Por. J. Jesús Lemus
La noche del martes 23 de junio de 2026, la violencia firmó un nuevo capítulo de impunidad en el estado. Patricia Negrete Tafoya, integrante activa del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue ejecutada en un ataque directo al salir de su jornada laboral en el área de intendencia del Hospital Regional de Pénjamo.
Patricia conducía su motocicleta sobre el bulevar Santos Degollado cuando sujetos armados, a bordo de otro vehículo, le dispararon a quemarropa. Los peritos de la Fiscalía estatal recolectaron casquillos percutidos y cartuchos de arma larga en la escena.
Patricia se había volcado a las brigadas de campo y al rastreo clandestino en 2021, tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese mismo año. Murió sin respuestas.
El asesinato de Patricia no es un hecho aislado; es el reflejo de un patrón sistemático de desprotección y exterminio. Guanajuato acumula 13 personas buscadoras asesinadas en los últimos seis años, consolidándose como la entidad más peligrosa de México para realizar esta labor. Tan solo en lo que va de este 2026, la entidad registra una brutal embestida contra los colectivos de buscadoras
Patricia Negrete Tafoya, de Una Promesa por Cumplir, asesinada en Pénjamo, es la más reciente víctimas la impunidad y la colusión del estado con el crimen organizado, pero no es la única.
En la cuenta trágica también está Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui, ambas del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Ellas fueron acribilladas en Salamanca. Paradójicamente, habían logrado localizar previamente el cuerpo de su familiar en una fosa clandestina.
Otra víctima es Cecilia García Ramblas, del mismo colectivo salmantino, localizada sin vida tras buscar activamente a su hermano desaparecido desde 2021.
El eco de estos crímenes arrastra también casos emblemáticos como el de Teresa Magueyal, también de Una Promesa por Cumplir, asesinada a balazos en plena luz del día mientras iba en su bicicleta en San Miguel Octopan, Celaya.
A este panorama de homicidios se suma una cifra invisible y perversa: los colectivos documentan que actualmente existen al menos dos buscadoras en la entidad en calidad de desaparecidas, borradas del mapa por investigar.
Guanajuato enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del país en materia de desaparición forzada y cometida por particulares. El estado se mantiene consistentemente en los primeros lugares de fosas clandestinas localizadas a nivel nacional. Municipios como Celaya, Salvatierra, Irapuato, Salamanca y Pénjamo concentran la mayor densidad de puntos de exterminio.
El grueso de las víctimas de desaparición forzada son hombres de entre 15 y 30 años. Las madres, hermanas e hijas absorben el costo total de las investigaciones ante la parálisis institucional.
La violencia contra las buscadoras ocurre en un territorio fragmentado y disputado por estructuras criminales de alta letalidad: el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) es la organización local más fuertemente arraigada en la región del Bajío y el corredor industrial. Aunque debilitada en su liderazgo histórico, opera mediante células altamente violentas dedicadas al huachicol (robo de combustible), la extorsión y el control territorial micro.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una ofensiva expansiva para erradicar al CSRL y controlar las rutas de trasiego de drogas sintéticas (fentanilo y metanfetaminas) hacia el norte.
El Cártel de Sinaloa, se ubica en zonas limítrofes, como Pénjamo (franja fronteriza con Michoacán y Jalisco), operan brazos armados regionales o alianzas fluidas que disputan plazas clave para el control de armas y laboratorios, convirtiendo los caminos rurales en cementerios clandestinos. Las buscadoras, al caminar los cerros y predios abandonados, se vuelven testigos incómodos de su geografía operativa.
El riesgo para las mujeres no proviene solo de las balas del crimen organizado, sino de la profunda negligencia y complicidad institucional:
En el caso de Patricia Negrete en Pénjamo, la Fiscalía General del Estado inicialmente omitió el homicidio en su parte oficial de prensa, reconociendo el hecho y la identidad de la víctima únicamente ante los cuestionamientos directos de los reporteros locales.
Las corporaciones locales en municipios del corredor industrial y del sur del estado (como Pénjamo y de la zona Laja-Bajío) han sido señaladas repetidamente por operar como informantes (halcones) o facilitadores de los cárteles.
Las buscadoras asesinadas contaban, en varios casos, con amenazas previas denunciadas. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha demostrado ser una estructura burocrática e ineficaz que entrega “botones de pánico” inservibles frente a comandos con armas largas.
Desde las estructuras de poder local, persiste una narrativa de estigmatización que vincula las desapariciones con “ajustes de cuentas”, justificando la inacción fiscal y retrasando de forma deliberada las carpetas de investigación.
Así, Guanajuato se ha convertido en una zona de terror donde buscar a un hijo o a una hermana es sinónimo de firmar una sentencia de muerte, ejecutada por el crimen y consentida por el mismo gobierno estatal.
