El paro de labores no es únicamente una controversia laboral por un porcentaje de incremento presupuestal; es el reflejo visible de una crisis institucional multifacética
La convergencia entre el descontento de la base trabajadora, la exhibición de las redes de poder territorial en las juntas locales y los expedientes judiciales por probables actos de corrupción señalan un periodo de profunda reestructuración y escrutinio para el árbitro electoral de México
Por. J. Jesús Lemus
A la par de los señalamientos de corrupción e investigaciones financieras que cercan a su alta dirección, la base trabajadora del INE ha decidido llevar su descontento a las calles. En al menos 20 entidades del país, más de 5 mil empleados adscritos a los Módulos de Atención Ciudadana suspendieron labores de manera indefinida. La medida paraliza temporalmente la emisión y actualización de la credencial para votar, el documento de identidad más importante del país, en una protesta que desnuda las profundas fracturas internas del órgano electoral.
El motivo formal de la movilización responde a una demanda salarial acumulada durante años por parte de la fuerza operativa que atiende diariamente a la ciudadanía. Las representaciones de los trabajadores demandan un ajuste sustancial a sus percepciones y mejores condiciones contractuales.
En respuesta a la inminente suspensión de actividades, la administración del Instituto ofreció una propuesta que fue calificada por los manifestantes como insuficiente y extemporánea: un incremento salarial del 6 por ciento destinado al personal operativo.
Sin embargo, el punto crucial del conflicto radica en el calendario institucional, pues las autoridades plantearon que dicho aumento no se reflejaría en los bolsillos de los trabajadores de inmediato, sino a partir de enero de 2027.
La postergación del ajuste salarial encendió los ánimos de las delegaciones sindicales y agrupaciones de empleados de base. Consideran inaceptable que la respuesta a una inflación persistente y al desgaste de las prestaciones laborales sea un compromiso diferido a más de un año de distancia.
Para los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, la propuesta administrativa representa un diferimiento que desacredita la urgencia de sus necesidades diarias, en contraste con el ejercicio del presupuesto institucional que ha sido objeto de severas críticas en los últimos meses.
Ven la mano de Lupe Taddei
Más allá del reclamo económico, analistas del ámbito político y fuentes internas del organismo leen este paro de labores dentro de un marco referencial sensible y complejo. La paralización coordinada en 20 estados refleja las profundas disputas de poder que cruzan al instituto. La movilización es observada como un movimiento con implicaciones políticas directas, en el que convergen redes territoriales construidas a lo largo de los últimos años por los grupos que respaldan a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.
Desde su llegada al cargo, Taddei tejió alianzas estratégicas y fortaleció estructuras de influencia en diversas Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en el interior del país. La sincronización de las protestas en dos terceras partes del territorio nacional pone en evidencia la capacidad de articulación que sostienen los grupos afines a la Presidencia del Consejo General dentro de las delegaciones estatales. La manifestación del descontento en la base trabajadora no solo responde a una legítima reivindicación salarial, sino que también funciona como un pulso de poder institucional en un momento en que la cúpula del INE enfrenta una inusual presión política y mediática.
¿Es para distraer el escándalo de corrupción?
El entorno en el que estalla esta huelga parcial está dominado por un escándalo de corrupción que ha sacudido los cimientos de la autoridad electoral. Investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera colocaron bajo la lupa una presunta red de contratación irregular dentro del organismo. Los expedientes indagan adjudicaciones de contratos por montos millonarios vinculados a Alfredo Hernández Casillas, señalado como un contratista favorecido durante la presente gestión.
Las indagatorias señalan la presunta simulación de licitaciones y adjudicaciones a modo dirigidas al suministro de materiales electorales, servicios informáticos y logística interna. Según reportes de las autoridades financieras y fiscalizadoras, diversas empresas vinculadas al grupo empresarial de Hernández Casillas obtuvieron contratos multimillonarios mediante esquemas de subcontratación y triangulación de recursos públicos. Esta situación derivó en el congelamiento de cuentas bancarias de los implicados y en la interposición de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
La filtración de audios y la revelación de llamadas telefónicas entre los involucrados agregaron tensión al conflicto institucional. El intercambio de presiones entre proveedores y altos mandos electorales evidenció un manejo opaco en el presupuesto destinado a la operación ordinaria del órgano electoral. Mientras las investigaciones administrativas e institucionales avanzaban, la oficina de la presidencia del INE registró una serie de renuncias y bajas de personal directivo y de asesores, lo que desestabilizó la estructura operativa superior de la institución.
Es en este contexto de opulencia en los contratos y cuestionamientos éticos en los altos mandos donde se inserta el malestar de la fuerza de trabajo operativa. Para el personal adscrito a los Módulos de Atención Ciudadana, la paradoja es evidente: mientras se señalan presuntas irregularidades y montos estratosféricos dirigidos a contratistas privados, a los empleados que dan la cara frente al ciudadano se les pide paciencia para recibir un aumento del 6 por ciento que llegaría hasta el ejercicio presupuestal de 2027.
El paro en los 20 estados afecta a miles de ciudadanos que acuden a tramitar o recoger su credencial de elector, renovar datos o solicitar reposiciones por robo o extravío. La parálisis en las ventanillas de atención ciudadana repercute directamente en la vida cotidiana del país, ya que la credencial del INE es el principal documento exigido para trámites bancarios, legales y administrativos. En varias sedes, los trabajadores han colocado mantas y carteles en los que exigen justicia salarial, homologación de prestaciones y un trato digno que corresponda a las cargas de trabajo que sostienen durante todo el año.
Por su parte, la representación institucional ha argumentado que las propuestas presentadas forman parte de un esfuerzo integral de revisión de las condiciones laborales que incluye aspectos operativos, insumos papeleros, equipamiento tecnológico y la regularización de viáticos o gastos de campo pendientes. Sin embargo, el planteamiento de supeditar el ajuste salarial a la formulación del presupuesto del año 2027 no logró desactivar la inconformidad.
