Por. J. Jesús Lemus
La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado una ofensiva judicial simultánea al citar a comparecer a dos figuras de que concentran la atención mediática de en la política nacional, está requiriendo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya.
Aunque la Secretaría de Gobernación y la propia Fiscalía han intentado matizar las aguas calificando ambos llamados como “asuntos de procedimiento” en calidad de testigos, la realidad procesal y la naturaleza de las carpetas de investigación pintan dos panoramas jurídicos diametralmente opuestos.
Mientras para la gobernadora de Chihuahua representa un terreno minado donde su estatus legal pende de un hilo, para Rubén Rocha Moya, es un trámite formal derivado de presiones internacionales.
El citatorio entregado en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua a la panista Maru Campos no es un trámite menor. La investigación formal gira en torno al polémico caso de desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo en la sierra de Chihuahua, en donde fallecieron dos agentes estadounidenses de la CIA y el director de la Agencia Estatal de Investigación.
En el argot judicial y de la investigación criminal, la línea que divide a un testigo de un imputado es sumamente delgada. Fuentes cercanas al proceso confirman que la estrategia de la Fiscalía de llamar a Maru Campos en calidad de testigo es la llave constitucional para saltar el primer filtro del fuero sin desatar un conflicto inmediato de competencias.
Si durante la comparecencia programada para este 27 de mayo la FGR tipifica omisiones graves, encubrimiento o delitos contra la seguridad nacional, por la presencia de agentes extranjeros sin protocolos claros, la Fiscalía está facultada para cambiar su situación jurídica de testigo a indiciada (imputada) en la misma carpeta de investigación, iniciando entonces el proceso formal de desafuero.
Campos Galván no tardó en reaccionar, denunciando una “persecución política” y cuestionando el timing de la Fiscalía.
En la otra cara de la moneda se encuentra el morenista Rubén Rocha Moya. Tras las intensas acusaciones formuladas por las autoridades judiciales de Estados Unidos, desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo vinculan a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, la FGR se vio obligada a abrir un expediente local.
A diferencia del caso de Chihuahua, la comparecencia de Rocha Moya y otros políticos sinaloenses como Enrique Inzunza se ha diseñado bajo el esquema estricto de “rendir entrevista”.
Expertos penalistas coinciden en que este citatorio para el sinaloense carece de efectos persecutorios directos por parte del Estado mexicano. Al no existir una orden de aprehensión ni una acusación formal de la Fiscalía local —sino un traslado de señalamientos externos—, la comparecencia funciona como un deslinde formal de responsabilidades.
Rocha Moya afirmó recibir la notificación “con la frente en alto”, asegurando ser un hombre probo que no tiene nada que ocultar. Su entorno lee esta cita más como un blindaje institucional y una oportunidad de registrar su declaración de inocencia en el expediente mexicano, que como una amenaza real a su libertad.
La moneda está en el aire. Mientras en Sinaloa el gobernador con licencia acude a “limpiar el expediente”, en Chihuahua el equipo legal de la gobernadora trabaja a marchas forzadas sabiendo que pisar la sede del Ministerio Público Federal es entrar a un escenario donde las reglas del juego pueden cambiar a mitad del interrogatorio.
