Por. J. Jesús Lemus
El hallazgo de un predio acondicionado formalmente como centro de exterminio e incineración clandestina en la comunidad de La Curva, dentro del municipio de Xalisco, Nayarit, ha sacudido de nuevo las estructuras de procuración de justicia y ha puesto sobre la mesa la gravedad de la crisis delictiva que enfrenta el país.
La intervención ministerial en el terreno denominado El Dragón, confirmada por la Fiscalía General del Estado de Nayarit y acompañada de manera cercana por el colectivo Familias Unidas por Nayarit, sacó a la luz la existencia de fosas con entierros recientes y un complejo sistema de destrucción de evidencia.
En el lugar, las brigadas de búsqueda y los peritos forenses localizaron hornillas de factura artesanal, contenedores metálicos con rastros de diésel, gasolina y agentes químicos, fragmentos de tejido óseo con alteraciones térmicas, casquillos percutidos y pertenencias personales.
Las primeras líneas de investigación apuntan a que este sitio no solo servía como punto de eliminación sistemática de cuerpos mediante fuego y disolución, sino también como un espacio de adiestramiento forzado e interrogar a personas privadas de la libertad por células operativas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las dinámicas detectadas en el terreno revelan que los restos calcinados o fragmentados eran arrojados deliberadamente a afluentes de agua cercanos para desvanecer cualquier rastro de identidad genética.
Más de mil 300 desaparecidos en Nayarit
Este hallazgo en territorio nayarita ha reavivado las protestas, movilizaciones y exigencias de las organizaciones de familias que buscan a más de mil 300 personas desaparecidas en la entidad. Las agrupaciones civiles demandan una actuación pericial ágil, transparente y con acompañamiento internacional, denunciando la lentitud histórica de las fiscalías locales para procesar este tipo de escenarios complejos.
La indignación de los colectivos radica en que la localización de este tipo de infraestructura no es producto de labores preventivas o de inteligencia de las corporaciones de seguridad del Estado, sino el resultado directo de testimonios anónimos y del trabajo de rastreo en campo impulsado por las propias familias.
La práctica de ocultar o incinerar cadáveres se ha consolidado como la principal herramienta del crimen organizado para garantizar la impunidad y mantener bajo incertidumbre a las familias de las víctimas. De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda y diversos monitoreos independientes de organizaciones de la sociedad civil, desde el año 2006 a la fecha se han contabilizado más de 5 mil 100 sitios de inhumación ilegal a lo largo y ancho del territorio nacional. Tan solo en el periodo reciente transcurrido entre 2018 y 2024, se descubrieron cerca de 3 mil entierros clandestinos, lo que equivale a un promedio constante de más de un hallazgo por día en distintos municipios de México.
Antes, solo el norte era tierra de fosas clandestinas
La distribución geográfica de este problema evidencia cómo el fenómeno ha migrado conforme cambian los mapas de disputa entre los grandes carteles del narcotráfico. Durante más de una década, los hallazgos se concentraban fuertemente en estados del noreste y norte del país, como Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.
Sin embargo, en los últimos años la mayor concentración de fosas y centros de exterminio se trasladó de manera dramática hacia la franja del Pacífico, el Occidente y la región del Bajío. Entidades como Veracruz, Jalisco, Colima, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Guerrero y Michoacán encabezan de manera constante las listas nacionales en cuanto a cantidad de sitios de entierro ilegal y volumen de restos humanos recuperados.
En Jalisco y Guanajuato, la intensidad de las confrontaciones territoriales ha dejado cifras alarmantes. Jalisco se mantiene como una de las regiones más afectadas por la cantidad de cuerpos exhumados en fincas urbanas, predios rurales y barrancas, con municipios como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Zapopan convertidos en epicentros de la crisis forense.
Por su parte, en Guanajuato, la disputa por el control del tráfico de hidrocarburos, las rutas de narcomenudeo y las extorsiones derivó en el descubrimiento de megalocalizaciones de fosas en municipios como Salvatierra, Acámbaro y Celaya. En Veracruz y Tamaulipas, la herencia del control territorial ejercido en su momento por Los Zetas y el Cártel del Golfo dejó campos masivos de inhumación e incineración cuyos análisis periciales aún continúan inacabados.
De desaparición de cuerpo a zonas de exterminio
El salto cualitativo de la simple fosa clandestina al concepto de centro de exterminio responde a una estrategia deliberada por parte de los grupos delictivos para entorpecer los procesos de identificación genéticos.
Mientras que en una fosa somera los cuerpos conservan tejidos que permiten obtener muestras de ADN con relativa efectividad, en los sitios de exterminio se emplean acelerantes de combustión, contenedores cerrados para alcanzar temperaturas extremas y sustancias corrosivas como ácido o sosa cáustica.
Este procedimiento deja como resultado únicamente pequeños fragmentos de tejido óseo con calcinación severa, los cuales en muchos casos pierden el material genético necesario para lograr una coincidencia en los bancos de datos de las fiscalías.
La responsabilidad de esta red de fosas y sitios de exterminio en México se atribuye a una amplia gama de estructuras delictivas, entre las que destacan por su alcance operacional el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, junto con sus múltiples facciones, células locales y grupos aliados o rivales como el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y grupos remanentes del crimen organizado en el centro y sur del país.
En las zonas costeras y agrícolas, estos recintos son utilizados frecuentemente para deshacerse de víctimas de reclutamiento forzado, personas privadas de la libertad para extorsión, rivales de bandas contrarias y elementos de seguridad cooptados o enfrentados.
El descubrimiento de Xalisco vuelve a poner en evidencia la enorme brecha que existe entre la magnitud de la tragedia y las capacidades institucionales para atenderla. Las fiscalías estatales sufren de un rezago histórico en la identificación forense de decenas de miles de restos que permanecen almacenados sin un perfil genético procesado.
Esta falta de recursos y de personal especializado provoca que el trabajo realizado por los colectivos de madres y familiares buscadoras siga siendo el motor fundamental para visibilizar y localizar los lugares donde la violencia criminal intentó borrar todo rastro de vida.
