento en las unidades del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar sigue vigente en las distintas entidades de la República.
La población demanda de forma reiterada la consolidación de una infraestructura hospitalaria moderna, la contratación y pago justo de médicos especialistas, así como la erradicación del desabasto intermitente de insumos para tratamientos oncológicos, crónico-degenerativos y quirúrgicos de urgencia.
Como cuarta necesidad imperiosa, destaca la crisis del agua y la infraestructura hídrica nacional. El desabasto de agua potable en las principales zonas metropolitanas, aunado a la sequía prolongada y a la gestión ineficiente de las redes de distribución que pierden un porcentaje altísimo del flujo por fugas, mantiene en constante vulnerabilidad a millones de hogares.
Los ciudadanos exigen planes de inversión de gran escala para la reparación de la red hídrica, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, la regulación justa de las concesiones masivas para la industria y la garantía real del acceso al agua como un derecho humano.
El quinto eje de reclamo social abarca la reactivación económica, el combate a la inflación y el empleo formal. El costo de la canasta básica continúa presionando el gasto diario de las familias de menores ingresos, diluyendo el efecto real de las mejoras en el salario mínimo.
Ante este escenario, los sectores productivos y los trabajadores demandan una política económica focalizada en la generación de empleo formal de calidad, el fortalecimiento del poder adquisitivo frente a los precios de los alimentos, el incentivo a la pequeña y mediana empresa y la contención firme del incremento en la gasolina y los servicios básicos.
En sexto lugar, la infraestructura y el transporte público seguro representan un foco de tensión permanente. En las ciudades y zonas conurbadas, el transporte masivo padece de rezagos estructurales, unidades obsoletas, falta de mantenimiento continuo y altos índices de asaltos que afectan principalmente a los sectores trabajadores.
La población exige proyectos integrales de transporte sustentable, el mantenimiento preventivo y de fondo de sistemas masivos como el Metro, y la modernización de carreteras federales donde la falta de mantenimiento vial multiplica la incidencia de accidentes fatales y retrasos en la cadena logística.
La séptima demanda gira en torno al fortalecimiento de la educación pública de excelencia. Tras las alteraciones profundas provocadas por la pandemia y las constantes modificaciones en los planes de estudio, la comunidad escolar reclama la modernización de los espacios educativos, muchos de los cuales carecen de servicios elementales como agua corriente o conectividad a internet.
Asimismo, se exige una revisión profunda de los contenidos pedagógicos enfocada en el razonamiento matemático, la comprensión lectora y la capacitación técnica moderna, garantizando salarios y formación continua para el magisterio nacional en un entorno seguro dentro de los planteles.
El octavo reclamo ciudadano exige una lucha frontal contra la corrupción y la garantía de transparencia gubernamental. A pesar de los señalamientos de austeridad, la sociedad demanda la sanción efectiva y sin sesgos de los desvíos de recursos en dependencias públicas, así como la vigencia de mecanismos independientes que vigilen las contrataciones consolidadas del gobierno federal.
La exigencia ciudadana radica en asegurar que el erario se ejerza con pulcritud absoluta, erradicando el favoritismo en licitaciones directas y garantizando que el dinero público se destine a las necesidades sociales básicas sin desviaciones ni opacidad.
En el noveno peldaño, la crisis de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género se alzan con absoluta urgencia. México enfrenta una dolorosa realidad marcada por altas tasas de feminicidios, acoso, agresiones sexuales y brechas salariales sistemáticas.
Las colectivas y la ciudadanía en general exigen la consolidación de fiscalías especializadas con presupuesto para investigar adecuadamente los delitos de género, la ampliación de refugios para víctimas de violencia, la aplicación de medidas de protección efectivas y la implementación de políticas de cuidados que liberen la carga de trabajo no remunerado que recae de forma desproporcionada sobre las mujeres.
Finalmente, la décima necesidad de máxima prioridad corresponde al apoyo integral al campo y a la soberanía alimentaria. Las zonas rurales del país enfrentan un paulatino abandono debido a la falta de créditos accesibles, el encarecimiento de los fertilizantes, el impacto del cambio climático y el asedio directo del crimen organizado que cobra cuotas de extorsión a los productores agrícolas. Los agricultores y campesinos reclaman apoyos directos al cultivo, garantías para la comercialización justa de sus cosechas, seguridad en los trayectos de distribución y una estrategia integral que asegure que el campo mexicano sea productivo, rentable y sustentable a largo plazo.
