Por. J. Jesús Lemus
A nivel municipal, la soberanía local no se disputa únicamente en las urnas, también se negocia o se somete bajo las reglas de las economías criminales. La relación entre el crimen organizado y los presidentes municipales opera bajo una dualidad descarnada, se da mediante la cooptación voluntaria o la sumisión forzada.
Para los cárteles de las drogas y las células regionales del crimen organizado, el municipio es la pieza más codiciada de la estructura del poder económico y público en México. Los delincuentes no buscan sustituir al Estado en sus funciones burocráticas, sino capturar sus funciones clave para garantizar impunidad, financiamiento y control territorial.
Esta captura opera bajo la máxima de “plata o plomo”, donde el plomo suele anteceder a la toma de protesta. El crimen organizado utiliza el asesinato selectivo, el secuestro y la amenaza directa contra candidatos, alcaldes electos y funcionarios en funciones para obligarlos a ceder parcelas de poder.
El primer objetivo de los criminales es el control de la Secretaría de Seguridad Pública local. Al controlar los mandos policiales, el narco obtiene una fuerza de avanzada que realiza labores de halconeo o vigilancia, custodia de cargamentos y eliminación de rivales.
Mediante la intimidación, se obliga al gobernante a entregar agendas, movimientos y bitácoras de fuerzas federales, de los operativos que en la demarcación municipal realizan el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, que mantienen el control de la seguridad pública.
Aquí el alcalde no es una víctima, sino un inversionista o beneficiario del ecosistema criminal. La infiltración comienza meses antes de la votación. Organizaciones criminales inyectan millones de pesos en efectivo a las campañas electorales para costear movilización, propaganda y compra de votos.
Una vez en el cargo, el alcalde paga la deuda entregando la Dirección de Obras Públicas o la Tesorería. El crimen organizado decide qué empresas, donde muchas de ellas son fantasmas o lavadoras de dinero, son las que reciben las licitaciones de infraestructura municipal, desviando de forma directa el presupuesto público hacia las arcas del cártel.
En ambos escenarios, el resultado es el mismo, Se tiene el colapso del tejido institucional, donde el ciudadano común queda atrapado en un territorio donde la autoridad formal y la fáctica son exactamente la misma cosa.
Alcaldes y exalcaldes judicializados o encarcelados
El rastreo de detenciones de presidentes municipales o exalcaldes por delitos vinculados a la delincuencia organizada, desvío de recursos o corrupción muestra que la presión judicial se ejerce de forma focalizada a través de las fiscalías locales y federales.
A continuación, se detallan solo algunos de los casos más relevantes de mandatarios locales que han enfrentado formalmente mandamientos judiciales, detenciones o procesos penales en prisión durante la administración federal en curso.
Alejandro “N” (Exalcalde) de Taxco, Guerrero, fue detenido bajo acusaciones de delincuencia organizada y su presunta relación con la desaparición de personas y células delictivas locales que operaban en la región de la Tierra Caliente y Norte de Guerrero.
Germán “N” (Exmando encargado de despacho/Alcalde en funciones) en Chilpancingo, Guerrero, fuearrestado e imputado por su presunta vinculación con el homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán y nexos con el grupo delictivo “Los Ardillos”, encargados de disputar el control de la capital guerrerense.
José “N” (Exalcalde) de Toluca, Estado de México, él fue capturado tras permanecer prófugo, acusado del delito de secuestro exprés con fines de extorsión y abuso de autoridad, en una investigación que involucró el uso de la estructura policial local para fines particulares.
Gildardo “N” (Exalcalde) de Coahuayana, Michoacán, fue presentado ante las autoridades judiciales para responder por carpetas de investigación ligadas a presuntos nexos con células delictivas regionales de la costa michoacana y violaciones a la ley de armas de fuego.
Iván “N”(Exalcalde) de Matehuala, San Luis Potosí, fue procesado penalmente bajo la comisión del delito de ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos públicos vinculados a esquemas de contratación irregular que afectaron el erario del municipio.
Es crucial apuntar que la lista de alcaldes tras las rejas siempre será significativamente menor que la cifra real de municipios infiltrados. La judicialización de un presidente municipal suele responder, por lo general a dos factores coyunturales:
La ruptura de pactos locales: Cuando el funcionario no cumple con los acuerdos económicos o operativos con el grupo criminal dominante, o cuando un cártel rival toma la plaza y “expone” los vínculos del gobernante saliente.
Coyuntura e impacto político: Detenciones que ocurren únicamente tras eventos de extrema violencia que vuelven insostenible la permanencia del funcionario ante la opinión pública nacional.
La impunidad procesal sigue siendo el escudo más efectivo en las regiones donde el control criminal es absoluto, transformando las detenciones en excepciones y no en la regla del combate a la narcopolítica municipal.
