Por. J. Jesús Lemus
La narrativa mediática y gubernamental suele encasillar la crisis del agua en México como un fenómeno fortuito provocada por el cambio climático, la falta de lluvias o la saturación urbana de un par de metrópolis. Con frecuencia se apunta el foco hacia Guadalajara y su zona metropolitana, señalando el abatimiento del Lago de Chapala, la contaminación del Río Santiago o las fugas en redes obsoletas como la gran tragedia hídrica de occidente.
Sin embargo, reducir la emergencia hídrica del país al desabasto tapatío es ignorar la dimensión real de un problema estructural que recorre de norte a sur el territorio nacional. El verdadero origen de la crisis no estriba únicamente en la falta del recurso en los acuíferos, sino en un modelo de gestión federal encabezado histórica y persistentemente por la Comisión Nacional del Agua, organismo que ha diseñado y mantenido una arquitectura institucional enfocada en acaparar, concesionar y mercantilizar el hídrico.
A través de una distribución profundamente desigual, el Estado ha priorizado la entrega de grandes volúmenes a sectores industriales, mineros, agroexportadores y embotelladores, postergando el derecho humano al agua de millones de habitantes que hoy sobreviven entre el desabasto intermitente, la contaminación química o el despojo directo provocado por megaproyectos.
Escasez en el norte, por uso agrícola
En la franja norte, la Comarca Lagunera, compartida entre Coahuila y Durango, representa uno de los escenarios más alarmantes de estrés hídrico y degradación sanitaria en América Latina. La cuenca del río Nazas ha sido sobreexplotada durante décadas para sostener la demanda masiva de la industria lechera y los cultivos forrajeros de alfalfa, un cultivo altamente demandante de agua en plena zona árida.
Mientras las concesiones agrícolas intensivas extraen volúmenes millonarios a profundidades cada vez mayores, las poblaciones urbanas y rurales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo reciben en sus hogares agua extraída a más de doscientos metros de profundidad, donde los sedimentos están cargados de concentraciones peligrosas de arsénico y flúor.
El problema en La Laguna no es solo la falta de líquido, sino el envenenamiento paulatino de sus habitantes, obligados a consumir agua contaminada con metales pesados o a gastar ingresos desproporcionados en agua embotellada, mientras las megagranjas mantienen el flujo ininterrumpido en sus pozos.
La crisis de las cerveceras
Más al norte, en la frontera de Sonora y el desierto de Mexicali en Baja California, la disputa por el agua ha adquirido tintes de resistencia socioambiental violenta. En el Valle de Mexicali, la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea a empresas cerveceras transnacionales y parques industriales ha dejado sin riego a miles de hectáreas campesinas y ha mermado el suministro de los ejidos locales.
Aunque la presión social logró frenar megaproyectos emblemáticos, la infraestructura instalada y la inercia de la Conagua continúan canalizando los flujos hacia las zonas de procesamiento industrial y de exportación, dejando a las comunidades rurales sujetas a tandas racionadas.
En el territorio yaqui en Sonora, la transferencia de agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo a través del acueducto Independencia sigue operando como una herida abierta. Este megaproyecto, construido a expensas de los derechos ancestrales de la tribu yaqui, desvió el caudal del río para abastecer la expansión urbana e industrial de la capital sonorense, desecando los pozos tradicionales de los pueblos originarios y transformando campos de cultivo en eriales desérticos.
En el centro, la industria automotriz
Al descender hacia el centro del país, el panorama de la desigualdad hídrica se agudiza por la colisión entre el crecimiento urbano descontrolado y los apetitos de la industria manufacturera y automotriz. El Bajío mexicano, que abarca estados como Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, es promovido activamente como el motor económico del país, pero este desarrollo descansa sobre el agotamiento sistemático de sus mantos freáticos.
En Guanajuato, las armadoras automotrices, las plantas de calzado y los complejos agroexportadores consumen volúmenes monumentales de agua concesionada por las autoridades federales, mientras municipios enteros enfrentan una escasez crónica. La respuesta oficial a esta crisis ha sido históricamente la proyección de grandes infraestructuras de trasvase, como el fallido proyecto de la Presa El Zapotillo, ideado para desviar agua de los ríos de Jalisco hacia la industria de León.
Aunque dicho megaproyecto fue frenado parcialmente por la resistencia comunitaria de pueblos que se negaron a ser inundados y despojados, la lógica de traer agua de cuencas ajenas para sostener modelos industriales insostenibles sigue siendo la norma corporativa promovida desde las cúpulas técnicas de la administración pública.
La Megalópolis, por falta de infraestructura
La situación en el Valle de México y el Estado de México ofrece una muestra contundente de la injusticia espacial y social en el reparto del agua. En la periferia de la Ciudad de México, particularmente en los municipios del oriente mexiquense como Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, millones de personas carecen de agua corriente regular en sus llaves a pesar de estar conectadas a redes formales.
La infraestructura del Sistema Cutzamala, golpeada por sequías prolongadas y falta de mantenimiento, es incapaz de abastecer por igual a la metrópoli. Sin embargo, la brecha no afecta a todos por igual: mientras en colonias de alto poder adquisitivo y complejos corporativos el suministro fluye de manera continua mediante pozos privados o entregas prioritarias, los sectores populares deben recurrir al mercado negro de camiones cisterna, pagando costos desorbitados por agua de dudosa calidad.
Adicionalmente, megaproyectos inmobiliarios e industriales autorizados en la cuenca del Valle de México siguen obteniendo factibilidad hídrica a pesar de que el acuífero de la región presenta un déficit de extracción crítico que causa el hundimiento progresivo del suelo urbano.
Hacia el sur, la contaminación de ríos
En la región centro-sur, el conflicto no radica únicamente en la escasez física, sino en la severa contaminación del recurso a manos de la impunidad industrial. Las cuencas de los ríos Atoyac y Zahuapan, que atraviesan los estados de Puebla y Tlaxcala, albergan a cientos de empresas de los giros textil, químico, farmacéutico y automotriz.
Durante décadas, estas industrias han vertido toneladas de aguas residuales sin tratamiento adecuado directamente a los cauces comunitarios, transformando a los ríos en corredores biológicos muertos y en focos de enfermedades crónico-degenerativas, leucemia y cáncer para los habitantes de los pueblos riberanos. Las inspecciones de la Conagua han resultado históricamente insuficientes o laxas, permitiendo que la producción privada externalice sus costos ambientales sobre la salud de la población, que además carece de acceso a agua potable limpia para sus necesidades básicas.
El sur del país presenta una paradoja trágica. A pesar de ser la región con la mayor disponibilidad de agua dulce renovable en México gracias a sus caudalosos ríos y elevados niveles de precipitación, estados como Chiapas, Oaxaca y Tabasco registran los índices más bajos de acceso a agua potable dentro de las viviendas.
En Chiapas, la presencia de plantas embotelladoras transnacionales que extraen millones de litros de agua dulce al día contrasta con la realidad de las comunidades indígenas circundantes de Los Altos, donde las familias caminan largas distancias para acarrear agua de manantiales amenazados o deben consumir refrescos embotellados ante la falta de agua potable. La riqueza hídrica del sur es canalizada para la generación hidroeléctrica que alimenta la red eléctrica nacional o privatizada para el envasado comercial, mientras las poblaciones locales carecen de sistemas de drenaje, potabilización y distribución.
Ineficiente la Conagua
El hilo conductor que conecta la desolación de La Laguna, los despojos en el desierto fronterizo, el agotamiento del Bajío, la sed de la periferia metropolitana y la paradoja del sur es la política pública ejercida a través de la Comisión Nacional del Agua. Fundada bajo una visión centralista y orientada a la explotación productivista del recurso, la Conagua ha funcionado de manera prioritaria como una ventanilla de administración de derechos mercantilizables más que como una entidad garante del derecho humano al agua.
La Ley de Aguas Nacionales promulgada en los años noventa abrió la puerta a la privatización de facto del recurso mediante el establecimiento del Registro Público de Derechos de Agua, un sistema que permitió la venta, acaparamiento y especulación de concesiones.
Bajo este marco legal, el Gobierno Federal otorgó miles de títulos de concesión a perpetuidad o renovables a grandes corporaciones agroexportadoras, mineras, embotelladoras, automotrices y desarrolladoras inmobiliarias. Estas empresas ostentan volúmenes de extracción que garantizan su operación continua incluso en momentos de sequía extrema, mientras las comunidades locales enfrentan el desabasto y el racionamiento a través de tandeos.
La desproporción es evidente cuando se analiza el patrón de concesiones: una fracción mínima de los usuarios acapara la mayoría del volumen de agua subterránea y superficial del país. A esta asimetría legal se le suma la incapacidad deliberada o institucional del órgano regulador para auditar los volúmenes reales de extracción. Miles de pozos operan en la ilegalidad o extrayendo volúmenes muy superiores a los amparados por sus títulos, sin que existan inspecciones efectivas, sanciones ejemplares o la cancelación de los permisos a los infractores.
Asimismo, la política de inversión pública federal ha perpetuado esta desigualdad. Durante décadas, los presupuestos en materia hídrica han priorizado megaproyectos de infraestructura pesada, como grandes presas, trasvases intercuencas y plantas desalinizadoras, diseñados para satisfacer las demandas de los centros urbanos industriales o del agronegocio, en lugar de destinar esos recursos a la rehabilitación de las redes comunitarias, el saneamiento de las cuencas devastadas o la captación de agua de lluvia a escala local.
Estos megaproyectos no solo imponen enormes costos ambientales y sociales mediante la alteración de los ecosistemas fluviales y el desplazamiento de poblaciones rurales, sino que perpetúan un modelo de gestión extractivista que considera al agua como un insumo infinito al servicio del capital.
El problema del agua en México no es una crisis homogénea ni un castigo geográfico. Es el resultado directo de una estructura estatal que ha subordinado la vida, la salud y el bienestar de la población a las dinámicas del desarrollo industrial y la rentabilidad privada.
Mientras el discurso institucional continúe atribuyendo la escasez únicamente al clima o a los hábitos de consumo doméstico en ciudades como Guadalajara, la raíz de la injusticia hídrica permanecerá intacta.
Transformar la realidad del agua en el país requiere desmontar el sistema de acaparamiento de concesiones corporativas, democratizar la toma de decisiones en las cuencas, sancionar la contaminación impune y reorientar el papel del Estado para que la gestión de la Conagua deje de favorecer los intereses empresariales y garantice de forma efectiva el agua como un bien común inalienable.
