Por. J. Jesús Lemus
La presión que la justicia estadounidense ejerce sobre la estructura política mexicana ha alcanzado niveles sin precedentes. La filtración y apertura de procesos de investigación y penales en cortes federales, especialmente en el Distrito Sur de Nueva York, evidencian una estrategia del Departamento de Justicia (DOJ) y de agencias como la DEA para fracturar los círculos de protección institucional del narcotráfico.
Aunque el programa de testigos protegidos opera bajo un régimen de estricta confidencialidad institucional, reportes e investigaciones recientes señalan que más de una decena de funcionarios y exfuncionarios —principalmente vinculados a las administraciones estatales de la denominada Cuarta Transformación (4T)— se encuentran bajo la lupa, imputados formalmente o en procesos avanzados de negociación y colaboración.
A finales de abril de este año, el Departamento de Justicia de EE.UU. sacó a la luz una de las acusaciones más severas contra la política regional actual, imputando formalmente a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos”. Este bloque es el más propenso a buscar acuerdos de colaboración (cooperating witnesses) para evitar penas máximas como la cadena perpetua.
Rubén Rocha Moya, el mandatario estatal, quien recientemente dejó el cargo tras las acusaciones, es el perfil de más alto rango señalado formalmente por el Distrito Sur de Nueva York. El DOJ lo acusa de facilitar operaciones de narcotráfico y de mantener vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno de Sinaloa y figura clave en la operación política del estado. Su inclusión en el expediente de Nueva York lo posiciona como uno de los objetivos prioritarios de la justicia estadounidense.
Juan de Dios Gámez Mendívil, el Presidente Municipal de Culiacán, con licencia, es directamente señalado en los pliegos del DOJ. Su posición territorial en la capital del estado lo convierte en una pieza clave de la red bajo investigación.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa. Su conocimiento sobre los flujos de capitales y recursos públicos es de alto interés para las agencias que rastrean el lavado de dinero.
Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal General del Estado de Sinaloa. Su mención en las investigaciones estadounidenses apunta a la presunta protección judicial desde las propias fiscalías locales.
En el mismo pliego del Distrito Sur figuran nombres como Marco Antonio Almánza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (conocido como “Cholo”), José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”). Los que también están siendo provocados por la justicia de Estados Unidos para que se sumen al programa de testigos protegidos.
Reportes periodísticos de medios como The New York Times y Los Angeles Times indican que la administración estadounidense ha ampliado sus redes de investigación hacia los gobernadores de estados clave de la frontera norte de México, quienes presuntamente han tenido acercamientos o mantienen comunicaciones con agencias estadounidenses debido a indagatorias en curso.
Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora y Exsecretario de Seguridad Federal, está bajo la lupa de la justicia de Estados Unidos. La justicia estadounidense lo investiga por su rol histórico y actual en la seguridad del país, especialmente en una entidad federativa que sirve de corredor principal para el tráfico de fentanilo y metanfetaminas controlado por la facción de los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Desde la perspectiva de la investigación periodística, el panorama se aceleró sustancialmente tras la entrega y transferencia a custodia estadounidense de más de 90 perfiles ligados a la delincuencia organizada y redes políticas bajo la política arancelaria y de seguridad de la administración de Donald Trump.
Las opciones para los funcionarios mexicanos implicados se han reducido a dos vías: actuar como informantes activos compartiendo datos de inteligencia financiera, bitácoras de reuniones y esquemas de financiamiento electoral a cambio de inmunidad parcial o reubicación.
O la otra salida, que es enfrentar la extradición, mencionada ya por la presidenta Claudia Sheinbaum como condicionada a “pruebas irrefutables”, y terminar en prisiones federales sin derecho a fianza.
La filtración de estos nombres no solo busca el castigo penal, sino dinamitar la confianza interna dentro de las estructuras gubernamentales de la 4T, demostrando que los pactos de impunidad locales carecen de validez al cruzar la frontera norte.
