La transformación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el INDEP no implicó una mejora en la transparencia ni un incremento en la eficacia del resguardo patrimonial del Estado. Al final, el instituto terminó reproduciendo los mismos vicios burocráticos del pasado, pero bajo un nombre cargado de demagogia, demostrando que la narrativa anticorrupción del obradorismo operó fundamentalmente en el terreno simbólico, mientras que la contabilidad real dejaba un saldo de ineficiencia administrativa, altos costos salariales y promesas de justicia social completamente vacías.
Por. J. Jesús Lemus
El 21 de mayo de 2019, la narrativa de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un cambio radical en la administración pública federal. Con un acento marcadamente populista y una intencionalidad retórica indiscutible, el viejo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue rebautizado por decreto como el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP).
La promesa no era menor: arrebatar los bienes mal habidos a los grandes corruptos, a la delincuencia organizada y a la alta burocracia para reencauzarlos hacia las comunidades más rezagadas del país.
Sin embargo, a más de un sexenio de su creación, la revisión fría de las cifras de la administración pública revela que la institución se ha transformado en un costoso monumento al gasto corriente, cuyo aparato burocrático absorbe anualmente una cifra superior a los 1,400 millones de pesos, operando más como un barril sin fondo que como la agencia de justicia redistributiva anunciada en las plazas públicas.
El INDEP no fue creado desde cero como una entidad con facultades persecutorias o ministeriales; su base legal operó simplemente como una reestructuración formal del SAE, un organismo descentralizado que ya existía para administrar, vender y liquidar bienes en custodia del Estado.
La gran falacia discursiva radica en atribuirle a este instituto la capacidad de “incautar” o “confiscar”. El INDEP no incauta absolutamente nada. Por lo tanto, la idea de un instituto dedicado a perseguir y arrebatar la riqueza a la delincuencia no es más que una ficción propagandística.
Constitucionalmente, la incautación de bienes cometidos por delitos de delincuencia organizada o corrupción es una atribución exclusiva del Ministerio Público de la Federación a través de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, mediante los juzgados de Extinción de Dominio.
El organismo se limita a ser un depositario de activos que, en su inmensa mayoría, provienen de embargos fiscales, decomisos administrativos de aduanas y procesos judiciales inconclusos. El problema medular es que la efectividad con la que esos bienes son transformados en recursos reales para la ciudadanía resulta marginal o inexistente en términos de restituciones masivas.
Los montos recuperados mediante sus mediáticas subastas suelen diluirse entre gastos de almacenamiento, servicios de vigilancia privada de bodegas, mantenimiento de activos en deterioro y procesos judiciales contenciosos promovidos por los propios legítimos propietarios que exigen la devolución de sus bienes.
Más caro el costo que el beneficio social
La brecha entre la retórica y la contabilidad pública se profundiza cuando se examina el costo operativo del instituto. Mantener la estructura del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado implica un desembolso fiscal anual que supera holgadamente los 1,400 millones de pesos, recursos aprobados sistemáticamente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este presupuesto no se destina a financiar escuelas, hospitales ni infraestructura en los municipios marginados que el discurso oficial prometió beneficiar, sino a solventar los sueldos, prestaciones, operativos y logística interna de una nómina que cuenta con miles de empleados repartidos entre la sede central en la Ciudad de México y sus diversas delegaciones regionales.
En las tripas administrativas de la dependencia coexiste una densa burocracia estructurada por directores generales, directores corporativos, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y personal operativo dedicados a la clasificación, avalúo, resguardo y enajenación de bienes.
El organigrama de la Dirección General encabeza una cascada de áreas ejecutoras como la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas, la Dirección Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia, la Dirección Corporativa de Bienes, la Dirección Corporativa de Coordinación Regional y la Dirección Corporativa de Administración y Liquidación de Activos.
A esto se suma el despliegue presupuestario en contratación de despachos externos de valuación, el arrendamiento de extensos almacenes, el pago de seguros contra siniestros y los contratos millonarios con empresas de seguridad privada para evitar el saqueo o la pérdida de mercancías bajo su custodia.
Un desglose pormenorizado del gasto operacional muestra cómo el propio mantenimiento del instituto consume los ingresos que genera. Por ejemplo, en varios ejercicios fiscales, los recursos obtenidos a través de las promocionadas “Subastas con Sentido Social” no alcanzaron a cubrir ni el 10 por ciento del gasto total que implica mantener abierto el organismo durante el mismo periodo.
Es decir, cuesta significativamente más caro pagar los sueldos de los funcionarios y la renta de las bodegas que el valor comercial real de los remates presentados a la opinión pública como grandes triunfos contra la corrupción. Los vehículos de lujo deteriorados, los inmuebles con litigios pendientes o las mercancías decomisadas en aduanas muchas veces permanecen años perdiendo valor comercial, convirtiéndose en pasivos financieros directos para la Hacienda Pública.
Desde el principio, una ocurrencia
La fragilidad y las contradicciones de este modelo quedaron al descubierto desde los primeros años del instituto, marcados por escándalos internos, dimisiones de sus titulares y denuncias sobre el propio mal manejo de los bienes bajo resguardo. Cabe recordar el hito que significó la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al frente del INDEP, quien al dejar el cargo hizo públicas serias irregularidades que destruyeron el aura de santidad moral con la que se rodeó al organismo.
Cárdenas denunció formalmente el descuido y la mutilación de joyas depositadas en las bóvedas del instituto —donde piezas de oro y piedras preciosas eran saqueadas o alteradas—, la manipulación de subastas electrónicas para beneficiar a postores específicos y la falta de transparencia en las liquidaciones de los recursos.
La respuesta del Ejecutivo federal frente a estas evidencias de corrupción institucional no fue la reestructuración profunda, sino el reemplazo sistemático de sus titulares por perfiles leales al proyecto político, llegando a colocar a figuras del entorno cercano del propio presidente como Alberto Becerra Mendoza, e inscribiendo la rotación de mandos en la lógica de la lealtad partidista por encima de la capacidad técnica para la gestión patrimonial.
La gestión al frente de esta dependencia continuó bajo la dirección de perfiles provenientes de la estructura política del oficialismo, como Mónica Fernández Balboa.
En la práctica diaria, el instituto fue absorbido progresivamente por tareas de liquidación de entidades extintas del Estado, como la Financiera Nacional de Desarrollo o la antigua Ferrocarriles Nacionales de México, alejándose de manera definitiva de su narrativa original centrada en arrebatarle el dinero a la delincuencia para regresárselo al pueblo.
Las presentaciones públicas en las conferencias matutinas, donde se exhibían cheques gigantes que supuestamente iban dirigidos a municipios pobres como Santos Reyes Yucuná o Santa María Zaniza en Oaxaca, escondían una realidad contable compleja:
Gran parte de esos fondos no provenían de bienes decomisados al narco o a políticos corruptos, sino de la transferencia directa de recursos de la Tesorería de la Federación o de los remanentes de cuentas bancarias olvidadas y bienes aduanales que el SAE ya administraba desde hacía dos décadas.
El balance analítico sobre el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado demuestra la utilización del aparato gubernamental como herramienta de mercadotecnia electoral y polarización social. El nombre de la dependencia constituyó un acierto propagandístico diseñado para generar la percepción inmediata de que la justicia distributiva se estaba aplicando en tiempo real.
Sin embargo, al confrontar la marca con los datos presupuestarios, los informes de la Auditoría Superior de la Federación y los registros de la Cuenta Pública, el espejismo se disuelve. La ciudadanía no ha recibido el beneficio directo de un flujo constante de riqueza devuelta, pero sí ha financiado con el dinero de sus impuestos una pesada maquinaria administrativa de 1,400 millones de pesos al año que resulta insostenible bajo los propios criterios de eficiencia y racionalización del gasto que el gobierno decía promulgar.
