Por. J. Jesús Lemus
Detrás de la retórica política y de los discursos de “seguridad nacional” con los que Washington justifica sus operativos de control territorial, existe un engranaje burocrático y policial cuyas consecuencias mortales se miden en vidas humanas. En lo que va de la segunda administración de Donald Trump, la persecución migratoria ha alcanzado niveles de agresividad sin precedentes en las últimas dos décadas.
Las cifras oficiales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos revelan una realidad ineludible: la maquinaria de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha desencadenado una crisis letal en la que los ciudadanos mexicanos pagan la cuota más alta.
Hoy en día, las estadísticas del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan que el 31 por ciento de la población total de migrantes en cautiverio bajo la custodia del ICE corresponde a personas de nacionalidad mexicana.
Este dato, lejos de ser solo un indicador demográfico, refleja una política selectiva de persecución y acoso sistemático contra la comunidad migrante más antigua, asentada y numerosa en suelo estadounidense. Sin embargo, el costo de este despliegue masivo no se limita a arrestos o expulsiones sumarias; se traduce en una estela de muertes dentro de los centros de detención privados y en las calles durante operativos armados.
El balance de una administración implacable
El año 2025 cerró con 32 fallecimientos documentados en centros del ICE, situándose como el año más mortífero para la agencia en más de 20 años. En el transcurso de 2026, la tendencia no solo se ha mantenido, sino que amenaza con superar récords históricos, registrándose decenas de decesos tanto al interior de los reclusorios migratorios como en enfrentamientos en la vía pública.
El gobierno mexicano ha comenzado a señalar institucionalmente esta gravedad. Un reporte diplomático y legal de la Cancillería mexicana confirmó que al menos 17 connacionales han perdido la vida directamente por acciones directas de la maquinaria migratoria de la era Trump: una combinación de letales disparos en operativos de calle y omisiones médicas extremas dentro de los centros de detención.
Esta cifra forma parte de un balance global aún más desolador en el que defensores de derechos humanos contabilizan más de 50 decesos en instalaciones de detención e intervenciones de agentes federales desde el reinicio del mandato de Trump.
Rostros de la estadística: Casos emblemáticos
Las historias de las víctimas desmienten la versión oficial de que el ICE actúa bajo protocolos humanitarios o de estricta protección ciudadana. La violencia letal se manifiesta en dos frentes claros: la agresión armada en vía pública y la negligencia médica intramuros.
Lorenzo Salgado Araujo (Houston, Texas): Trabajador de la construcción con más de 35 años residiendo en Estados Unidos, Salgado no era el objetivo del operativo desplegado en julio de 2026. Agentes del ICE abrieron fuego contra su camioneta argumentando que el vehículo intentó embestirlos. La familia y testigos desmintieron categóricamente la versión gubernamental; el médico forense del condado de Harris determinó que la muerte fue un homicidio.
Priciliano Trejo (Stewart, Georgia): Joven de 29 años diagnosticado con leucemia. A pesar de los constantes llamados de su familia y de los dolores debilitantes que manifestaba dentro del Stewart Detention Center —una instalación gestionada de forma privada—, se le negó la atención médica especializada oportuna durante semanas. Fue trasladado a un hospital solo cuando cayó en estado de coma; falleció días después.
Alberto Gutiérrez Reyes (Adelanto, California): Detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, falleció menos de 24 horas después de ingresar en las celdas de la agencia federal en febrero de 2026. Las autoridades clasificaron la causa del deceso como «no aclarada» en un inicio, ocultando la falta de protocolos de evaluación de crisis al momento de la captura.
Alejandro Cabrera Clemente (Winnfield, Luisiana): De 49 años, hallado inconsciente en el Winn Correctional Center tras haber reportado complicaciones médicas que no fueron atendidas a tiempo. Fue declarado muerto al llegar al centro médico local en abril de 2026.
Radiografía de la violencia de Estado contra la comunidad migrante
Las muertes de migrantes en Estados Unidos no son accidentes ni fallas aisladas del sistema: son el resultado predecible de una violencia de Estado diseñada deliberadamente para castigar, precarizar y deshumanizar a la fuerza laboral sin papeles.
Uno de los factores determinantes en la alta tasa de mortalidad dentro de las cárceles migratorias es la privatización de la custodia. Más del 80 por ciento de los detenidos por el ICE se encuentran en instalaciones operadas por corporaciones privadas de prisiones (como GEO Group o CoreCivic).
El modelo de negocio de estas empresas se basa en maximizar ganancias reduciendo costos operativos. Esto se traduce de forma directa en escasez y negligencia médica, contratación de personal no capacitado, negación sistemática de tratamientos especializados o medicamentos de alto costo para enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o hipertensión.
Asimismo, se sufren condiciones de hacinamiento, falta de ventilación e higiene, e intoxicaciones alimentarias recurrentes. Finalmente, el uso desmedido del aislamiento solitario como método de castigo ha provocado severas crisis de salud mental que derivan en suicidios dentro de las instalaciones.
Mapeo de la violencia: Las cárceles más mortíferas
El ecosistema de detención en Estados Unidos opera como un archipiélago de opacidad. Entre los centros con mayor concentración de detenidos mexicanos y reportes de negligencia letal destacan:
Stewart Detention Center en Lumpkin, Georgia, operado de forma privada por CoreCivic, con denuncias severas de negligencia médica y muertes por enfermedades no tratadas.
Adelanto ICE Processing Center en Adelanto, California, gestionado por GEO Group, caracterizado por la falta de atención médica de urgencia y deplorables condiciones de salubridad.
Camp East Montana en El Paso, Texas, bajo contrato federal y privado, donde se han señalado fallas graves en atención psicológica y abusos físicos.
Joe Corley Processing Center en Conroe, Texas, administrado por GEO Group, marcado por la desatención a fallas cardíacas y condiciones crónicas en adultos mayores.
Winn Correctional Center en Winnfield, Luisiana, operado por LaSalle Corrections, con reportes de hacinamiento masivo y nula respuesta ante emergencias respiratorias.
Militarización de las calles y disparos sin rendición de cuentas
Bajo la narrativa del combate a la inmigración ilegal, los agentes en la calle actúan con facultades cada vez más desreguladas. La proliferación de armas de fuego en manos de oficiales del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fuera de la franja fronteriza ha transformado las ciudades del interior de Estados Unidos en zonas de patrullaje de alta intensidad.
El uso de la fuerza letal se ha normalizado mediante el concepto gubernamental de daños colaterales. Trabajadores que acuden a sus empleos, personas detenidas por infracciones menores de tránsito o transeúntes que intentan huir por el pánico que generan las redadas terminan siendo abatidos a tiros o lesionados de gravedad. Además, la falta de uso obligatorio de cámaras corporales en múltiples divisiones tácticas faculta a los agentes a elaborar informes oficiales contradictorios que responsabilizan a la víctima de su propio deceso.
El sesgo sistemático contra la migración mexicana
La estadística de que el 31 por ciento de las personas inmigrantes detenidas por el ICE son mexicanas no es fruto del azar. Si bien la migración de otros países de América Latina ha crecido en la última década, los ciudadanos mexicanos siguen siendo el objetivo principal de la maquinaria punitiva por razones de cercanía geográfica, perfil laboral e infraestructura logística de deportación masiva.
Respecto a la composición aproximada de la población detenida en centros del ICE, los ciudadanos mexicanos representan el 31 por ciento del total, seguidos por los migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica con un 38 por ciento, la región de Sudamérica y El Caribe con un 21 por ciento, y otras nacionalidades con el 10 por ciento restante.
Este 31 por ciento evidencia una persecución focalizada en sectores clave de la economía estadounidense donde los trabajadores mexicanos son la columna vertebral: la agricultura, la construcción, la hotelería y el procesamiento de alimentos.
La paradoja de la fuerza laboral servil
Existe una paradoja cruenta en el corazón del modelo económico estadounidense. Por un lado, la economía de Estados Unidos requiere estructuralmente de millones de trabajadores sin documentos para sostener sectores primarios con salarios bajos. Por el otro lado, el Estado utiliza al ICE para mantener a esa misma fuerza laboral en un estado permanente de terror y vulnerabilidad legal.
Al criminalizar la presencia del trabajador mexicano, la administración de Trump logra dos objetivos políticos y económicos:
- Disciplina laboral: Un trabajador atemorizado por la amenaza de ser enviado a un centro de detención no exige aumentos salariales, no se organiza sindicalmente ni denuncia abusos o accidentes laborales.
- Capital Político: La exhibición de arrestos masivos y despliegues armados sirve como un espectáculo mediático para alimentar las bases electorales nativistas, demostrando mano dura contra un enemigo interno prefabricado.
El hecho de que casi un tercio de la población carcelaria del ICE sea mexicana demuestra que el sistema no busca erradicar la migración —imposible sin paralizar la economía agrícola y de construcción en estados como California, Texas o Florida—, sino mantener a la comunidad en un estatus de dominación total donde la vida carece de valor jurídico.
Sin embargo, los obstáculos son formales y profundos. La doctrina de la inmunidad soberana e inmunidad calificada que protege a las agencias de seguridad en Estados Unidos hace que procesar penalmente a un agente del ICE por la muerte de un migrante sea una tarea sumamente compleja en el sistema judicial estadounidense.
Un aspecto central del informe periodístico sobre la violencia de Estado es el uso del lenguaje por parte de la burocracia del DHS para encubrir la gravedad de la crisis.
Cuando una persona muere en una celda o en un operativo de calle, los comunicados de prensa del ICE suelen emplear eufemismos deshumanizantes. Se utiliza con frecuencia la frase de que la persona falleció tras sufrir una emergencia médica, prescindiendo del contexto en el que el individuo estuvo pidiendo auxilio durante horas sin que se abriera la puerta de la celda.
Del mismo modo, a las víctimas abatidas en las calles se les clasifica categóricamente como agresores o efectos colaterales de operaciones de alto riesgo sin haber concluido un peritaje balístico neutro. Al despojar al individuo de su estatus de víctima e inscribirlo únicamente bajo la etiqueta de extranjero ilegal, el sistema prepara el terreno para que la sociedad receptora acepte su muerte como una consecuencia inevitable de la violación a las leyes de extranjería.
Las muertes de migrantes mexicanos bajo el mandato del ICE durante la administración de Donald Trump no son meras tragedias individuales ni frías variables estadísticas. Son la manifestación más extrema de una política estatal de disuasión basada en el sufrimiento y en la eliminación del valor intrínseco de la vida humana.
Con un 31 por ciento de la población de los centros de detención compuesta por ciudadanos mexicanos, el país vecino del sur enfrenta una emergencia humanitaria y diplomática que trasciende las fronteras. Cada nombre borrado en una celda de aislamiento o en el asfalto de una ciudad estadounidense impone la obligación de ejercer un periodismo que no solo registre los números, sino que mantenga viva la exigencia de memoria, justicia y responsabilidad para un sistema donde la impunidad no puede ni debe ser la norma.
