Por. J. Jesús Lemus
El debate en torno a la fiscalización digital y los derechos de autor ha vuelto al centro de la agenda económica y regulatoria en México. Una nueva propuesta impulsada desde el Ejecutivo Federal plantea la implementación del denominado canon digital o remuneración compensatoria por copia privada, un mecanismo legal que busca gravar con una cuota de hasta el 2% la venta de dispositivos electrónicos capaces de almacenar y reproducir contenidos audiovisuales.
La iniciativa ha reencendido las alarmas en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, cuyos representantes advierten sobre un impacto directo en los precios finales que pagan los usuarios.
El principio detrás de este esquema radica en compensar a los creadores, autores e intérpretes por la eventual reproducción o duplicación no lucrativa de sus obras en equipos de uso personal.
Bajo este concepto, la cuota del 2% se aplicaría sobre el valor previo a impuestos de aparatos como teléfonos celulares inteligentes, ordenadores portátiles y de escritorio, tabletas, pantallas y unidades de memoria externa.
Aunque sus defensores sostienen que no se trata de un impuesto recaudatorio tradicional destinado a las arcas públicas, sino de una retribución por derechos de autor gestionada a través de sociedades colectivas, la medida funciona en la práctica como una carga económica sobre la cadena de suministro de tecnología.
La industria de la tecnología y la electrónica de consumo ha reaccionado con preocupación ante el proyecto. Diversas cámaras empresariales y analistas del sector señalan que las empresas distribuidoras y fabricantes difícilmente podrán absorber dicho porcentaje en sus márgenes de ganancia.
En consecuencia, el incremento se trasladará al precio final en el punto de venta, encareciendo el acceso a herramientas que en la actualidad resultan indispensables para el trabajo, la educación y la conectividad cotidiana. Asimismo, los detractores de la medida argumentan que un gravamen de esta naturaleza podría incentivar el mercado informal de dispositivos o desacelerar la adopción tecnológica en sectores de menores ingresos.
Otro punto de discusión crítica radica en la vigencia del concepto de copia privada en la era del consumo digital moderno. Representantes de la industria recuerdan que la inmensa mayoría de los usuarios consumen música, películas y series a través de plataformas de streaming por suscripción o modelos bajo demanda, donde los derechos de uso ya son pagados mediante tarifas mensuales.
Aplicar un cobro adicional por la capacidad física de almacenamiento de un teléfono o computadora representa, según diversos especialistas, una doble tributación indirecta por un tipo de descarga local que cada vez es menos frecuente.
El avance de esta propuesta requerirá una revisión profunda en las instancias correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como su posterior discusión en la Cámara de Diputados.
Mientras los gremios de creadores artísticos defienden el proyecto como un acto de justicia laboral y protección a la propiedad intelectual, el sector industrial y los defensores de los derechos de los consumidores insisten en la necesidad de valorar los costos sociales y el efecto inflacionario que implicaría encarecer el acceso a la tecnología en el país.
