Por. J. Jesús Lemus
El mapa criminal en México atraviesa por un proceso de reconfiguración silenciosa pero letal en el que la escala geográfica dejó de ser un factor inhibitorio para el crimen organizado. En ese escenario, Colima y Tlaxcala, las dos entidades federativas territorialmente más pequeñas del país, se han transformado en piezas geopolíticas estratégicas para la hegemonía del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo que durante años se consideró en el imaginario popular como zonas de baja incidencia delictiva por su reducida extensión geográfica, hoy representa la vanguardia de un esquema de penetración territorial cimentado en la complicidad institucional, el control de recursos económicos estratégicos y el uso sistemático de la violencia político-electoral.
La expansión del grupo delictivo en estos dos frentes de dimensiones reducidas responde a una directriz encomendada a Juan Carlos Valencia González, conocido en la estructura delictiva como El 03 o El Pelón, considerado uno de los mandos operativos con mayor peso en el organigrama de la organización criminal.
Desde la cúpula directiva se trazó la meta de tejer redes de contacto y entendimiento directo con representantes y enlaces del entorno cercano de las gobernadoras Indira Vizcaíno, en Colima, y Lorena Cuéllar Cisneros, en Tlaxcala. La estrategia no buscaba la ocupación bélica tradicional mediante enfrentamientos abiertos de grandes convoyes armados, sino la consolidación de acuerdos de protección mutua y la entrega cediendo espacios clave de la administración pública local a cambio de estabilidad electoral.
Colima, consolidar la producción de fentanilo
En el caso de Colima, una franja de tierra comprimida entre la Sierra Madre del Sur y el Océano Pacífico, el interés central de la organización criminal radica en la infraestructura logística del puerto de Manzanillo. A través de los entendimientos alcanzados con representantes del poder Ejecutivo local, al grupo delictivo se le facilitó mantener y blindar su presencia operacional en el recinto portuario.
Este enclave marítimo resulta vital para la economía ilícita transnacional, pues funciona como la principal puerta de entrada en el Pacífico mexicano para el arribo masivo de precursores químicos procedentes de Asia, insumos indispensables para la síntesis industrial de fentanilo y metanfetaminas en laboratorios clandestinos.
El libre tránsito y la cooptación de las cadenas de revisión portuaria en Manzanillo le permitieron al grupo delictivo garantizar el flujo ininterrumpido de estas sustancias hacia sus centros de procesamiento, convirtiendo a Colima en la arteria logística del narcotráfico moderno.
La cesión del control efectivo del puerto no solo aseguró la cadena de suministro global del grupo criminal, sino que desató una violenta depuración interna en la entidad para sofocar cualquier disidencia o intento de incursión por parte de grupos rivales, sumiendo al estado más pequeño del país en una de las tasas de homicidios por habitante más altas a nivel nacional.
Tlaxcala, la extorsión empresarial a gran escala
Por su parte, en Tlaxcala, la entidad más pequeña en extensión territorial del país si no se contempla a la capital nacional, la lógica de penetración criminal siguió un patrón ajustado a las oportunidades económicas de la región centro del país. La inserción del grupo comandado por Juan Carlos Valencia se gestó mediante acercamientos con actores vinculados a la administración estatal, poniendo la mira sobre el incipiente polo de desarrollo económico que se abre paso en la entidad.
Tlaxcala, históricamente considerada un corredor de paso en la ruta hacia el altiplano y el Golfo de México, comenzó a ser vista por la organización delictiva como un santuario operativo y un nodo de inversión ilícita.
El interés de la organización delictiva en suelo tlaxcalteca se centra en el apoderamiento de parques industriales, proyectos de infraestructura pesada, rutas de transporte de carga y mercados de extorsión a la cadena productiva que emergen a la sombra del desarrollo económico local.
El grupo criminal detectó que el verdadero rendimiento financiero en zonas de reducido tamaño territorial no radica únicamente en el control directo de plazas urbanas, sino en la capacidad de parasitar las inversiones públicas y privadas mediante el cobro de piso, el blanqueo de capitales a través de empresas fachada vinculadas al desarrollo inmobiliario e industrial, y la apropiación de los sistemas de distribución de mercancías.
Protección electoral, a cambio
Tanto en Colima como en Tlaxcala se implantó una dinámica perversa de colaboración táctica: el Cártel Jalisco Nueva Generación ofreció respaldo operativo a los gobiernos estatales para garantizar la permanencia y el control político-electoral en favor de los grupos en el poder. Este apoyo no se tradujo en una movilización ciudadana orgánica, sino en el despliegue de una maquinaria de dominación electoral estructurada sobre la base del terror.
Mediante la intimidación directa a candidatos de oposición, la neutralización de liderazgos comunitarios, la coacción del voto en zonas marginadas y la amenaza explícita a la estructura administrativa local, la organización criminal operó como un brazo coercitivo no oficial para asegurar resultados electorales favorables y mantener intacta la red de impunidad institucional.
Esta amalgama entre poder político regional y delincuencia organizada ha captado la atención prioritaria de las agencias de inteligencia y fiscalización internacional. De acuerdo con informes elaborados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la presencia operativa y el control territorial ejercido por el Cártel Jalisco Nueva Generación en estas dos entidades federativas representa para las arcas de la organización criminal ganancias mensuales que superan los cien millones de dólares.
El origen de este flujo millonario proviene sustancialmente de dos vertientes operativas principales: la fabricación a gran escala y exportación de fentanilo —facilitada por la entrada de insumos químicos a través del puerto de Manzanillo— y la instauración de una red sistemática de extorsión que asfixia a comerciantes, transportistas, campesinos y empresarios locales tanto en Colima como en Tlaxcala.
La cifra revelada por las autoridades financieras estadounidenses evidencia que la rentabilidad del crimen organizado no depende del volumen territorial de un estado, sino de la posición logística estratégica de sus recintos portuarios y del nivel de penetración en sus estructuras de gobierno.
El fenómeno observado en Colima y Tlaxcala ilustra una fase avanzada en la evolución del crimen organizado en México, donde la vulnerabilidad institucional de las entidades pequeñas es aprovechada para convertirlas en enclaves de alto rendimiento financiero y logístico.
La combinación de impunidad local, complicidad en las altas esferas del poder político, sumisión de los aparatos de seguridad e inserción en la economía formal ha transformado a las dos geografías más reducidas del país en piezas neurálgicas para la expansión del imperio criminal del fentanilo y el control social mediante la violencia política.
