Por. J. Jesús Lemus
La tensión política y judicial en Sinaloa ha alcanzado su punto más crítico. Tras días de especulaciones sobre su paradero y señalamientos que lo colocaban al borde de la fuga, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el cerco de incertidumbre y compareció formalmente ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital sinaloense.
Mientras Rocha Moya comparecía ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en un encuentro casi familiar, a la para agentes de la Interpol se hicieron presentes en el municipio de Culiacán, pero no accionaron ningún tipo de operativo.
No se debe olvidar que el gobernador de Sinaloa con licencia, tras ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con el Cártel de Los Chapitos, cuenta con una orden de captura por parte de la Interpol, sin embargo, los efectivos de esa policía internacional no actuaron en su encomienda.
Se confirmó el arribo a Culiacán de un equipo de enlace y coordinación operativa relacionado con la Notificación Roja (Ficha Roja) de Interpol, la cual fue formalizada apenas el pasado 21 de mayo por las acusaciones en Estados Unidos que vinculan a Rocha Moya y a otros siete funcionarios estatales con delitos de narcotráfico, conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto calibre (presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”.
El despliegue de estas células de localización internacional en territorio sinaloense aceleró la estrategia de la defensa del mandatario con licencia, echando por tierra las versiones que afirmaban que se encontraba fuera del país o completamente oculto de la acción judicial.
Contrario a los reportes que lo señalaban como ilocalizable, Rocha Moya se presentó ayer martes 26 de mayo ante la subsede de la FGR en Culiacán para responder al citatorio del Ministerio Público Federal.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad”, dictó el pronunciamiento oficial emitido por el propio Rocha Moya tras abandonar el recinto oficial.
El mandatario con licencia aseguró presentarse “con la frente en alto” y bajo el argumento de la soberanía nacional ante el proceso que deriva de las solicitudes y expedientes armados desde el Departamento de Justicia de los EE. UU.
Rocha Moya no llegó solo. La FGR ejecutó una jornada de comparecencias masivas para la estructura sinaloense señalada por las agencias internacionales: Enrique Inzunza Cázarez: El senador morenista y pieza clave del grupo político de Rocha también acudió a rendir su declaración.
Dámaso Castro Saavedra, el vicefiscal del estado (con licencia) compareció ante las autoridades federales, declarando ante los medios locales que “confía en las instituciones” y en el proceso de integración de la carpeta.
Por su parte, Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde con licencia de Culiacán cumplió de igual forma con el requerimiento judicial. Se presentó a declarar sin ningún tipo de efecto judicial, pese a los señalamientos que se han emitido desde la Fiscalía de Estados Unidos.
La línea que divide el resguardo de la evasión de la justicia es sumamente delgada en este caso. El Gabinete de Seguridad Federal, a través del secretario Omar García Harfuch, había confirmado días atrás que el gobierno federal no mantiene una vigilancia activa ni protección de la Guardia Nacional sobre Rocha, argumentando que no existe un mandato legal local que obligue al Ejecutivo a custodiarlo de manera punitiva mientras la FGR integra la carpeta.
Sin embargo, fuentes locales confirman que Rocha Moya se ha mantenido moviéndose en casas de seguridad dentro de la periferia de Culiacán, escoltado estrictamente por elementos seleccionados de la Policía Estatal, la corporación fuertemente señalada en el expediente estadounidense por presuntamente servir a los intereses de la delincuencia organizada.
El caso entra en una fase de alta fricción diplomática. Mientras la FGR avanza en la integración de la carpeta de investigación bajo las leyes mexicanas, la orden de extradición y las alertas de Interpol siguen vigentes, lo que significa que cualquier intento de desplazamiento fuera del perímetro de su custodia estatal reactivaría las órdenes de captura inmediata con fines de extradición.
