Por. J. Jesús Lemus
Culiacán amanece con una noticia que rompe un silencio de más de dos meses. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha vuelto a dar señales de vida. No lo hizo mediante una conferencia de prensa ni a través de una aparición pública, sino con un tuit.
Tras acumular 69 días en la sombra, desde que el pasado primero de mayo solicitó separarse temporalmente de su cargo acosado por severos señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado, el político morenista rompió el misterio para asegurar que sigue en su casa de Culiacán, que no está detenido y que no tiene ninguna responsabilidad en los delitos que se le imputan en el extranjero.
El mensaje llega en un momento de altísima tensión política y social, pues su ausencia prolongada alimentó todo tipo de versiones sobre su paradero, incluyendo rumores de que había huido del país o que se encontraba bajo custodia.
En su publicación, Rocha Moya enfatizó que decidió dejar el fuero constitucional para enfrentar las investigaciones de frente y con confianza en las leyes mexicanas.
Detalló que ya compareció ante la Fiscalía General de la República para responder a los interrogatorios del Ministerio Público Federal, insistiendo en que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos forman parte de una campaña de desinformación destinada a desprestigiarlo a él y a su movimiento.
Sin embargo, más allá de sus palabras de inocencia, el verdadero foco de atención y suspicacia se ha trasladado a la narrativa oficial que rodea su entorno y, de manera muy específica, a su seguridad personal.
El manejo de este caso por parte del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dejado al descubierto un laberinto de contradicciones que siembra más dudas que certezas.
A lo largo de los días de especulación, la postura gubernamental ha fluctuado de manera desconcertante, ofreciendo hasta cinco versiones distintas sobre cómo y quién cuida, o no, al exmandatario estatal. Esta errática comunicación institucional ha terminado por enredar un asunto ya de por sí complejo y delicado.
En un principio, la narrativa oficial sugirió que el político no contaba con ningún esquema de seguridad. Poco después, la versión cambió para sostener que sí disponía de escoltas, pero que se trataba de un cuerpo asignado por el propio estado de Sinaloa y no por la federación.
La confusión aumentó cuando se afirmó categóricamente que el gobierno federal no lo estaba cuidando en absoluto, buscando desmarcar a la administración central de cualquier apoyo directo a una figura tan cuestionada. No obstante, en un giro posterior, portavoces oficiales matizaron que se le había otorgado la protección que institucionalmente se le brinda a toda persona en una situación de riesgo.
Para cerrar el círculo de ambigüedades, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado conjunto en el que desmintió de manera rotunda que existiera un operativo federal para ocultar o resguardar a Rocha Moya en instalaciones militares, contradiciendo reportes periodísticos que aseguraban que elementos federales lo habían movilizado de urgencia ante el temor de una intervención extranjera.
Este vaivén de declaraciones oficiales no solo refleja una preocupante falta de coordinación en la estrategia de comunicación del gobierno, sino que expone la fragilidad con la que se gestiona la seguridad de los actores políticos de alto nivel bajo sospecha legal.
Mientras la presidencia intenta mantener una línea clara de cero impunidades, afirmando que no se protege a nadie sujeto a investigación penal sin importar su rango, las sucesivas aclaraciones y desmentidos sobre los guardaespaldas de Rocha Moya proyectan una imagen de titubeo y misterio.
Al final, el tuit del gobernador con licencia calma temporalmente las dudas sobre si está retenido o prófugo, pero abre un debate mucho más profundo sobre la transparencia gubernamental en el manejo de una crisis política que mantiene en vilo al estado de Sinaloa y al país entero.
