Por. J. Jesús Lemus
El cierre del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez representa uno de los episodios más controvertidos y emblemáticos dentro de la historia reciente del sistema de justicia penal y la política migratoria en México.
Tras más de siete horas de una intensa audiencia celebrada en el estado de Chihuahua, un juez de control federal decretó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023 y la extinción de la acción penal en favor del excomisionado del Instituto Nacional de Migración.
Esta decisión judicial libera de deudas con la justicia penal al exfuncionario imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, un señalamiento derivado de la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023 en las instalaciones de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 personas migrantes y otras 27 resultaron con lesiones severas e irreversibles.
El argumento central expuesto durante la audiencia resolutiva para exonerar al excomisionado radicó en el cumplimiento total de los requisitos establecidos en una solución alternativa conocida procesalmente como suspensión condicional del proceso.
La Fiscalía General de la República respaldó ante el juzgador que el acusado acató cabalmente cada una de las obligaciones dictaminadas en resoluciones previas, entre las que destacan el pago de indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas fallecidas y a los sobrevivientes, la impartición e integración de cursos de capacitación en materia de derechos humanos para el personal operativo de las estaciones migratorias, así como el pronunciamiento de una disculpa pública.
Durante el desarrollo de la diligencia judicial, el propio exservidor público tomó la palabra para emitir un mensaje en el que expresó que si en algún momento causó un daño a alguien suplicaba que lo disculparan, reconociendo además haber atravesado por crisis de salud y afecciones psicológicas a lo largo del litigio.
Una masacre impune
En marzo de 2023, decenas de hombres procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica permanecían retenidos bajo custodia en las instalaciones de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. En medio de un clima de protesta por la escasez de agua, la falta de alimentos y las deplorables condiciones de hacinamiento en las que se encontraban, se inició un incendio en las celdas de reclusión.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad interna, que posteriormente circularon a nivel internacional, mostraron la rápida propagación del humo y las llamas mientras los guardias de seguridad y los agentes migratorios abandonaban el área sin abrir los candados de las rejas para liberar a los detenidos.
El saldo devastador de 40 víctimas mortales y decenas de lesionados expuso de forma cruda las deficiencias estructurales, la omisión de protocolos de protección civil y la negligencia sistémica dentro de los centros de detención migratoria a lo largo del territorio mexicano.
A partir de la tragedia, las investigaciones de las autoridades federales abrieron diversos frentes judiciales contra guardias de seguridad privada, agentes migratorios operativos y mandos regionales. Sin embargo, la imputación contra el máximo titular del Instituto Nacional de Migración se centró en la omisión de sus deberes de cuidado, fiscalización y supervisión sobre la infraestructura y la seguridad de las instalaciones a su cargo.
Pese a ser vinculado a proceso penal en abril de 2023, el exfuncionario permaneció en su cargo al frente de la institución migratoria durante más de un año recibiendo medidas cautelares no privativas de la libertad, lo cual desató fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y colectivos de víctimas que señalaban un trato privilegiado.
La protección dentro de la 4T
La decisión de dar por concluida la causa penal por la vía de una suspensión condicional del proceso ha abierto un profundo debate sobre el acceso a la justicia y la efectividad del sistema punitivo en casos que involucran violaciones graves a los derechos humanos y pérdidas humanas a gran escala. La defensa jurídica de las víctimas, integrada por abogadas y abogados de organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias de las personas fallecidas y sobrevivientes, anunció inmediatamente que interpondrá un recurso de impugnación y apelación contra la resolución judicial.
De acuerdo con la postura sostenida por las familias y sus representantes legales, las compensaciones económicas, la capacitación administrativa y una disculpa pública resultan completamente insuficientes para reparar el daño infligido y no sustituyen la sanción penal que corresponde ante la pérdida de 40 vidas. Sostienen que el cierre del expediente consolida un preocupante escenario de impunidad institucional, puesto que la cadena de mando de mayor jerarquía queda eximida de consecuencias penales mediante salidas alternativas que eluden el juicio oral y la emisión de una sentencia firme.
El desenlace de esta causa penal deja abierto un escenario de gran tensión legal y mediática en el ámbito de la justicia mexicana. Mientras la resolución dictada por el juez federal marca formalmente el término de las acciones penales en el fuero ordinario en contra de quien fuera la cabeza del sistema migratorio del país, la batalla jurídica se trasladará a las instancias superiores de apelación y a los tribunales de alzada.
El caso continúa bajo el escrutinio de organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de los estándares de protección a migrantes y la no repetición de conductas omisivas por parte del Estado mexicano, manteniendo vivo el reclamo de verdad, justicia integral y memoria colectiva para las víctimas de la tragedia de Ciudad Juárez.
