Por. J. Jesús Lemus
Mientras el discurso oficial de la Cuarta Transformación se proclama a sí mismo como la cúspide de las gestas progresistas y populares del país, voces clave del pensamiento crítico, entre las que destaca de manera prominente el sociólogo y antropólogo Roger Bartra, sostienen una tesis diametralmente opuesta: tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum encabezan en realidad un proyecto marcadamente conservador.
Roger Bartra no utiliza el concepto para señalar a una facción confesional o a un grupo nostálgico del siglo XIX, sino para referirse a una fuerza ideológica y estructural orientada al restablecimiento, preservación y consolidación de las viejas formas del autoritarismo priista del siglo XX.
Desde esta perspectiva analítica, el fenómeno político inaugurado en 2018 y extendido en el sexenio de Sheinbaum no representa una ruptura revolucionaria ni un avance socialdemócrata, sino una restauración regresiva. El proyecto gubernamental utiliza la retórica de izquierda como un envoltorio populista para blindar y perpetuar estructuras de poder verdaderamente conservadoras.
A partir de la premisa planteada por Bartra, un examen riguroso de las dos administraciones permite identificar un entramado de decisiones políticas, reformas institucionales y visiones de Estado que funcionan como efectivos mecanismos de protección y perpetuación de elementos profundamente conservadores en la vida pública nacional.
Las razones del conservadurismo de la 4T
Un primer eje fundamental de esta protección al conservadurismo estructural reside en el proceso de militarización y centralización del poder público. Históricamente, la izquierda democrática impulsó la desmilitarización de la seguridad ciudadana, el control civil sobre las fuerzas armadas y la rendición de cuentas institucional. Sin embargo, bajo el gobierno de López Obrador y continuado de forma sistemática por Claudia Sheinbaum, las Fuerzas Armadas han recibido una acumulación inédita de poder político, económico y administrativo.
El traspaso formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la entrega a los militares de la construcción de infraestructura, la administración de puertos, aeropuertos y aduanas, y el manejo de empresas estatales, consolida a la corporación castrense como el pilar central del régimen. Proteger e institucionalizar el poder militar en los asuntos civiles es una de las prácticas más genuinamente conservadoras en la historia del Estado moderno, pues deposita en el monopolio de la fuerza la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Un segundo pilar analítico es el desmontaje del entramado institucional democrático y el retorno al hiperpresidencialismo centralista. La modernización política del México de finales del siglo XX se caracterizó por la creación de órganos autónomos encargados de garantizar la transparencia, regular los mercados, arbitrar las elecciones y proteger los derechos humanos contra los abusos del poder ejecutivo.
Las reformas constitucionales promovidas por la Cuarta Transformación, orientadas a la asimilación o debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de diversas comisiones reguladoras, constituyen una preservación del modelo de mando único vertical.
Al desmantelar los contrapesos institucionales, el régimen protege una concepción conservadora del poder, donde la voluntad del titular del Ejecutivo prevalece por encima de la mediación institucional y de los procedimientos democráticos.
El tercer elemento se manifiesta en el ámbito judicial y en el ataque a la división de poderes. La reforma integral al Poder Judicial, implementada para someter la elección de ministros, magistrados y jueces al voto popular, busca subordinar a uno de los poderes de la Unión a las dinámicas de las mayorías electorales del momento.
Desde el prisma crítico de Bartra, lejos de democratizar la justicia, esta medida debilita la independencia judicial, necesaria para la protección de las minorías y el cumplimiento de las garantías individuales. La protección contra la fiscalización y la anulación del arbitraje constitucional independiente reflejan una resistencia estructural al Estado de derecho pluralista, un rasgo definitivo del pensamiento político estatista y conservador.
Un cuarto aspecto central se encuentra en la política fiscal y económica, donde el régimen ha mantenido una ortodoxia macroeconómica rigurosa que contradice las metas distributivas de una izquierda transformadora. A lo largo del sexenio de López Obrador y en la continuidad trazada por Sheinbaum, el gobierno ha rechazado sistemáticamente la implementación de una reforma fiscal progresiva que incremente la carga impositiva sobre las grandes riquezas y corporaciones.
La bandera de la austeridad republicana se tradujo en la compresión del gasto público operativo, la reducción del aparato estatal y la eliminación de programas sociales universales de infraestructura social, sustituyéndolos por transferencias monetarias directas.
Aunque la entrega directa de recursos económicos posee un alto impacto electoral y alivia la pobreza inmediata, no altera la concentración de la riqueza en la cima de la pirámide económica ni fortalece los bienes públicos esenciales como la educación y la salud pública. Al salvaguardar los intereses del gran capital financiero y declinar una redistribución tributaria profunda, el modelo económico actúa como un escudo protector de las estructuras de desigualdad existentes.
El quinto pilar se observa en la erosión de la red de protección social del Estado, particularmente en los sectores de salud y educación. El desmantelamiento de sistemas de aseguramiento de la salud y la errática transición hacia nuevos organismos centralizados derivaron en severos desabastos de medicamentos y en la pérdida de cobertura médica formal para millones de personas.
Frente a la incapacidad del Estado para proveer un sistema público de salud eficiente y universal, las familias mexicanas han tenido que incrementar sus gastos de bolsillo o recurrir al sector privado informal y de farmacias de bajo costo. Esta retirada de las responsabilidades asistenciales de las instituciones públicas traslada la carga del bienestar a la unidad familiar y al mercado, reproduciendo esquemas sociales conservadores donde el individuo debe resolver sus carencias estructurales de forma privada.
En sexto lugar, destaca la posición adoptada frente a la agenda de las transiciones energéticas y la protección ambiental. La política energética impulsada por la administración federal ha priorizado el fortalecimiento monopólico de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, basando la matriz energética nacional en la refinación de combustibles fósiles y la quema de combustóleo.
El rezago o desincentivo a la inversión en energías renovables y la construcción de megaproyectos de infraestructura en ecosistemas vulnerables contravienen los principios del ecologismo moderno propugnado por las izquierdas globales. La insistencia en un modelo de desarrollo extractivista y centrado en los hidrocarburos refleja una nostalgia por el modelo industrializador de mediados del siglo pasado, protegiendo prácticas productivas superadas y de alto impacto ambiental.
Un séptimo punto indispensable en esta caracterización es la relación del régimen con el movimiento feminista y la diversidad social. A pesar del discurso de paridad de género en los cargos públicos y del perfil académico de la actual Presidenta, las administraciones de Morena han mantenido una postura distante y, en ocasiones, confrontativa hacia las demandas del feminismo organizado.
Las protestas contra la violencia machista, los feminicidios y las deficiencias del sistema de justicia frecuentemente han sido descalificadas desde la vocería oficial como maniobras promovidas por sectores opositores. Asimismo, la persistente falta de un sistema nacional de cuidados que libere a las mujeres de la carga no remunerada del trabajo doméstico perpetúa la división tradicional del trabajo. Este choque recurrente con las luchas de género demuestra una resistencia conceptual a integrar la perspectiva de las identidades emergentes en el núcleo de las prioridades estatales.
El octavo aspecto refiere al ámbito de las libertades públicas, la deliberación democrática y la relación con la prensa crítica y la sociedad civil organizada. Desde la tribuna de las conferencias mañaneras, tanto en la etapa presidencial previa como en la actual, se ha recurrido al señalamiento diario y la estigmatización de periodistas, académicos, organizaciones no gubernamentales e intelectuales que cuestionan la línea gubernamental.
El uso del aparato de comunicación pública para polarizar a la sociedad entre simpatizantes del proyecto e “adversarios conservadores” funciona como una paradoja Orwelliana: se tilda de conservador a cualquier crítico mientras el poder aplica mecanismos de disciplina y estigmatización sobre la disidencia. Esta intolerancia a la pluralidad de opiniones y el intento de construir un pensamiento único oficial representan métodos históricos de control social profundamente conservadores.
Por último, el noveno elemento se sitúa en la construcción de un discurso identitario basado en el nacionalismo oficial y el uso político del pasado histórico. La narrativa de la Cuarta Transformación apela de manera recurrente a una visión mítica de la historia nacional, recurriendo a símbolos patrios, héroes nacionales y ritos tradicionales para legitimarse.
Este nacionalismo defensivo y excluyente se proyecta también en la política exterior, donde la adhesión estricta a un principio de no intervención ha servido para evitar la condena a regímenes autoritarios en la región. La sacralización de la patria, la exaltación de los valores tradicionales de la familia como red de contención social y el uso pragmático de alianzas con sectores religiosos evangélicos en los orígenes del movimiento consolidan un basamento moral conservador.
La lectura periodística y sociológica planteada por Roger Bartra permite vislumbrar que la dicotomía entre liberales y conservadores utilizada por el discurso oficial funciona como una cortina de humo.
Detrás del ropaje progresista y del lenguaje de reivindicación popular, las gestiones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han articulado una política de Estado volcada a la restauración de la hegemonía presidencial, el fortalecimiento de la casta militar, la preservación de la estructura impositiva regresiva, la subordinación del poder judicial y la domesticación de la pluralidad política.
