Por. J. Jesús Lemus
Durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, la relación diplomática entre México y Estados Unidos ha registrado fricciones estructurales inéditas en la historia reciente de ambos países. Más allá de las discrepancias en materias como comercio o migración, el terreno más complejo ha sido el de la seguridad interna, la soberanía judicial y las acusaciones sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder público.
Se trata de una narrativa calculada: la constante confrontación con la representación diplomática de Washington responde a una necesidad geopolítica de distanciamiento estratégico. Esta postura buscaría argumentar un enfriamiento de la relación bilateral —e incluso un virtual rompimiento— en caso de que la presión judicial estadounidense sobre actores políticos mexicanos alcance niveles críticos.
Frente a la apertura y avance de expedientes en cortes federales de Estados Unidos contra figuras señaladas por presuntos vínculos con la narcopolítica, la defensa de la soberanía nacional ha pasado de ser una postura doctrinal a una trinchera política. Ante el riesgo de solicitudes de extradición que comprometan a funcionarios, legisladores o gobernadores, la estrategia comunicativa del Ejecutivo federal se ha volcado a señalar a los embajadores estadounidenses en México —primero Ken Salazar y posteriormente Ronald Johnson— como agentes de injerencia que violan los principios de no intervención.
Para entender el comportamiento de la administración actual, es imprescindible revisar el precedente establecido por Andrés Manuel López Obrador al cierre de su mandato. Inicialmente, la relación con Ken Salazar fue fluida y pragmática. El diplomático estadounidense recorría con frecuencia las obras prioritarias en el sur del país y mantenía comunicación constante con Palacio Nacional. Sin embargo, el entendimiento se fracturó cuando Salazar emitió opiniones públicas encontradas sobre la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada a finales del verano de 2024.
Salazar advirtió públicamente que la elección de jueces mediante voto popular ponía en riesgo la democracia mexicana y generaba incertidumbre jurídica para los inversionistas en el marco del T-MEC. La respuesta de López Obrador fue contundente: declaró una pausa formal en las relaciones de la Presidencia con la Embajada de Estados Unidos y con la representación diplomática de Canadá.
En su momento, el expresidente enfatizó que las representaciones diplomáticas debían aprender a respetar la soberanía nacional y abstenerse de emitir opiniones sobre las decisiones constitucionales de México. A partir de ese momento, se endurecieron las restricciones para los agentes extranjeros en suelo nacional y se centralizó cualquier trámite a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La instrucción asumida por Shenbaum
Tras asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum mantuvo la misma línea conceptual en materia de política exterior y seguridad soberana. Lejos de suavizar la postura, la mandataria reiteró que el diálogo con Estados Unidos estaría estrictamente acotado al respeto a las instituciones del país. Las primeras desavenencias no tardaron en reaparecer. Ken Salazar criticó la efectividad de la estrategia de seguridad del sexenio anterior, señalando que la política de abrazos no balazos no había dado los resultados esperados para reducir la violencia.
La presidenta Sheinbaum respondió descalificando los señalamientos del embajador por considerarlos contradictorios respecto a posturas previas donde el propio diplomático respaldaba las acciones de las autoridades mexicanas, marcando desde el inicio de su gestión una postura firme frente a las declaraciones de la Embajada.
Con la llegada del embajador Ronald Johnson a la sede diplomática en la Ciudad de México, se esperaba un tono más reservado e institucional. Sin embargo, los puntos de fricción de fondo se mantuvieron intactos, impulsados por las agendas de seguridad de Washington y las restricciones impuestas por la administración mexicana.
Visas retiradas y crisis
Las tensiones principales se concentran en el control estricto sobre las visas y la acreditación de agentes operativos de agencias como la DEA, el FBI y la ATF dentro de México, la prohibición de que dependencias locales o fiscales estatales mantengan cooperación directa de inteligencia con autoridades estadounidenses sin pasar por la aprobación previa de la Cancillería y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el recelo hacia el financiamiento estadounidense destinado a programas de equipamiento y capacitación policial en los estados.
El punto de mayor tensión diplomática durante el gobierno de Sheinbaum se presentó a raíz de un proyecto de seguridad en el estado de Querétaro. A través de esquemas de colaboración directa entre la Embajada de Estados Unidos —mediante la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley— y el gobierno estatal de Querétaro, se proyectó la instalación de un Centro de Formación e Inteligencia Policial.
El objetivo formal planteado por las autoridades locales y estadounidenses era capacitar a las fuerzas del orden locales en técnicas de investigación y análisis de inteligencia contra el crimen organizado.
La reacción de la presidenta Sheinbaum fue de rotunda desaprobación. El gobierno federal argumentó que dicho acuerdo constituía una intromisión indebida en materia de seguridad y una transgresión al artículo 117 constitucional, el cual prohíbe a los estados celebrar alianzas o acuerdos directos con potencias extranjeras sin la mediación del Estado mexicano.
Mientras que el gobierno local y el embajador Ronald Johnson defendieron el proyecto como un esfuerzo transparente de fortalecimiento institucional, la Presidencia sostuvo que no se toleraría la operación de centros con presencia o instrucción extranjera que no estuvieran bajo el control directo del Gabinete de Seguridad Nacional.
El trasfondo real de estos choques diplomáticos radica en el incremento de expedientes criminales abiertos en tribunales de Estados Unidos contra actores políticos mexicanos por presunta complicidad con grupos del narcotráfico.
Testimonios e investigaciones presentadas en cortes federales estadounidenses han señalado de manera reiterada a exfuncionarios, legisladores y gobernadores por facilitar operaciones delictivas. Para el discurso oficial de la Cuarta Transformación, este cerco judicial es percibido no como un ejercicio de impartición de justicia, sino como una herramienta de presión geopolítica e intervención en los asuntos internos de México.
En este contexto, la confrontación constante con los embajadores cumple dos objetivos estratégicos para el gobierno: por un lado, construir una inmunidad narrativa que presente cualquier imputación o solicitud de extradición proveniente de Estados Unidos como un ataque imperialista motivado por intereses políticos, restándole legitimidad ante la opinión pública nacional; por otro lado, justificar una eventual ruptura que permita, en un escenario de alta presión judicial contra figuras relevantes del grupo en el poder, argumentar el distanciamiento de la cooperación bilateral o la suspensión de acuerdos internacionales en defensa de la soberanía.
La postura sostenida por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum refleja una estrategia coordinada frente a la representación diplomática de Estados Unidos. La apelación al principio de soberanía opera como el argumento central del discurso, mientras que el control del impacto político causado por las investigaciones norteamericanas contra la narcopolítica representa el eje soterrado del conflicto. El rechazo a iniciativas como el centro policial en Querétaro y los constantes roces con embajadores como Ken Salazar y Ronald Johnson confirman que el gobierno mexicano está dispuesto a asumir el desgaste en la relación bilateral antes que ceder espacios de control u operar bajo el escrutinio directo de Washington.
