Por. J. Jesús Lemus
A finales de 2025, la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) sacudió el panorama político mexicano. Aunque la narrativa oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum intentó matizar el hecho como el “cierre de un ciclo” y se anunció una salida negociada hacia la embajada de México en Reino Unidos, los entretelones de la procuración de justicia en México revelan una realidad mucho más turbia.
Dentro de las corporaciones de seguridad y los pasillos de la FGR se sostiene una premisa compartida por columnistas y fuentes internas: Gertz Manero no dejó el cargo con las manos vacías. Se retiró con un arsenal de información clasificada e investigaciones congeladas que funcionan como su máxima garantía de impunidad.
El modus operandi del Ex fiscal se basó en el uso faccioso de la autonomía institucional. Bajo el amparo del secreto ministerial y la facultad de reservar carpetas de investigación por “motivos de seguridad nacional” o “procesos en curso”, la FGR acumuló denuncias, intervenciones telefónicas e informes de inteligencia militar sobre los actores más relevantes del partido en el poder (Morena).
En el argot periodístico y de inteligencia, este método se conoce como “justicia selectiva con fines de contención”. No se integra el expediente para consignarlo ante un juez, sino para congelarlo. Mientras el investigado mantenga una postura favorable a los intereses del Fiscal, el expediente permanece en la sombra. Si hay fricciones, la carpeta se reactiva o se filtran fragmentos estratégicamente.
Reportes de inteligencia, y filtraciones desde el interior de la Fiscalía General de la República, refieren el seguimiento de Gertz Manero a unas dos docenas de casos de funcionarios públicos federales de primer nivel y su relación con eventos de delincuencia organizada, en donde destacan los siguientes:
Andrés Manuel López Obrador y Andrés López Beltrán (“Andy”): Las líneas de investigación archivadas giran en torno a las redes de financiamiento y contratos otorgados a consorcios de amigos de la familia presidencial, el llamado “Clan”, así como carpetas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que conectaban el huachicol con flujos de efectivo sospechosos en estados con fuerte presencia del crimen organizado durante las campañas electorales.
Claudia Sheinbaum: Expedientes relacionados con el uso de recursos y presiones políticas durante su gestión, sumados al manejo de las carpetas de omisión o negligencia en tragedias de infraestructura en la capital y los recientes señalamientos sobre el “huachicol fiscal” -tráfico ilegal de combustible, un escándalo que toca fuerte a las puertas de su administración.
Adán Augusto López y Mario Delgado: Investigaciones fronterizas y del centro del país que los vinculaban indirectamente con el financiamiento de estructuras partidistas y el control de aduanas, en el trasiego de Huachicol. Los señalamientos de protección o acuerdos tácticos para mantener la gobernabilidad en estados clave quedaron documentados en los archivos de la FGR.
Las alertas en el Ejército y en la propia FGR se encendieron de forma sistemática entre 2021 y 2024 cuando se detectaron nexos de gobernadores morenistas con grupos de la delincuencia organizada para pacificar o ganar sus respectivos estados. Los expedientes integrados y sepultados por Gertz Manero incluyen a:
- Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Enrique Inzunza (Senador): Archivos que documentan un seguimiento directo desde agosto de 2021. Fuentes internas confirman la existencia de intervenciones telefónicas que ligan directamente a estas figuras con el control territorial y pactos con facciones del Cártel de Sinaloa.
- Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán): Expedientes sobre la presunta negociación y coexistencia con células de “Cárteles Unidos” para operar electoralmente en la región de Tierra Caliente, y sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
- Evelyn Salgado (Guerrero): Indagatorias sobre la infiltración de “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en las estructuras de los municipios controlados por el gobierno estatal y los lazos familiares sospechosos en la entidad.
- Indira Vizcaíno (Colima) y Marina del Pilar (Baja California): Carpetas de investigación relativas al control portuario (Manzanillo) y los puntos fronterizos (Tijuana/Mexicali), donde los informes de inteligencia militar apuntaban a que los gobiernos locales cedieron terreno o facilitaron operaciones financieras a grupos criminales de alcance internacional.
Alejandro Gertz Manero convirtió a la Fiscalía General de la República en una bóveda de secretos de Estado. El hecho de que estas carpetas permanezcan integradas pero no judicializadas otorga al exfiscal un estatus de intocable.
A pesar de las críticas generalizadas de la sociedad civil por el 90% de impunidad en casos de alto impacto (como Ayotzinapa o Segalmex), la inacción deliberada de la FGR con respecto a este catálogo de expedientes criminales fue el verdadero “seguro de vida” de Gertz.
Para el gobierno actual, buscar un proceso penal contra el ex fiscal implicaría el riesgo inminente de una filtración masiva de estos archivos —ya sea en medios nacionales o a agencias de seguridad de Estados Unidos—, lo que desataría una crisis de legitimidad sin precedentes para el régimen de la llamada Cuarta Transformación.
