La red de negocios que envuelve al círculo familiar de Rubén Rocha Moya representa un estudio de caso sobre cómo el poder político regional se convierte en un mecanismo eficaz de acumulación patrimonial privada a costa de los recursos de la ciudadanía
Por. J. Jesús Lemus
En el epicentro del estado de Sinaloa, la administración pública ha dejado de operar bajo los principios formales de contención presupuestal para convertirse en una estructura de beneficios cruzados.
Alrededor del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se ha consolidado una tupida trama de intereses donde las fronteras entre el poder político, la función gubernamental y los negocios privados se han desdibujado.
El caso de la familia Rocha evoca las peores prácticas del nepotismo histórico del país, recordando a dinámicas dinásticas donde la influencia oficial sirve como la llave maestra para abrir el presupuesto público en beneficio directo e indirecto de familiares y socios cercanos.
El modus operandi de esta red no siempre opera de forma burda directiva, sino a través de esquemas de interposición de personas y sociedades mercantiles interconectadas. Diversas investigaciones periodísticas, de organizaciones anticorrupción y reportes financieros han documentado la manera en que empresas vinculadas con los hijos del mandatario sinaloense, así como compañías propiedad de sus socios comerciales directos, han sido beneficiadas con adjudicaciones y contratos millonarios procedentes del erario estatal y municipal.
Esta ingeniería financiera ha abarcado dependencias estratégicas de la entidad, incluyendo los Servicios de Salud de Sinaloa, los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia tanto a nivel estatal como municipal, e instancias de la administración pública local.
Los proveedores consentidos del Estado
Entre las principales figuras señaladas dentro del círculo filial destacan sus hijos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, cuyas vinculaciones en el sector mercantil se remontan a empresas de construcción y provisión de bienes, constituidas o expandidas durante los periodos de ascendencia política de su padre.
Las auditorías e indagatorias independientes han descubierto patrones alarmantes de contratación: empresas creadas por socios directos de los hermanos Rocha Ruiz obtuvieron contratos para el suministro de víveres, equipo técnico y servicios diversos donde los requerimientos de compra y las órdenes finales facturadas registraban incrementos exponenciales con respecto a los convenios originales.
De manera paradigmática, algunos de los empresarios beneficiados con estas adjudicaciones millonarias terminaron por incorporarse formalmente como altos funcionarios en la propia estructura del gobierno del estado, consumando una evidente puerta giratoria entre el interés privado y la administración pública.
El Yerno, metiendo la mano
En forma paralela, la influencia del entorno familiar se extiende hacia la figura de su yerno, Jorge Antonio Cano Félix, pareja de Eneyda Rocha Ruiz, titular del DIF estatal. La trayectoria patrimonial y operativa de Cano Félix ha sido objeto de escrutinio público debido al veloz crecimiento de sus activos y a su papel destacado como financiador de estructuras políticas de Morena.
La presencia de entidades financieras bajo su control operando al margen de certificaciones antilavado, sumada a su adquisición regular de bienes de alto costo y su paso por dependencias públicas federales, expone una dimensión adicional del entramado.
Los recursos provenientes de estas redes familiares no solo han servido para enriquecer el patrimonio individual del círculo cercano del gobernador, sino que también habrían servido como combustible financiero para consolidar la presencia política del grupo oficialista a nivel territorial.
La consolidación del llamado clan Rocha pone en evidencia cómo las promesas de regeneración institucional y combate a la corrupción se topan con la dura realidad de la cooptación del Estado.
Al igual que ocurrió con otras familias del poder en el pasado reciente, la utilización de la estructura gubernamental para otorgar ventajas indebidas, adjudicaciones directas desproporcionadas y puestos clave a familiares e intermediarios mina la credibilidad de las instituciones públicas.
