Por. J. Jesús Lemus
Las tensiones comerciales e internacionales en torno al clima de inversión en México atraviesan un punto determinante debido a la acumulación de reclamos millonarios en tribunales arbitrales por parte de corporaciones de América del Norte.
En el centro de esta disputa se encuentran millonarias controversias bajo el amparo de los mecanismos de resolución de disputas inversionista-Estado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del difunto TLCAN, en las cuales empresas norteamericanas y canadienses reclaman compensaciones masivas argumentando violaciones a los compromisos de trato justo, certidumbre jurídica y protección a sus capitales.
Las empresas demandantes acusan que las decisiones de política regulatoria y energética, impulsadas en su momento por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidadas por la mandataria Claudia Sheinbaum, han modificado las reglas del juego de manera sustancial.
Entre los principales reclamos figuran el desplazamiento de la iniciativa privada en favor de las empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la imposición de barreras administrativas a proyectos de energía renovable, la denegación de permisos de exploración minera e impactos regulatorios directos sobre proyectos de extracción y logística.
Las compañías internacionales sostienen que la estrategia gubernamental, encaminada a fortalecer el control estatal y supeditar los planes privados al Plan México y al modelo de desarrollo nacional, equivale a expropiaciones indirectas y a una clara exclusión de los planes de inversión acordados.
Por su parte, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene una postura de firmeza jurídica y soberanía regulatoria. La administración federal argumenta que el Estado tiene el derecho inalienable de dictar sus políticas internas, vigilar el cumplimiento estricto de las normas ambientales y priorizar la seguridad energética nacional.
En el sector minero, la mandataria ha señalado abiertamente que muchas firmas extranjeras aplican en territorio mexicano estándares de responsabilidad ambiental y social muy inferiores a los que están obligadas a respetar en sus países de origen, por lo que el rigor regulatorio no constituye un desacato a los tratados comerciales, sino la aplicación objetiva de la ley.
En los páneles de arbitraje internacional, el equipo legal de la Secretaría de Economía ha logrado contener parte del impacto económico de estos reclamos, obteniendo la desestimación de diversos procesos y la reducción sustancial de los montos exigidos originalmente por consorcios mineros y energéticos.
No obstante, la vigencia de estos litigios millonarios mantiene bajo escrutinio la estrategia comercial del país, en un momento en que el gobierno busca atraer capitales privados estratégicos a través de convocatorias mixtas de infraestructura y proyectos de transición energética, mientras se aproxima el proceso formal de revisión y negociación del T-MEC.
