La Desaparición Forzada no se ha erradicado en México

Reconocer la participación de las fuerzas armadas, corporaciones policiales y fiscalías es el primer paso indispensable para romper el ciclo de impunidad, garantizar la justicia a miles de familias que buscan a sus seres queridos y detener la tragedia humanitaria que marca la historia contemporánea de México

Por. J. Jesús Lemus

La desaparición forzada en México no es una narrativa del pasado ni un fenómeno aislado derivado del crimen organizado; es una tragedia estructural donde el Estado mexicano, a través de sus distintas fuerzas de seguridad e instituciones de procuración de justicia, ha tenido y mantiene una responsabilidad directa.

Aunque la retórica oficial tienda a matizar la crisis catalogando la mayoría de los casos bajo la figura genérica de personas no localizadas o atribuyendo las ausencias de manera exclusiva a disputas entre carteles y facciones delictivas, las evidencias documentadas, los registros periodísticos y las resoluciones de organismos internacionales confirman una realidad incontrovertible: en el país se cometen desapariciones forzadas con la participación, complicidad, tolerancia u omisión deliberada de agentes estatales.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, tras sus visitas de evaluación e informes de seguimiento sobre la situación en el territorio nacional, ha emitido advertencias contundentes señalando que las desapariciones en México continúan presentando características de patrón sistémico.

Las observaciones de las Naciones Unidas subrayan que la impunidad casi absoluta crea un entorno donde la participación del personal público no solo persiste, sino que queda invisibilizada bajo deficiencias metodológicas de investigación. Esta postura internacional contrasta radicalmente con las narrativas gubernamentales que buscan minimizar el papel de las instituciones de seguridad, desplazando la culpa hacia el contexto de violencia entre particulares y soslayando las obligaciones constitucionales de protección y garantía de los derechos humanos.

Desaparecidos por todos lados

En estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Colima, Puebla y Veracruz, el fenómeno de la desaparición forzada se ha manifestado mediante dinámicas operativas claras donde corporaciones de distintos niveles de gobierno han sido señaladas de manera reiterada.

La documentación realizada por colectivos de familias de personas desaparecidas, periodistas de investigación y organizaciones civiles muestra un entramado complejo en el que participan policías municipales, corporaciones estatales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y elementos de la Fiscalía General de la República.

En el norte de la República, entidades como Sinaloa, Sonora y Chihuahua concentran un registro histórico y reciente de intervención de fuerzas armadas y corporaciones policiales en detenciones arbitrarias que derivan en el ocultamiento del paradero de las víctimas.

En Sinaloa y Sonora, las rutas del narcotráfico e inspecciones de seguridad han servido de escenario para detenciones ilegales donde patrullas de las fuerzas federales y estatales interceptan a ciudadanos de los cuales no se vuelve a tener registro en celdas, galeras o juzgados calificadores. En Chihuahua, las zonas serranas y urbanas han sido testigo de operativos conjuntos donde la línea entre el combate al crimen y la comisión de violaciones graves a los derechos humanos se diluye completamente, dejando a las familias en un vacío institucional provocado por las mismas autoridades encargadas de brindar protección.

El occidente del país presenta uno de los epicentros más desgarradores de esta crisis. Jalisco, Colima y Michoacán registran cifras alarmantes de personas desaparecidas con patrones constantes de colusión institucional.

En Jalisco, corporaciones de policía municipal y elementos estatales han actuado históricamente como brazos ejecutores o facilitadores para estructuras criminales, realizando aprehensiones al margen de la ley sin poner a los detenidos a disposición de la autoridad competente.

Los casos documentados en municipios metropolitanos y regiones rurales dan cuenta de personas que fueron subidas a vehículos oficiales y cuyo rastro se perdió definitivamente a partir de ese instante. Colima y Michoacán reproducen esquemas similares, donde la militarización de las tareas de seguridad pública no ha derivado en un mayor apego al derecho, sino en un incremento de quejas e investigaciones por detenciones arbitrarias e incomunicación ejecutadas por elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

En el centro y golfo de México, Puebla y Veracruz exhiben la persistencia de estas prácticas bajo modalidades operativas que combinan la corrupción policial con la omisión ministerial. Veracruz es uno de los referentes más dolorosos del uso del aparato estatal para la desaparición sistemática de personas, particularmente durante administraciones pasadas donde se comprobó la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal, dedicados a la captura y entrega de jóvenes a grupos delictivos.

Aunque los gobiernos cambien, las estructuras de impunidad y las prácticas operativas en campo mantienen vicios donde elementos de la fiscalía estatal, agentes federales y policías locales siguen involucrados en la opacidad de las detenciones. En Puebla, el crecimiento de mercados ilícitos como el robo de combustible ha incrementado la presencia de fuerzas federales y ministeriales, registrándose casos donde intervenciones de la Fiscalía General de la República o corporaciones estatales derivan en la falta de certeza sobre la ubicación de personas aseguradas.

Hay razones para decir: Fue el Estado

El concepto jurídico de desaparición forzada exige la presencia de agentes del Estado o de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o de dar razón del paradero de la víctima. El rechazo del gobierno mexicano a reconocer plenamente la magnitud de la desaparición forzada responde a una estrategia política de control de daños e imagen pública.

Aceptar que las fuerzas armadas y las corporaciones policiales cometen desapariciones forzadas implicaría admitir la falla estructural del modelo de seguridad, la ineficacia de los mecanismos de control interno y la porosidad de las instituciones ante la penetración de la delincuencia.

La respuesta institucional suele canalizarse a través de sesgos en la tipificación de los delitos. Cuando una familia acude a presentar una denuncia por la desaparición de un ser querido tras presenciar una detención realizada por marinos, soldados o policías, las autoridades ministeriales con frecuencia registran el hecho como privación ilegal de la libertad cometida por particulares o abren carpetas de investigación bajo figuras jurídicas ambiguas.

Esta alteración en el registro de los hechos diluye la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados y oculta la estadística real de la desaparición forzada frente a la opinión pública internacional y nacional.

Las investigaciones periodísticas han sido un pilar fundamental para desmontar el discurso de la inexistencia de la desaparición forzada. A través del análisis de testimonios, expedientes judiciales, registros de geolocalización, bitácoras de patrullaje y declaraciones de testigos protegidos, el periodismo ha reconstruido la cadena de mando y las omisiones operativas que permiten la comisión de estos delitos.

Los reportajes han evidenciado cómo en operativos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas se omiten los registros inmediatos de detención que exige la ley, creando lapsos de tiempo desprotegidos donde los ciudadanos quedan expuestos a tratos crueles, tortura y desaparición.

El papel de la Fiscalía General de la República en este panorama es doblemente crítico. Por un lado, agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial han sido señalados directamente en actuaciones irregulares durante cateos y ejecuciones de órdenes de aprehensión sin registro.

Por otro lado, la institución encargada de investigar los delitos federales y la participación de servidores públicos de alto nivel muestra un rezago sistemático en la integración de carpetas por desaparición forzada. La inacción ministerial y la dilación en las diligencias urgentes de búsqueda consolidan la impunidad y convierten al sistema de justicia en un engranaje más de la desaparición.

Los organismos internacionales no solo han advertido sobre la existencia del problema, sino sobre el riesgo que representa la creciente militarización de la vida pública y la seguridad civil en México. La asignación de tareas de patrullaje, prevención del delito e investigación criminal a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, sin mecanismos eficaces de supervisión civil e independiente, ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades.

Cuando la lógica militar prevalece sobre la doctrina de seguridad ciudadana, la población civil queda expuesta al uso desproporcionado de la fuerza y a la aplicación de métodos ilegales de detención bajo la justificación del combate a la delincuencia.

Las familias de las víctimas, organizadas en colectivos de búsqueda a lo largo del país, son quienes han asumido las labores que el Estado abandona. Son las madres, hermanas y padres quienes recorren brechas, cerros y predios en busca de fosas clandestinas, enfrentando no solo el peligro de las organizaciones criminales, sino la hostilidad y vigilancia de las corporaciones policiales y militares.

Los testimonios reunidos por estos colectivos coinciden en señalar que en numerosos hallazgos existe evidencia de material táctico, indumentaria oficial o señalamientos directos de que las víctimas fueron vistas por última vez bajo la custodia de alguna fuerza del orden.

La resistencia gubernamental a nombrar el fenómeno por su nombre frena la implementación de políticas públicas integrales de prevención, búsqueda e investigación. Mientras el Estado reduzca las desapariciones a un problema de enfrentamientos entre bandas rivales o a conductas individuales de elementos aislados, se evita la revisión profunda de los mandos de seguridad y de las estructuras institucionales que toleran la colusión y la violencia.

La verdad sobre la desaparición forzada en México requiere el reconocimiento explícito de la responsabilidad estatal, la depuración real de las corporaciones de seguridad y el acatamiento irrestricto de las recomendaciones de las Naciones Unidas y de los tribunales de derechos humanos.

El periodismo continuará registrando lo que el discurso oficial pretende ocultar. La acumulación de evidencia en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Colima, Puebla, Veracruz y el resto del país demuestra que la desaparición forzada no es una invención ni un residuo de administraciones pasadas, sino un delito de ejecución continua que atenta contra la estructura democrática y la dignidad humana.