Por. J. Jesús Lemus
El anuncio realizado en Estados Unidos sobre la aprobación para la venta de una importante flotilla de helicópteros militares de combate al gobierno mexicano marca un punto de inflexión en la política de seguridad regional y reactiva los debates más intensos sobre la continuidad de las estrategias belicistas en el país.
El Departamento de Defensa norteamericano dio luz verde a la adquisición de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk y su equipamiento especializado a un costo total estimado en 1,000 millones de dólares —una cifra que, al tipo de cambio actual, se aproxima a los 20 mil millones de pesos y evoca los montos astronómicos proyectados históricamente en megaproyectos de armamento—.
Esta masiva transacción representa una suma formidable dentro de los presupuestos de defensa y seguridad pública, equivaliendo a una porción sumamente significativa del flujo de inversión extranjera directa que ingresa anualmente a México.
La decisión gubernamental de México de volcar sumas multimillonarias de recursos públicos hacia la compra de plataformas bélicas pesadas en el extranjero demuestra una priorización clara de la vía castrense como eje vertebral en el combate a la delincuencia organizada.
Como en los tiempos de Calderón
Este anuncio transporta inevitablemente la memoria colectiva a los años de la administración de Felipe Calderón y la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”. Durante aquel sexenio, la política pública militarizada tuvo su mayor expresión bajo la dirección de Genaro García Luna, quien desde la Secretaría de Seguridad Pública promovió desembolsos multimillonarios para la adquisición de armamento pesado, sistemas de espionaje y aeronaves artilladas procedentes de Estados Unidos.
Aquel modelo de confrontación directa se basó en el despliegue de fuerza táctica de alto impacto y en el reforzamiento operativo de las corporaciones mediante pertrechos de guerra, una estrategia que derivó en la espiral de violencia más sangrienta de la historia moderna de México.
En el escenario actual, la consolidación de esta compra estratégica refuerza los cuestionamientos hacia la conducción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Diversos observadores señalan que las decisiones operativas y presupuestales recientes son un indicio cada vez más claro de que el funcionario está replicando la misma lógica doctrinaria e institucional de su antiguo mentor, Genaro García Luna.
A pesar de los discursos oficiales que intentan marcar distancia con las etapas más oscuras del belicismo calderonista, las decisiones de gasto e infraestructura militar reflejan una continuidad conceptual: la fe ciega en la capacidad destructiva de los helicópteros artillados, el equipamiento táctico de nivel militar y la intermediación directa con las agencias de inteligencia y contratistas de defensa estadounidenses como la solución definitiva a la crisis de seguridad.
Es la guerra estúpida guerra
La experiencia acumulada durante las últimas dos décadas demuestra que la inyección masiva de tecnología bélica y aeronaves de combate a los teatros de conflicto internos no desarticula las redes criminales ni elimina sus raíces socioeconómicas; por el contrario, genera una acelerada carrera armamentista entre las fuerzas del Estado y los cárteles.
Ante la perspectiva de enfrentarse a helicópteros militares en zonas urbanas o rurales, los grupos delictivos responden adaptando sus tácticas, adquiriendo armamento antiaéreo y diversificando sus métodos de extorsión y violencia territorial.
La inversión anunciada de 20 mil millones para la compra de helicópteros a Estados Unidos no presagia una pacificación cercana, sino que apunta de manera ineludible a la prolongación de la violencia generada por la lógica de la guerra contra el narcotráfico.
Al destinar recursos masivos a la compra de plataformas diseñadas para la confrontación abierta en lugar de fortalecer la inteligencia civil, la fiscalización financiera y la reconstrucción del tejido social, México vuelve a internarse en un bucle ya conocido donde el aumento de la capacidad de fuego estatal se traduce inevitablemente en más enfrentamientos, mayor letalidad y una estela duradera de victimización en todo el territorio nacional.
