Por. J. Jesús Lemus
En una declaración que ha sacudido los cimientos de la autollamada Cuarta Transformación en Tamaulipas, el diputado federal Mario López Hernández, mejor conocido como “La Borrega”, ha lanzado acusaciones frontales que vinculan a la alta cúpula morenista con el esquema de huachicol fiscal, que no es otra cosa que el contrabando de combustible robado a Pemex.
El exalcalde de Matamoros, ahora bajo las siglas del PVEM, asegura poseer información que compromete a figuras clave en el estado, afirmando que estas estructuras operan bajo el amparo del poder político para facilitar el paso de hidrocarburos de forma irregular por las aduanas fronterizas.
Dentro de la “lista negra” que se desprende de la narrativa política y las acusaciones que han gravitado en torno a este escándalo, dos nombres resaltan por su peso electoral y su cercanía con las estructuras federales, el de los senadores José Ramón Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz.
José Ramón Gómez Leal, mejor conocido por su apodo de “El JR”, es actual senador por Tamaulipas y exdelegado de Programas Federales. A él se le señala por presuntas omisiones y beneficios derivados de la relación con empresarios del sector energético que han sido vinculados al contrabando de combustible en la frontera norte.
No debe pasar por alto que la figura de José Ramón Gómez leal ha sido constantemente ligada mediáticamente al fallecido empresario y criminal Sergio Carmona, considerado el “Rey del Huachicol”, aunque Gómez Leal ha negado sistemáticamente cualquier nexo ilícito.
Olga Sosa Ruiz, actualmente es Senadora electa y exsecretaria del Trabajo en el estado. El informe de “La Borrega” sugiere que Sosa forma parte del engranaje político que permitió la consolidación de este grupo en Tamaulipas.
Las acusaciones contra Sosa apuntan a un presunto financiamiento de campañas con recursos de procedencia dudosa provenientes de la red de tráfico de combustibles que opera en la zona sur y centro del estado.
La respuesta del aparato estatal no se ha hecho esperar. Tras las declaraciones de López Hernández, el Secretario General de Gobierno, Héctor Villegas, calificó los señalamientos como una “pérdida de tiempo” y un intento de obtener “raja política”, instando al diputado a presentar pruebas formales ante la Fiscalía y no solo en medios de comunicación.
Por su parte, el Partido Verde (PVEM) ha optado por la vía de la prudencia, deslindándose de las declaraciones de su propio diputado para evitar una ruptura total con la estructura de Morena a nivel nacional.
El trasfondo de esta denuncia ocurre en un momento crítico. “La Borrega” enfrenta sus propios cuestionamientos, incluyendo la revocación de su visa estadounidense y señalamientos por lavado de dinero. Esto plantea una interrogante: ¿Es esta una denuncia de integridad o una táctica de defensa ante el cerco judicial que se cierra sobre él?
La moneda está en el aire. Mientras las acusaciones de huachicol fiscal siguen salpicando a la cúpula Morenista, la ciudadanía aguarda a que estas declaraciones se traduzcan en expedientes judiciales reales y no queden solo en el “estira y afloja” de la política fronteriza.
