Por. J. Jesús Lemus
Al reflexionar sobre la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación, el exmandatario Andrés Manuel López reitera una tesis que articuló minuciosamente durante su sexenio y que hoy eleva a rango de dogma histórico: el principal obstáculo para el avance de la justicia social y la soberanía popular no reside únicamente en los partidos de oposición o en los grupos de poder económico, sino en la prensa, los periodistas y las corporaciones mediáticas.
Esta postura analítica exige desagregar la retórica presidencial para comprender el uso estratégico del escarnio público, la construcción de chivos expiatorios de la comunicación y el giro radical sobre el ecosistema digital. Lo que López Obrador plantea como un ejercicio de libertad de expresión y de debate circular es, desde una perspectiva periodística crítica, la instrumentalización del poder para estigmatizar al gremio periodístico, desplazar las responsabilidades de la fiscalización pública y erigir un cerco discursivo en el que la disidencia informativa es etiquetada automáticamente como una traición al pueblo de México.
En la arquitectura discursiva del obradorismo, el periodismo independiente es despojado de su función social de escrutinio al poder y es categorizado como una mera extensión de los intereses oligárquicos. Al personalizar el antagonismo en nombres de alto perfil, el mensaje del expresidente desencadena una carga desproporcionada de animadversión social hacia figuras clave del mapa mediático nacional. El caso paradigmático de este fenómeno es la fijación constante sobre la persona de Carlos Loret de Mola, a quien López Obrador coloca como el rostro visible de la corrupción periodística.
¿Cuánto gana Loret de Mola?
Al insistir de manera sistemática en que Loret de Mola percibe ingresos superiores a los tres millones de pesos mensuales, el exmandatario no realiza una simple denuncia financiera, sino que acciona un detonante de resentimiento popular en un país marcado por una profunda grieta de desigualdad socioeconómica. La cifra, aireada reiteradamente desde las plataformas del Estado y revalidada en sus reflexiones de retiro, funciona como un símbolo de agravio para millones de personas que sobreviven con salarios mínimos. Al asociar directamente el ejercicio periodístico de Loret de Mola con una opulencia desmedida y malhabida, se desplaza el debate técnico sobre los hallazgos de investigaciones reporteadas —como los sobrecostos en obras públicas o las presuntas redes de tráfico de influencias— para instalar en la conversación colectiva un juicio moral sobre las percepciones individuales del informador.
El impacto social de esta estrategia no es insignificante. Al señalar las cifras y la vida privada del periodista, se estimula un ambiente de polarización extrema donde la crítica ciudadana deja de centrarse en los contenidos informativos para convertirse en un repudiable linchamiento mediático e inquisición digital. La insistencia en contrastar los supuestos ingresos del periodista con los haberes de la población vulnerable busca generar indignación rabiosa, convirtiendo a la figura del comunicador en el receptáculo de las frustraciones sociales de la ciudadanía. De esta manera, cualquier revelación o reportaje firmado por el periodista queda de inmediato anulado en la mente de la base militante, no mediante el desmentido con pruebas, sino a través de la desacreditación previa y personalizada de su emisor.
El análisis detallado del discurso presidencial revela una tipología diferenciada de hostilidades y reproches frente a diversos perfiles del periodismo contemporáneo. La relación del expresidente con estos informadores ilustra de qué manera la narrativa oficial califica y procesa las coberturas periodísticas que no se apegan estrictamente al relato del régimen.
Aristegui, se quitó la máscara: AMLO
En primer lugar, la postura de López Obrador frente a Carmen Aristegui resulta sintomática de la ruptura del movimiento con la prensa independiente de izquierda o crítica. Durante años de oposición, la cobertura de Aristegui fue vista por el obradorismo como un bastión fundamental para airear los escandalosos casos de corrupción de sexenios anteriores. Sin embargo, en el ejercicio del poder, el rigor analítico de la periodista fue reinterpretado como una insólita traición al proyecto político. En sus intervenciones, el exmandatario expone a Aristegui no como una voz crítica objetiva, sino como una profesional acomodaticia y conservadora que supuestamente engañó al público disfrazándose de progresista. La constante descalificación de López Obrador hacia su figura busca privar al periodismo de investigación de su independencia, sosteniendo implícitamente la idea de que todo análisis crítico orientado a su administración oculta intenciones golpistas o intereses fácticos de derecha.
Ciro, un mercenario…
Por otro lado, el trato dispensado a Ciro Gómez Leyva encarna la confrontación abierta con los informativos nocturnos de mayor audiencia e impacto en la opinión pública. López Obrador encuadra a Gómez Leyva como un mercenario de la información subordinado a grandes corporaciones y empresarios de la industria de la televisión y la radio. La postura del expresidente frente a este periodista prescinde de la consideración sobre el riesgo y la vulnerabilidad en que se ejerce la profesión en el país —incluso tras el atroz atentado armado que sufrió el informador— para concentrarse en tildarlo de vocero del antiguo régimen. La narrativa oficial busca encasillar a Gómez Leyva como un instrumento de las élites, minimizando la gravedad de los ataques directos contra su vida e integrando su línea editorial a un supuesto complot permanente contra las políticas públicas de la autodenominada Cuarta Transformación.
Pepe Cárdenas, el estatu quo
En el caso de Pepe Cárdenas, la postura presidencial refleja el desprecio por la radio comercial tradicional de perfil conservador o moderado. Al referirse a comunicadores con este perfil, López Obrador los retrata como portavoces del estatu quo de la transición democrática que nunca lograron desprenderse de las ataduras financieras de la publicidad oficial del pasado. El reproche a Cárdenas radica en el cuestionamiento a sus entrevistas, cuestionamientos y tonos de análisis, presentándolos ante la opinión pública como voceros pagados por los adversarios del pueblo, desestimando la validez del comentario político derivado de la prensa de cabina clásica.
Carlos Marín, intelectual orgánico
Con Carlos Marín, la retórica de López Obrador se torna más abierta en su confrontación doctrinal. Marín, conocido por su estilo agresivo y vehemente en la prensa escrita y la televisión, es utilizado por el mandatario saliente como el arquetipo del intelectual o columnista orgánico de la era neoliberal. La postura frente a Marín consiste en catalogarlo como un polemista desfasado que defiende posturas antipopulares. El expresidente aprovecha el estilo desinhibido de Marín para simplificar la pluralidad del debate de las columnas políticas, reduciendo todo planteamiento adverso a una rabieta de la intelectualidad corporativa que ha perdido sus privilegios económicos y presupuestales.
Azucena, el amarillismo
Finalmente, el señalamiento en contra de Azucena Uresti representa el choque directo contra la nueva generación de periodistas de televisión y medios digitales que han visibilizado de manera contundente la crisis de inseguridad y violencia en distintas regiones del país. López Obrador ha catalogado de forma recurrente las coberturas de Uresti como ejercicios de amarillismo y manipulación mediática orientados a infundir miedo y desgastarlo políticamente. Al acusar implícitamente a Uresti de responder a agendas de empresarios de medios de comunicación, la postura presidencial desvía la atención pública sobre la crudeza de los datos del crimen organizado y pretende silenciar la transmisión de eventos de violencia crítica catalogándolos como campañas orquestadas para ensombrecer los avances de su gobierno.
De benditas a vendidas, las redes sociales
Un elemento cardinal y de un altísimo valor periodístico en la reciente reaparición de Andrés Manuel López Obrador radica en la mutación sustancial de su postura frente al universo de las plataformas digitales. Años atrás, en las etapas de resistencia política y durante el triunfo electoral de 2018, la frase “las benditas redes sociales” se convirtió en una máxima fundamental de su movimiento. En aquel momento, las plataformas eran aclamadas como los canales idóneos para romper el cerco informativo impuesto por la televisión abierta y los diarios tradicionales, al permitir un contacto directo e ininterrumpido con la ciudadanía sin la mediación de editores ni periodistas.
No obstante, el discurso reciente evidencia un desamor amargo y una abierta desconfianza hacia estas mismas herramientas digitales. López Obrador afirma con contundencia que aquellas redes sociales que alguna vez consideró aliadas del pueblo han sido cooptadas, compradas y totalmente dominadas por los ricos del mundo, aludiendo a los grandes magnates tecnológicos y a los algoritmos que hoy dirigen el debate público global. Desde la óptica del exmandatario, el ciberespacio dejó de ser una plaza pública de liberación para convertirse en una trinchera hostil al servicio de intereses trasnacionales y grupos conservadores que operan mediante cuentas automatizadas, granjas de bots y manipulaciones digitales destinadas a minar el proyecto de la transformación.
Esta lectura oficial, si bien apunta acertadamente al problema real de la concentración corporativa en las grandes plataformas tecnológicas de Silicon Valley, soslaya un fenómeno sociopolítico mucho más complejo y cercano a la realidad mexicana: la pérdida de exclusividad en la narrativa pública. La causa profunda del resentimiento hacia las redes sociales no es únicamente el control oligárquico de sus dueños globales, sino el hecho insoslayable de que las plataformas digitales se han transformado en el medio natural a través del cual la población común, sectores de clase media, jóvenes y diversos colectivos expresan posturas críticas, documentan deficiencias en los servicios públicos, exponen fosas clandestinas y protestan contra el poder político en turno.
Durante la gestión del obradorismo, el ecosistema digital dejó de ser un monólogo triunfal de la militancia oficialista para convertirse en un terreno sumamente volátil y diverso. La pérdida de popularidad del movimiento en ciertos sectores urbanos, derivada del desgaste natural del ejercicio del poder, la persistencia de la violencia, las fallas en el sistema de salud pública y las polémicas de opacidad o corrupción de funcionarios cercanos al régimen, encontró en las redes sociales una vía inmediata de resonancia. Cuando la ciudadanía utiliza estas herramientas para viralizar contradicciones del gobierno, la retórica del poder rechaza admitir el desencanto auténtico de la población y prefiere atribuir la crítica a oscuros complots financieros orquestados por billonarios o por la cúpula mediática tradicional.
El diagnóstico de un López Obrador denunciando la “toma de las redes por los ricos” evidencia la frustración de un liderazgo político que estaba acostumbrado al dominio hegemónico del relato. En cuanto la conversación digital dejó de alinearse de forma unánime con la narrativa gubernamental y comenzó a exigir cuentas, el concepto de “benditas redes” caducó para dar paso a la estigmatización del espacio virtual como un terreno corrompido. Esta postura desconoce el derecho orgánico de los ciudadanos a disentir y a emplear la tecnología disponible para manifestar su descontento, revelando una intolerancia de fondo hacia la crítica sin importar el canal a través del cual esta se manifieste.
Desde una perspectiva analítica amplia, el mensaje del expresidente consolida una peligrosa doctrina sobre la libertad de expresión y la prensa en México. Al clasificar de manera maniquea la realidad política entre “el pueblo” y “los medios corporativos como enemigos del pueblo”, se destruye la posibilidad de construir un espacio público deliberativo basado en hechos, evidencia y contraste de ideas. El periodismo, en su sentido más elemental y honesto, no existe para aplaudir a los gobiernos ni para fungir como el brazo propagandístico de ningún movimiento de masas, sin importar su nivel de legitimidad electoral. La función del periodismo es incómoda por definición: consiste en cuestionar el ejercicio del poder, verificar la veracidad del discurso oficial, visibilizar a las víctimas de las omisiones estatales y exponer los abusos de autoridad allá donde ocurran.
Al persistir en la narrativa que vincula la labor periodística con el sabotaje antipatriótico, el liderazgo político invalida institucionalmente la crítica periodística y vulnera de manera alarmante la integridad de los profesionales de la comunicación en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión en el mundo. La insistencia en señalar con nombre y apellido a comunicadores y alentar la animadversión social hacia ellos no forma parte de un diálogo republicano sano, sino de una estrategia de amedrentamiento discursivo que busca la disciplina del gremio mediante la amenaza del descrédito público.
El balance del mensaje de Andrés Manuel López Obrador deja al descubierto las constantes tensiones entre el poder populista y el escrutinio democrático. Al estigmatizar individualmente a comunicadores emblemáticos como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Pepe Cárdenas, Carlos Marín y Azucena Uresti, y al desacreditar el valor democrático de las plataformas digitales que alguna vez encumbró, el líder político pretende blindar su legado histórico y el de su movimiento frente a cualquier forma de fiscalización presente o futura. La labor periodística y el análisis social riguroso se ven obligados, hoy más que nunca, a resistir el embate del señalamiento oficial, defendiendo el derecho irrenunciable de la sociedad mexicana a estar informada con objetividad, independencia y pluralidad por encima de los dogmas de cualquier proyecto de nación.
