Por. J. Jesús Lemus
El negocio de la movilidad humana en México ha sufrido una transformación radical en los últimos años, dejando de ser una red atomizada de polleros locales para convertirse en una corporación criminal transnacional articulada bajo un modelo de franquicia violenta. En el centro de esta reestructuración se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que ha diversificado sus fuentes de ingresos para reducir su dependencia del tráfico de drogas tradicionales y asegurar un flujo constante de capital líquido.
A través de una combinación de fuerza militar, control territorial y logística de escala industrial, este grupo ha consolidado un dominio casi absoluto sobre el traslado ilegítimo de personas, convirtiendo la desesperación de miles de migrantes en una de las fuentes de financiamiento más lucrativas y estables del crimen organizado contemporáneo en el continente americano.
Se calcula que la gestión y explotación de las rutas de tránsito de personas genera para las arcas del Cártel Jalisco Nueva Generación un ingreso promedio que ronda los 300 millones de pesos mensuales.
Este caudal financiero no proviene únicamente del cobro directo por transportar a los viajeros desde la frontera sur hasta el norte del país, sino de un ecosistema punitivo que incluye extorsiones, cuotas de piso a redes locales de guías, cobro de rescates por secuestros masivos y la venta de protección forzada a lo largo del trayecto.
El tráfico de personas ha adquirido una rentabilidad casi comparable a la de las drogas sintéticas, con la ventaja táctica de que la mercancía humana genera ingresos recurrentes en cada punto de control territorial que el cártel mantiene sobre la geografía nacional.
A diferencia del mapa criminal de décadas pasadas, donde distintas organizaciones se repartían tramos específicos de la República, la hegemonía actual del Cártel Jalisco Nueva Generación en este sector supera de manera sustancial la influencia histórica o presente de otros actores armados.
Aunque en su momento el Cártel de los Zetas instauró un régimen de terror basado en el secuestro sistemático de migrantes, y agrupaciones como el Cártel del Golfo o la Familia Michoacana mantuvieron negocios regionales en sus zonas de influencia, ninguna de estas facciones logró estructurar una red logística integral que controlara el proceso desde la entrada en la frontera sur hasta la entrega final en territorio estadounidense.
De la misma forma, agrupaciones históricas centradas en puntos fronterizos específicos, como el Cártel de los Arellano Félix en el noroeste del país, han quedado relegadas a un papel secundario o local frente a la capacidad de despliegue, la infraestructura y la presencia multinacional que la organización de las cuatro letras despliega en la actualidad para asegurar el monopolio del flujo migratorio.
El control de la zona de Tapachula
El eje central de esta hegemonía radica en el control total sobre la ruta del sur del país y los corredores que conectan la frontera centroamericana con los puntos de entrada a Estados Unidos. La operación inicia formalmente en la franja fronteriza de Tapachula, Chiapas, punto neurálgico donde convergen miles de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica y otros continentes.
Desde ese primer peldaño, la red del cártel toma el control de los desplazamientos, estableciendo retenes clandestinos, casas de seguridad y redes de transporte que operan bajo vigilancia constante de sus brazos armados. La ruta se extiende a través de una arteria terrestre perfectamente articulada que atraviesa el estado de Veracruz, penetra en el corazón industrial de Puebla y se desplaza hacia el Estado de México y Querétaro.
A partir de ese nodo central, el flujo se diversifica estratégicamente hacia el occidente, cruzando territorios bajo su dominio militar directo como Michoacán y Colima, garantizando que cada kilómetro recorrido represente una renta neta para la estructura criminal.
La sofisticación logística del Cártel Jalisco Nueva Generación ha superado los métodos tradicionales de traslado por carreteras o brechas terrestres. Uno de los esquemas más complejos y lucrativos identificados en la operación de esta red implica la utilización de las infraestructuras portuarias del Pacífico mexicano.
Desde las zonas de influencia directa del cártel en los puertos marítimos de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, y Manzanillo, en el estado de Colima, la organización coordina el embarque clandestino de grupos de personas en buques cargueros de gran calado. Utilizando la complicidad forzada o cooptada de operadores navieros, agentes de logística portuaria y redes de contrabandistas marítimos, los migrantes son ocultados en contenedores acondicionados o en espacios de difícil acceso dentro de las embarcaciones.
Estos barcos siguen las rutas comerciales marítimas del Pacífico hasta llegar a los puertos de destino en la costa oeste de Estados Unidos, principalmente hacia las zonas portuarias cercanas a Long Beach, California. Este método marítimo representa una vía de alto costo para los usuarios, pero garantiza al cártel una ganancia extraordinaria al evadir gran parte de los controles fronterizos terrestres tradicionales.
El funcionamiento interno de esta maquinaria financiera se sostiene en una cadena de cobros escalonados que empieza mucho antes de que el migrante ponga un pie en territorio mexicano. A través de redes de reclutamiento que operan mediante plataformas digitales y contactos locales en países de origen, se pactan tarifas que varían dependiendo de la nacionalidad, el poder adquisitivo del viajero y el nivel de seguridad prometido durante el trayecto.
El dinero fluye a través de múltiples canales, desde transferencias bancarias fraccionadas hasta pagos en efectivo entregados en casas de cambio locales o puntos de cobro controlados por operadores financieros de la organización. Una vez en territorio nacional, si un migrante intenta desplazarse de manera independiente sin haber pagado la tarifa fijada por la franquicia del cártel, es interceptado en los corredores de Chiapas o Veracruz, donde se le obliga a pagar una cuota de tránsito o es retenido en casas de seguridad hasta que sus familiares en Estados Unidos o en sus países de origen liquiden el rescate exigido.
Con dominio pleno del territorio
El control de estas rutas no solo responde a un interés económico directo, sino también a una lógica de dominio territorial absoluto. Para el Cártel Jalisco Nueva Generación, dominar los caminos por donde transitan miles de personas implica mantener un control férreo sobre las comunidades, las redes de transporte público, los camiones de carga y las autoridades locales a lo largo de miles de kilómetros.
Esta presencia constante fortalece la capacidad operacional de la organización para mover otros recursos ilícitos, como armamento o dinero en efectivo, utilizando la misma infraestructura logística que sirve para el traslado de personas. Las carreteras de Puebla, las brechas del Estado de México o las rutas serranas de Michoacán funcionan, así como venas comunicantes de un aparato criminal interconectado donde la movilidad humana se integra completamente a la economía ilícita regional.
La dimensión humanitaria de este fenómeno refleja la crudeza de una actividad económica basada en la deshumanización del usuario. Los migrantes convertidos en mercancía son sometidos a condiciones de extrema vulnerabilidad durante los trayectos. En las rutas terrestres que van desde Tapachula hasta el centro del país, el transporte se realiza habitualmente en vehículos de carga sobre escalados, hacinados y sin ventilación adecuada, donde el riesgo de accidentes mortales o asfixia es alto.
En el caso del transporte marítimo que parte de Lázaro Cárdenas o Manzanillo, las travesías en altamar implican días de encierro en espacios reducidos dentro de buques mercantes, con acceso limitado a agua y alimentos, bajo la constante amenaza de ser descubiertos por las autoridades portuarias estadounidenses al llegar a Long Beach o de ser abandonados en la costa por las tripulaciones contratadas por el cártel.
El impacto social en las regiones donde la organización ejerce este control es devastador. Comunidades enteras en los estados del sur y del occidente de México han visto reconfigurada su dinámica económica diaria en función de las actividades del cártel. Gasolineras, comederos de orilla de carretera, talleres mecánicos y pequeñas empresas de transporte se ven obligados a colaborar con la red logística o a pagar cuotas periódicas para no ser atacados.
Las autoridades municipales y los mandos policiales de las localidades situadas a lo largo de la ruta de la sierra o de la costa son sometidos a esquemas de cooptación o violencia, garantizando el libre paso de los convoyes que trasladan tanto a los migrantes como a los custodios armados encargados de vigilar los cargamentos humanos.
Preponderante en el tráfico humano
A nivel internacional, la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación como el principal gestor de la movilidad ilegal hacia el norte ha transformado las prioridades de seguridad en la región. Las agencias de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos observan con preocupación cómo una sola entidad criminal ha logrado integrar bajo un mismo mando operacional la producción de drogas, el tráfico de armas y la trata y tráfico de personas a escala continental.
La utilización de puertos de altura de la importancia de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para el envío de personas en barcos de carga con rumbo a California demuestra una capacidad de infiltración en el comercio transoceánico que desborda los esquemas tradicionales de contención fronteriza y exige una revisión profunda de los mecanismos de seguridad e inspección en los nodos logísticos globales.
La permanencia de este modelo de negocio descansa en una demanda ininterrumpida de personas que buscan salir de condiciones de violencia, inestabilidad económica o persecución en sus lugares de origen. Esta necesidad estructural es aprovechada por el cártel para mantener un flujo constante de clientes cautivos que carecen de alternativas de tránsito legal o seguro.
En la medida en que los controles en las fronteras oficiales se endurecen, el valor del servicio que ofrece la organización criminal aumenta, permitiéndole elevar las tarifas y diversificar los métodos de transporte, asegurando así que los ingresos mensuales de la red se mantengan en los niveles multimillonarios que la posicionan como la fuerza dominante de la delincuencia organizada en el país.
La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en el tráfico de personas revela un entramado corporativo temible, donde la violencia militarizada, el control del espacio geográfico y la innovación logística convergen para explotar la movilidad humana. Desde la selva chiapaneca hasta la costa californiana, pasando por el corazón industrial y los puertos del Pacífico mexicano, la red construida por este grupo criminal ha logrado subordinar a otros actores históricos y transformar un fenómeno social desgarrador en una de las fuentes de poder económico más sólidas del panorama ilícito contemporáneo.
