Por. J. Jesús Lemus
La presión del Gobierno de Estados Unidos sobre las estructuras de mando y de protección institucional del Cartel Jalisco Nueva Generación ha dado un nuevo golpe de timón en la estrategia para debilitar a la red criminal más poderosa y expansiva del mapa mexicano.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, oficializó este jueves una batería de sanciones financieras dirigidas contra un mando policial activo del Estado de Jalisco y cinco presuntos integrantes del grupo delictivo.
La medida implica el congelamiento inmediato de todos los bienes, propiedades y cuentas bancarias que los señalados posean dentro del territorio estadounidense, además de prohibir tajantemente cualquier tipo de transacción comercial o financiera entre ciudadanos o empresas de ese país y los involucrados.
El foco de esta nueva ofensiva diplomática y financiera recae en Severo Flores Mendoza, quien hasta el momento del anuncio se desempeñaba como titular de la policía municipal en Tequila, una localidad emblemática de la región agavera jalisciense.
Las investigaciones de las agencias de inteligencia norteamericanas ubican a Flores Mendoza como una pieza clave en el esquema de impunidad que opera en la entidad, señalándolo por facilitar las operaciones logísticas del cartel a cambio de recursos económicos y por compartir información estratégica sobre los despliegues de las fuerzas federales y del Ejército Mexicano.
Su inclusión en la lista negra pone de manifiesto la constante infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad locales, un fenómeno que por años ha obstaculizado los intentos de pacificación en el occidente del país.
Junto al jefe policial, las autoridades estadounidenses identificaron y sancionaron a cinco individuos considerados operadores clave de la estructura financiera y de distribución de la organización criminal.
Estos sujetos son señalados de coordinar el tráfico de insumos químicos, supervisar los laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas y gestionar las rutas de transporte hacia la frontera norte.
La Administración para el Control de Drogas ha reiterado que esta agrupación es responsable del trasiego de una proporción masiva del fentanilo y metanfetaminas que ingresan a las ciudades estadounidenses, un fenómeno que ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes al otro lado de la frontera y que ha elevado la tensión política entre ambas naciones.
El Cartel Jalisco Nueva Generación, que disputa encarnizadamente el control de las rutas del narcotráfico y los mercados locales con el Cartel de Sinaloa, ha demostrado una capacidad sin igual para adaptar su modelo de negocios y diversificar sus fuentes de ingresos, abarcando desde la extorsión hasta el huachicol y la cooptación de autoridades institucionales.
Con esta acción, Washington busca asfixiar las redes de complicidad que permiten a la cúpula del grupo mantener su hegemonía en la región, enviando un mensaje directo sobre el alcance de las medidas punitivas de su sistema financiero hacia aquellos funcionarios públicos que decidan colaborar con las mafias de la droga.
El impacto de las sanciones no solo afecta el patrimonio individual de los implicados, sino que busca desarticular la red de contactos que permite el flujo ininterrumpido de narcóticos hacia el norte.
El anuncio genera una sacudida inevitable en la estructura política y de seguridad del Estado de Jalisco, reabriendo el debate sobre el nivel de penetración del dinero ilícito en las corporaciones locales y la urgencia de reestructurar los mecanismos de control de confianza en los municipios.
Mientras tanto, las autoridades federales de ambos lados de la frontera mantienen el rastreo sobre las ramificaciones financieras que sostienen el aparato militar y logístico del cartel.
