El auge de los municipios independientes en México demuestra que la democracia trasciende por mucho las urnas tradicionales y las boletas electorales de los partidos. La consolidación de Cherán, el mapa expansivo de Oaxaca y la germinación de nuevos autogobiernos en Guerrero, Chiapas y Morelos representan un laboratorio vivo de soberanía popular
Por. J. Jesús Lemus
En diversas regiones del país, el modelo tradicional de representación política, dominado por los partidos y las estructuras electorales convencionales, enfrenta un severo cuestionamiento. La ciudadanía organizada en municipios de tradición indígena ha encontrado en la figura del autogobierno, bajo el marco normativo de los sistemas normativos internos o usos y costumbres, una vía institucional y constitucional para recuperar la soberanía comunitaria, la paz y la administración directa de sus recursos presupuestales.
Esta tendencia no surge por azar ni responde a una moda ideológica pasajera, sino a una respuesta directa frente a la crisis institucional que ha golpeado al ámbito municipal en las últimas décadas. En numerosos territorios de la geografía mexicana, la figura del presidente municipal electo por la vía de los partidos políticos terminó convirtiéndose en un intermediario de la corrupción, el favoritismo cliente lar y, en los casos más severos, en una vía de penetración y cooptación por parte del crimen organizado.
Frente al saqueo sistemático de los recursos naturales, el abandono de los servicios públicos esenciales y la violencia impune de grupos delictivos coludidos con autoridades locales, los pueblos originarios apelaron a su derecho histórico a la libre determinación para expulsar a las burocracias partidistas y refundar sus propias formas de gobierno.
El sustento jurídico que respalda esta insurgencia institucional se encuentra arraigado en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales emblemáticos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos marcos legales reconocen el derecho inalienable de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
A través de fallos históricos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha consolidado el criterio de que las comunidades originarias no requieren de la intermediación de los partidos políticos para ejercer el gobierno local ni para recibir y administrar directamente los fondos públicos federales y estatales que les corresponden por derecho.
Se alejan los municipios de la corrupción partidista
En la actualidad, el país cuenta con más de cuatrocientos veinte municipios formalmente reconocidos bajo el régimen de usos y costumbres, concentrados principalmente en el sur y occidente de la República. El caso más masivo e históricamente institucionalizado corresponde a Oaxaca, donde la inmensa mayoría de sus divisiones territoriales eligen a sus autoridades sin la intervención de las siglas partidistas. A este esquema se han sumado, con procesos singulares de lucha legal y social, municipios en estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Morelos, configurando un mosaico normativo que redefine el pacto federal en México.
El referente paradigmático que marcó un hito en la historia contemporánea del autogobierno en México es, sin duda, la comunidad purépecha de Cherán, ubicada en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán. El proceso de Cherán representa la génesis del movimiento moderno de municipios independientes por usos y costumbres, al haber logrado por primera vez en la historia judicial del país el reconocimiento pleno de su autonomía mediante una batalla legal y comunitaria sin precedentes.
Para entender el levantamiento de Cherán es necesario remontarse a los años previos a 2011, cuando la comunidad vivía sitiada por la violencia. Células del crimen organizado, amparadas por la omisión y la complicidad de las autoridades municipales de extracción partidista y de las fuerzas de seguridad locales, ejecutaron una deforestación sistemática de más de veinte mil hectáreas de bosques de pino y encino. Los talamontes clandestinos no solo saqueaban la riqueza natural del territorio sagrado purépecha, sino que imponían un régimen de terror basado en extorsiones, secuestros, despojos y asesinatos de comuneros que intentaban defender el entorno ecológico.
Cherán, el quiebre histórico municipalista
La madrugada del 15 de abril de 2011 marca el punto de quiebre histórico. Cansadas de la humillación y el saqueo, un grupo de mujeres del pueblo dio el grito de alarma haciendo repicar las campanas de la parroquia de San Francisco de Asís y tocando los cuernos de toro para convocar a la población. Con palos, piedras y machetes, las mujeres hicieron frente a los camiones de los talamontes en el paraje conocido como El Calvario, deteniendo la marcha de los vehículos y reteniendo a los operadores. En pocas horas, la comunidad entera se sumó a la rebelión.
Para protegerse de la inminente represalia de los grupos armados, los habitantes de Cherán cerraron los accesos al pueblo, levantaron barricadas en las entradas estratégicas y encendieron cientos de fogatas en las esquinas de los cuatro barrios tradicionales: Jarákutini, K’eri, Paríkuti y San Pedro. Estas fogatas se convirtieron en los centros de decisión política, deliberación y vigilancia comunitaria. En ese mismo acto de resistencia, el pueblo tomó la determinación radical de expulsar a los miembros del ayuntamiento saliente, desarmar y correr a la policía municipal corrupta y prohibir definitivamente la entrada de todos los partidos políticos a su territorio.
Con el pueblo blindado por su propia gente, Cherán emprendió una compleja vía jurídica articulada por los abogados comunitarios y los concejales tradicionales. El objetivo era lograr que las autoridades electorales reconocieran que la comunidad tenía el derecho de no celebrar elecciones municipales por el sistema de partidos políticos en los comicios de noviembre de 2011. Tras un arduo litigo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió en noviembre de 2011 la histórica sentencia SUP-JDC-9167/2011, en la cual declaró procedente la petición de la comunidad indígena de Cherán para elegir a sus propias autoridades mediante sus usos y costumbres tradicionales.
El 22 de enero de 2012, en una asamblea general multitudinaria, el pueblo de Cherán eligió a los integrantes de su primer Consejo Mayor de Gobierno Comunal, conocido como el Consejo de los K’eris (los ancianos o caracterizados). Este órgano colegiado sustituyó la figura del presidente municipal unipersonal, eliminando las planillas partidistas y los sueldos estratosféricos. Para sustituir a las corporaciones policiacas depravadas, la comunidad restableció la antigua estructura de la Ronda Comunitaria, un cuerpo de seguridad integrado por los propios vecinos, comprometidos con la vigilancia del territorio, la protección de los bosques y el mantenimiento del orden público sin vínculos con la delincuencia.
El éxito de Cherán demostró que la gestión de un municipio sin la intermediación de los partidos políticos no solo era legalmente viables, sino que permitía reducir drásticamente los índices delictivos, erradicar la corrupción burocrática y encarar la restauración de los recursos naturales devastados. Este modelo se transformó en un faro de inspiración para decenas de pueblos originarios de todo el país que enfrentaban problemáticas idénticas de violencia, despojo e ineficiencia administrativa.
Oaxaca, el epicentro de la independencia
El estado de Oaxaca se posiciona como el epicentro absoluto de este modelo de gobernanza en la República Mexicana. De los 560 municipios que integran la geografía estatal, 417 se rigen de manera autónoma por sistemas normativos internos, mientras que únicamente ciento cincuenta y tres utilizan el sistema de partidos políticos para la elección de sus ayuntamientos.
En esta entidad, la legislación local reconoce desde la década de mil novecientos noventa la validez de las asambleas comunitarias como máxima autoridad deliberativa y decisoria. Entre los municipios autónomos más representativos de Oaxaca se encuentran Guelatao de Juárez, cuna de las leyes de reforma y referente de democracia directa; Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, reconocido por su gestión sustentable de los recursos forestales; San Juan Copala en la región Triqui; San Pedro Chenalhó y San Bartolo Coyotepec en los Valles Centrales; así como decenas de municipios pertenecientes a las regiones de la Mixteca, la Sierra Sur, la Sierra Norte, la Cañada y el Istmo de Tehuantepec, como San Pedro y San Pablo Ayutla, Guelavia, Villa Hidalgo Yalalag y San Juan Yaee.
En todos estos casos, las autoridades municipales son designadas por periodos que van desde un año hasta tres años, mediante cargos honoríficos de servicio a la comunidad donde el prestigio individual se mide por la vocación de trabajo comunitario y no por la capacidad de gasto de campaña.
Michoacán, el ejemplo de rebeldía
En el estado de Michoacán, tras la ruta abierta por la cabecera municipal de Cherán, el modelo de autogobierno y administración directa del presupuesto se expandió hacia la figura de los consejos comunales.
Aunque formalmente el mapa estatal contempla únicamente a Cherán como el municipio completo constituido en su totalidad como gobierno autónomo por usos y costumbres, diversas tenencias de gran dimensión territorial y demográfica han alcanzado el reconocimiento legal para operar como municipios de facto independientes en el manejo de su presupuesto y seguridad. Destacan los casos de la tenencia de Santa Cruz Tanaco en el propio municipio de Cherán; las comunidades de Sevina, Nahuatzen, Arantepacua y Turícuaro en el municipio de Nahuatzen; San Felipe de los Herreros y Ocumicho en el municipio de Charapan; Santa Fe de la Laguna en Quiroga; Pichátaro en Tingambato; San Angel Zurumucapio en Ziracuaretiro; y Tarecuato en Tangamandapio. La suma de estas comunidades consolida un corredor autónomo en la Meseta Purépecha que funciona al margen de las presidencias municipales tradicionales.
Guerrero, municipios de origen independiente
En la entidad de Guerrero, el movimiento por la libre determinación ha derivado en la creación formal de nuevos municipios independientes de composición indígena y afromexicana. El precedente fundamental de la resistencia en este estado fue el municipio de San Luis Acatlán, donde nació el sistema de justicia comunitaria operado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria.
Posteriormente, la presión social y el respaldo constitucional permitieron que municipios de reciente creación nacieran sin la presencia de los partidos políticos. Es el caso del municipio de Ayutla de los Libres, que en el año dos mil dieciocho logró la transición formal para desmantelar el sistema partidista y elegir a su gobierno municipal integrado por un Consejo Municipal Comunitario conformado por representantes elegidos en asambleas de las tres etnias del municipio: me’phaa, na’savi y mestiza. A este hito se han sumado los municipios indígenas recién decretados como Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas, los cuales avanzan en la consolidación de sus reglamentos normativos internos para autogobernarse al margen de los procesos electorales ordinarios.
Chiapas, la resistencia pacífica y civil
El estado de Chiapas alberga un fenómeno particular de autonomía municipal que combina la vía constitucional con la estructura de resistencia civil pacífica. Por un lado, se encuentran los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, que desde mediados de la década de mil novecientos noventa establecieron formas independientes de autogobierno en las regiones de Los Altos, la Selva Lacandona y el Norte de Chiapas.
Estas estructuras de gobierno, articuladas históricamente alrededor de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, administran salud, educación y justicia comunitarias de manera completamente desvinculada de la estructura presupuestal y partidista del estado mexicano. Por otro lado, en la vía del derecho electoral y administrativo reconocido por el Estado, resalta el caso del municipio de Oxchuc.
En 2019, Oxchuc hizo historia al convertirse en el primer municipio constitucional del estado de Chiapas en lograr el reconocimiento judicial para abolir el sistema de partidos políticos y elegir a sus autoridades municipales por medio de su Asamblea General de los Pueblos Tseltales, sentando un precedente que ha buscado ser replicado por municipios vecinos como Chilón y Sitalá.
Morelos, la independencia cultural
En el estado de Morelos, el reconocimiento de la autonomía indígena dio lugar a la creación de municipios socioculturalmente independientes. Tras reformas a la constitución local, se aprobó la creación de los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla.
Estas demarcaciones territoriales nacieron con la prerrogativa explícita de constituir sus gobiernos locales conforme a sus propios usos, costumbres y asambleas comunitarias, al margen del financiamiento y las cuotas de poder de las agrupaciones políticas estatales.
Las razones que impulsan la expansión acelerada de este modelo de gobernanza son claras. Para la ciudadanía de estas regiones, el régimen de partidos políticos ha representado históricamente una herramienta de división interna de las comunidades, donde las campañas electorales polarizan a las familias, fomenta el clientelismo mediante la entrega de apoyos asistenciales vacíos de fondo y terminan por colocar en las sillas administrativas a personajes desconectados de las prioridades comunitarias.
En el modelo independiente de usos y costumbres, por el contrario, la política vuelve a su dimensión de servicio obligatorio donde las autoridades no persiguen un sueldo ni una carrera de promoción personal, sino el cumplimiento de un encargo otorgado por el pueblo que puede ser revocado en cualquier momento si la gestión traiciona los principios de honestidad, trabajo comunitario y resguardo de la seguridad local.
