Por. J. Jesús Lemus
Los pasillos del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en el Bajo Manhattan, huelen hoy a alta política y a pólvora mexicana.
El general de División en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del convulso estado de Sinaloa, comparece formalmente este lunes 1 de junio ante la jueza de distrito Katherine Polk Failla. El militar, el primero de un grupo de diez funcionarios de alto perfil de ese estado en entregarse voluntariamente a la justicia estadounidense el pasado 11 de mayo, ha decidido jugar su carta más agresiva: la de la negociación total.
Fuentes cercanas al caso confirman que el núcleo de la estrategia de la defensa es formalizar una declaración de culpabilidad. ¿El objetivo? Evitar una condena de cadena perpetua por los cargos de conspiración para importar fentanilo, cocaína y posesión de armas pesadas, para transformarse en el testigo protegido estrella del Departamento de Justicia.
El pliego acusatorio en manos de la Fiscalía de Nueva York detalla cómo el general, valiéndose de su formación en inteligencia militar, se convirtió presuntamente en un “escudo institucional” para la facción de Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A cambio de una nómina criminal estimada en 100 mil dólares mensuales, el general Mérida habría operado haciendo filtración previa de al menos 10 redadas y cateos planeados por el Ejército y la Marina, permitiendo la evacuación de laboratorios de fentanilo.
El general también daba órdenes explícitas a las corporaciones sinaloenses de no tocar a los miembros de Los Chapitos, y permitió el uso de las fuerzas de seguridad estatales para arrestar y debilitar a los carteles rivales.
Sin embargo, en los tribunales neoyorquinos se sabe que a Estados Unidos no le bastan los generales retirados; buscan las cabezas políticas. La entrega voluntaria del General Mérida se da en el contexto de la llamada “Trama Rocha Moya”, que mantiene bajo la lupa al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La jugada del general va mucho más allá de confesar sus propios pecados. El verdadero valor de cambio para obtener su libertad condicional o una reducción radical de su pena radica en la información que posee sobre las esferas más altas del gobierno de la Cuarta Transformación.
Fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos señalan que el general Mérida está dispuesto a entregar testimonios, rutas de efectivo y nombres de enlaces que detallan cómo dinero ilícito proveniente del narcotráfico financió campañas electorales de Morena, incluyendo la de la actual mandataria Claudia Sheinbaum.
El esquema apuntaría a que el control territorial facilitado por las autoridades de Sinaloa sirvió como una maquinaria de recaudación y movilización de recursos que terminaron inyectados directamente en los procesos electorales del partido oficialista.
Mientras en la corte de Manhattan la jueza Polk Failla inicia la audiencia de esta mañana, el sismo político ya se resiente en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado contrarrestar el golpe abriendo investigaciones internas a los señalados, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, pero el control del caso ya no está en territorio mexicano. El general Mérida ha decidido hablar, y en Nueva York, cuando un testigo del narcotráfico decide encender la mecha frente a los fiscales estadounidenses, el alcance de los daños suele ser impredecible para los gobiernos en turno.
