Por. J. Jesús Lemus
La historia del crimen organizado en México no se escribe únicamente en los campos de batalla rurales ni en la contabilidad de las drogas sintéticas que cruzan la frontera norte. Existe un territorio más opaco, en el cruce de los hidrocarburos robados, el financiamiento ilícito de campañas y la penetración de las estructuras del Estado.
En el centro de este engranaje convergen las aspiraciones territoriales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la consolidación de redes de poder político en el sur del país. La pieza clave para entender este cruce de intereses lleva un apodo temido y un apellido que resuena en las investigaciones de inteligencia federal: “El Tanque” Cazarín Molina, un operador designado para vincular la fuerza operativa del narcotráfico con las redes de extracción de combustible que hoy salpican a las más altas esferas de la política nacional.
“El Tanque” representa una categoría superior de operador criminal: el mediador técnico y logístico enviado personalmente por la cúpula del CJNG para coordinar la toma de control de activos estratégicos nacionales. Su misión principal consistió en implantar la hegemonía de su organización en el lucrativo negocio del “huachicol”, un mercado ilícito que transitó de ser un delito menor a convertirse en la principal fuente de financiamiento paralelo para el crimen organizado y la política regional.
El desembarco de “El Tanque” en el sureste mexicano no fue fortuito. Ocurrió en un momento histórico donde las geografías de la delincuencia organizada se reconfiguraron radicalmente. Ante la necesidad de expandir las finanzas del CJNG más allá del tráfico de fentanilo y cocaína, la orden directa de Oseguera Cervantes fue tomar las arterias energéticas del país.
Para ello, Cazarín Molina fue comisionado como el enlace personal de la cúpula jalisciense ante el grupo criminal conocido como “La Barredora”, una estructura operativa radicada en el estado de Tabasco que operaba bajo el amparo institucional de las autoridades locales de seguridad, encabezadas en su momento por Hernán Bermúdez Requena.
El papel de Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco fue fundamental para que la misión de “El Tanque” fructificara. Con el respaldo implícito del aparato estatal, “La Barredora” funcionó como el brazo ejecutor local que le permitió al CJNG arrebatarle el control del combustible robado a organizaciones rivales que durante años dominaron las rutas de ductos, mar e importación ilegal.
La llegada de “El Tanque” unificó la capacidad de fuego del grupo de Jalisco con la infraestructura de impunidad institucional tabasqueña, creando un monopolio de distribución y ordeña que rebasó los límites territoriales del sureste.
Esta reconfiguración violenta tuvo como principal damnificado al Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, cuya estructura fue estrangulada económicamente conforme el CJNG, guiado por Cazarín Molina, tomó el control de los ramales de distribución de Petróleos Mexicanos y de las importaciones de combustible adulterado provenientes del Golfo de México.
Asimismo, la operación desplazó la influencia que ejercía en el norte del país el Cártel del Noreste, cuya división de hidrocarburos había operado en sintonía con las redes del extinto empresario Sergio Carmona Angulo, conocido en el argot político y policial como “El Rey del Huachicol”.
Conectó con Sergio Carmona
La figura de Sergio Carmona Angulo representa la otra cara de esta misma moneda. A través de una compleja red de empresas importadoras, pedimentos aduanales apócrifos y la complicidad de autoridades portuarias y aduaneras, Carmona Angulo tejió una fortuna multimillonaria introduciendo diésel y gasolina desde Estados Unidos sin pagar los impuestos correspondientes, articulando un esquema de lavado de dinero que alimentó de forma directa diversos proyectos electorales.
Tras la ejecución -atribuida al Tanque- de Carmona en San Pedro Garza García, las rutas, la información y los contactos de este imperio del huachicol fiscal no desaparecieron; fueron absorbidos y reestructurados por la red que coordinó “El Tanque” Cazarín Molina en alianza con las cúpulas del crimen organizado y la protección política.
Es en esta intersección donde la figura de Cazarín Molina cobra una dimensión política explosiva. “El Tanque” no solo administró la violencia y la logística del robo de hidrocarburos, sino que acumuló un conocimiento detallado sobre los flujos de dinero que financiaron la consolidación de Morena como la fuerza dominante del país.
En el expediente de esta mega red de corrupción destacan nombres del círculo más cercano del poder nacional, comenzando por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, bajo cuyo mandato como gobernador en Tabasco se estructuró la operatividad de Bermúdez Requena y “La Barredora”.
Junto al exencargado de la política interna, emergen los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, conocido popularmente como “Andy” López, y los hermanos Olán Aparicio. Estos últimos, señalados en múltiples investigaciones periodísticas como los articuladores de millonarios contratos públicos en obras prioritarias del gobierno federal, mantuvieron presuntamente puentes financieros e interlocución con la estructura que garantizaba el flujo ininterrumpido de recursos provenientes de la gasolina robada y el contrabando de combustible.
La red diseñada por Cazarín Molina funcionó como la liquidez en la sombra que lubricó la maquinaria política de la autodenominada Cuarta Transformación en regiones estratégicas.
Las historias que se sabe El Tanque
El archivo de memorias e información que posee “El Tanque” alcanza a una amplia nómina de altos funcionarios y gobernadores en funciones. Cazarín Molina conoce de primera mano los acuerdos, entregas de dinero en efectivo y esquemas de apoyo logístico que beneficiaron las carreras electorales de personajes clave en el mapa político actual.
Entre ellos se encuentra el exlíder nacional de Morena y actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señalado de haber recibido respaldo financiero por parte de las estructuras vinculadas al huachicol para el despliegue de campañas a nivel nacional.
La geografía del huachicol controlada por la red donde operó Cazarín Molina conecta de manera directa con mandatarios estatales que hoy conducen los destinos de entidades clave. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno ha sido mencionada en reiteradas ocasiones por la permeabilidad de las aduanas del puerto de Manzanillo, punto neurálgico para el ingreso de precursores y el desembarco de combustibles ilícitos.
En Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla colinda con las zonas de influencia directa del CJNG, donde el control de los ductos que atraviesan la entidad fue negociado para garantizar la tranquilidad de las estructuras electorales del partido oficial.
Más al norte, la red extiende sus ramificaciones hacia el estado de Sonora, gobernado por Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad Ciudadana federal. La transición del huachicol del sur hacia la frontera norte requirió de la venia de operadores en los corredores de transporte de hidrocarburos, donde las carreteras sonorenses se convirtieron en rutas de paso obligadas para las pipas con combustible robado.
En Guanajuato, la actual gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo encabeza una entidad castigada por la violencia derivada, precisamente, del exterminio que el CJNG ejecutó contra el Cártel de Santa Rosa de Lima, este último ligado a la administración estatal, para quedarse con el control de la refinería de Salamanca y sus redes de distribución.
El mapa de implicaciones se completa en el estado de Tamaulipas, la cuna del esquema creado por Sergio Carmona Angulo y continuado tras su muerte por las redes del CJNG. Representantes de esta entidad en el Senado de la República, como José Ramón Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz, han quedado bajo la lupa de los organismos internacionales y de inteligencia debido a sus vínculos históricos con los financiamientos que surgieron de las aduanas fronterizas y la venta clandestina de gasolina.
“El Tanque” Cazarín Molina, según sus primeras declaraciones recabadas por la FGR y documentadas por el CNI, presenció la metamorfosis de estas alianzas, atestiguando cómo el dinero manchado de petróleo pasaba de las manos del crimen organizado a las arcas de las campañas senatoriales y gubernamentales.
El protocolo de violencia
El modus operandi ideado por el CJNG a través de Cazarín Molina fue metódico y despiadado. A diferencia de las formas tradicionales del narcotráfico, donde los envíos de droga dependen de rutas dinámicas y cambiantes, la red de huachicol requería una infraestructura fija y perpetua: estaciones de servicio, flotillas de camiones cisterna, complicidad en las gerencias de Pemex y el blindaje total de las policías estatales y federales.
Por ello, la designación de “El Tanque” por parte de “El Mencho” fue una decisión quirúrgica. Se necesitaba a un individuo implacable en el uso de la fuerza para neutralizar a los competidores del Cártel del Noreste y Santa Rosa de Lima, pero al mismo tiempo con la agudeza pragmática para pactar con secretarios de Estado, gobernadores y empresarios fachada.
En las dependencias de inteligencia de Estados Unidos, los informes sobre la penetración del huachicol en la política mexicana han cobrado una relevancia prioritaria. Las agencias antinarcóticos y del Tesoro norteamericano han identificado que el robo de combustible ya no es un delito secundario, sino la piedra angular que sostiene el presupuesto operativo y la capacidad de corrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En esos expedientes de seguridad binacional, el apellido Cazarín Molina aparece subrayado con rojo como el eslabón que demuestra la simbiosis perfecta entre el crimen organizado de alto nivel y la clase política gobernante en México.
El testimonio implícito y la trayectoria de “El Tanque” revelan que el fenómeno del huachicol durante el actual régimen no fue un problema residual heredado del pasado, sino un sistema reorganizado desde las entrañas del poder para abastecer presupuestos electorales y enriquecer a una nueva élite burocrática.
Desde las sombras de Tabasco hasta los puertos de Colima, pasando por la frontera de Tamaulipas y los campos petroleros del Golfo, la figura de Cazarín Molina se erige como el testigo principal de un pacto de impunidad. Un hombre que conoce cada cifra, cada reunión secreta y cada nombre de aquellos que hoy ocupan gubernaturas, escaños en el Senado y secretarías de Estado, y cuya carrera política fue pavimentada con el combustible ilegal que “El Tanque” y el CJNG extrajeron de las arterias económicas de la nación.
