Por. J. Jesús Lemus
El conflicto intestino que se vive en el noroeste mexicano alcanzó una nueva vertiente de presión pública y desgaste institucional. La aparición de múltiples desplegados propagandísticos en puentes viales y accesos urbanos de Sinaloa atribuidos a la facción de Los Chapos expone -además del quiebre absoluto de los antiguos equilibrios entre las familias fundadoras del crimen organizado-acusaciones directas contra mandos del Ejército Mexicano y las fuerzas de seguridad pública local.
En un mensaje, confeccionado en mantas de gran formato e instalado durante las primeras horas de la mañana ayer, en municipios estratégicos como Mazatlán, Rosario, Concordia y Culiacán, el grupo de Los Chapos apela de manera directa a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La intención explícita de este recurso mediático es denunciar una presunta colusión sistemática entre efectivos de las Fuerzas Armadas y los mandos territoriales de Los Mayos, el grupo rival encabezado por Ismael Zambada Sicairos y familia de Ismael Zambada García.
En los fragmentos del texto expuesto públicamente se exponen señalamientos puntuales sobre la actuación de unidades castrenses y corporaciones policíacas, a favor de Los Mayos:
“Sra. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se le pide de la manera más atenta, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que preste atención a este mensaje“. Y se refiere a una relación de corrupción de elementos del Ejército Mexicano, quienes estarían dando apoyo a Los Mayos
“También les regresan el armamento y los vehículos que dejan tirados en los enfrentamientos y jamás hacen operativos a Los Cabrera y M.F., limpian el camino… SON TRAIDORES A LA PATRIA“.
“El pleito no es con el Gobierno”, reitera el comunicado expuesto en las narcomantas, como recordando la vieja alianza pactada, entre Los Chapos y algunos miembros del gobierno de la Cuarta Transformación.
Los desplegados nombran de forma explícita a oficiales de unidades de infantería, así como a mandos operativos de la Policía Estatal Preventiva —como la estructura conocida operacionalmente como “La Felina” dentro del Grupo de Operaciones Especiales (GOES)—, acusándolos de entregar inteligencia táctica, coordinar entregas de pertrechos, restituir parque vehicular decomisado tras refriegas e ignorar la presencia de las fuerzas de contención enemigas.
La acusación sostiene la existencia de esquemas de financiamiento directo mediante pagos en dólares y entregas periódicas a cambio de cobertura territorial en el sur del estado.
Se hace mas profunda la división en el Cartel de Sinaloa
Para comprender la trascendencia de esta propaganda bélica es necesario revisar la fractura estructural dentro del Cártel de Sinaloa. El evento detonante se consumó el 25 de julio de 2024 con la detención en territorio estadounidense de Ismael “El Mayo” Zambada junto a Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de Los Chapitos.
La versión difundida por la defensa del veterano capataz sostiene que fue secuestrado mediante un engaño premeditado durante una supuesta reunión de mediación política en el complejo campestre Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán.
Ese evento rompió un pacto de no agresión y gobernanza compartida que duró más de tres décadas. La captura del histórico líder desató un enfrentamiento fratricida que transformó zonas urbanas y rurales de la entidad en un escenario de confrontación continua. La violencia se tradujo en bloqueos carreteros, homicidios de alto impacto, desapariciones forzadas y la parálisis de la actividad comercial y educativa en la región capitalina y los municipios del sur sinaloense.
En este reordenamiento violento, el entramado político regional ha quedado profundamente cuestionado. La carta pública atribuida a Ismael Zambada tras su llegada a Estados Unidos hizo referencia explícita a la reunión del 25 de julio, señalando que al encuentro acudirían el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y Melesio Cuén. El objetivo formal de esa cita era dirimir un diferendo sobre el control directivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Allí mismo se dio la muerte del exrector Melesio Cuén Ojeda.
Aunque el mandatario estatal ha negado categóricamente su presencia en el lugar argumentando un viaje de índole personal fuera del país esa misma fecha, las investigaciones ministeriales y las revelaciones periodísticas han incrementado la presión pública sobre el grupo político en el poder local.
Los seudónimos, bitácoras de vuelo e inconsistentes versiones sobre la escena del crimen donde fue ejecutado Cuén Ojeda minaron la postura institucional del gobierno estatal y pusieron bajo escrutinio los históricos puentes de comunicación e intermediación que diversos actores políticos mantuvieron durante años para preservar la estabilidad social en la entidad.
La estrategia comunicacional, da resultados
La utilización de mantas y mensajes en la vía pública por parte de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán constituye una maniobra de propaganda defensiva.
Al verse presionados por los desplazamientos de fuerzas rivales apoyadas por aliados regionales y por el despliegue de las brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la facción de Los Chapos recurre a la interpelación pública hacia las máximas autoridades federales.
Se trata de una táctica diseñada para forzar la neutralización de la capacidad operativa contraria a través de la intervención directa de los mandos centrales en Ciudad de México.
Desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad se ha mantenido una postura de cautela institucional. Ante los cuestionamientos periodísticos sobre este tipo de mensajes, la respuesta oficial ha subrayado que los contenidos expresados en los mantas no constituyen pruebas de fe ni verdades procesales, sino que forman parte de la guerra de desinformación e intimidación desplegada por los grupos delictivos para desgarrar las corporaciones o provocar relevos en los mandos operativos.
No obstante, el Gabinete de Seguridad Nacional mantiene abiertos los expedientes de verificación sobre el actuar del personal militar y policial comisionado en la zona.
El fenómeno evidencia la descomposición de la pax narca que rigió Sinaloa por generaciones. Lo que durante décadas funcionó como una federación criminal articulada con canales de diálogo fluidos hacia la clase política y las corporaciones de seguridad se ha transformado en un conflicto atomizado donde las partes apelan al arbitraje del Estado o a la denuncia pública en un intento por inclinar la balanza a su favor en el control del territorio y las rutas del narcotráfico.
