Por. J. Jesús Lemus
Un informe de inteligencia y la filtración de material fotográfico han situado en el centro del debate político y mediático nacional las relaciones entre la delincuencia organizada y la política electoral en el norte de México. La controversia gira alrededor de una supuesta reunión celebrada a principios de 2024 en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, entre la funcionaria federal y dirigente política Ariadna Montiel Reyes y Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, líder de una facción del Cártel de Sinaloa y hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El caso tomó relevancia tras la publicación de una columna firmada por el periodista Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, en la cual se expusieron presuntos reportes elaborados por agencias federales de seguridad.
De acuerdo con lo publicado por el diario, en dicho encuentro se habría pactado financiamiento, logística y respaldo territorial en favor de candidaturas del partido Morena en Chihuahua previo al proceso electoral de 2024.
Las afirmaciones han sido desmentidas categóricamente por la propia implicada y por el Gabinete de Seguridad federal, generando un tenso cruce de declaraciones entre el Gobierno federal y las autoridades locales de Chihuahua.
La filtración periodística y las evidencias fotográficas
El foco de la investigación periodística recae sobre la difusión de un paquete de fotografías publicado por El Universal, en las cuales se registran movimientos de vehículos y personas armadas en medio de un paraje boscoso e intrincado en la zona montañosa de Chihuahua.
En las imágenes captadas a distancia y entre la vegetación de la sierra, se aprecian vehículos modificados y camionetas tipo pickup todoterreno alineadas sobre un camino de terracería. Junto a las unidades se observan sujetos con vestimenta táctica y personas de civil sosteniendo una conversación en un punto aislado de la sierra.
Según el reporte periodístico que acompaña a las fotografías, el material forma parte de los seguimientos y la vigilancia de campo realizada por áreas de inteligencia sobre los despliegues de seguridad en la región conocida como el Triángulo Dorado.
El artículo publicado indica que a la reunión en Guadalupe y Calvo no solo habría acudido la alta funcionaria, sino también otros cuadros políticos regionales, entre ellos el exdelegado de los Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Las imágenes publicadas por el medio de comunicación se presentaron como el sustento gráfico del informe sobre la incursión y presencia de actores políticos en territorios bajo control del crimen organizado.
El contexto y los presuntos acuerdos electorales
La divulgación del informe ocurre en medio de una prolongada disputa política y de acusaciones cruzadas en el estado de Chihuahua. El contexto institucional se ha visto marcado por discrepancias entre la administración estatal, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y el Ejecutivo federal.
De acuerdo con lo expuesto en las filtraciones, los supuestos acuerdos en Guadalupe y Calvo contemplaban el financiamiento indirecto a campañas locales, la facilitación de movilización el día de la jornada electoral de 2024 y el libre tránsito en municipios de la Sierra Tarahumara a cambio de presuntas garantías operativas. En las acusaciones previas vertidas en el ámbito público local se había señalado la injerencia de grupos armados durante los comicios ordinarios en diversos municipios serranos.
Asimismo, los reportes periodísticos mencionaron que las sospechas y señalamientos de la gobernadora de Chihuahua tenían como antecedente los propios informes de las agencias de seguridad e inteligencia militar que registraron la movilización atípica en la sierra durante los primeros meses de 2024.
Desmentidos oficiales y el derecho de réplica
Ante las publicaciones difundidas por El Universal, la reacción del gobierno federal y de Ariadna Montiel no se hizo esperar. A través de un posicionamiento público y mediante la exigencia formal del derecho de réplica, Montiel negó de forma tajante haber sostenido reunión alguna con Aureliano Guzmán Loera o con cualquier otra persona vinculada a actividades ilícitas.
La dirigente y funcionaria calificó los señalamientos como una campaña de calumnias e infamias orquestada desde la oposición y alimentada por versiones sin fundamento judicial ni ministerial. Montiel solicitó a la dirección del periódico y al columnista una disculpa pública, asegurando que el supuesto informe federal citado no existe en los registros oficiales y que las interpretaciones dadas a las imágenes corresponden a fabricaciones de tinte electoral.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal secundó la postura de la funcionaria e informó oficialmente que no existe expediente, reporte o investigación que valide la realización de dicho encuentro entre autoridades federales e integrantes del crimen organizado en la sierra de Chihuahua.
Las autoridades federales enfatizaron que los despliegues de las fuerzas armadas en el Triángulo Dorado responden a operativos continuos de erradicación de cultivos y combate a la delincuencia, descartando que existan registros institucionales de negociaciones políticas en la zona.
El caso continúa generando debate en el escenario político nacional, marcando la agenda de discusión sobre la veracidad de los reportes de inteligencia filtrados a la prensa, la autenticidad de las evidencias fotográficas y los límites del enfrentamiento entre las fuerzas políticas en el país.
