Poe. J. Jesús Lemus
En la historia política de México, el control sobre el papel, la tinta y las imprentas no ha sido un asunto menor de proveeduría o logística administrativa. Fue, durante el régimen de partido único comandado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de las piezas angulares para sostener la hegemonía del poder federal.
La decisión reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar la conversión de Talleres Gráficos de México en la única empresa o proveedor dominante con atribuciones centralizadas para la elaboración de la papelería electoral nacional representa un giro drástico en la arquitectura institucional del país.
Bajo la narrativa de la austeridad, el combate a la corrupción y la erradicación del intermediarismo comercial, esta maniobra constituye la consumación de una estrategia deliberada: aprovechar coyunturas críticas de vulnerabilidad institucional para erosionar la autonomía de los órganos electorales, recentralizar el arbitraje de las urnas en el Poder Ejecutivo y pavimentar el camino hacia una hegemonía partidista de largo alcance.
El domino electoral del PRI, de retorno con Morena
Durante las décadas de dominio priista, las elecciones no estaban a cargo de un organismo público autónomo integrado por ciudadanos y vigilado por una pluralidad de partidos, sino de la Comisión Federal Electoral, dependiente directamente de la Secretaría de Gobernación. En aquel modelo, el gobierno elaboraba los padrones, designaba los funcionarios, controlaba la cadena de custodia de la paquetería electoral y ordenaba la impresión de las boletas a través de talleres estatales o mecanismos de absoluta subordinación política.
Aquel diseño garantizaba que el Estado fuera juez y parte, lo que facilitaba la manipulación del sufragio desde su origen técnico, el relleno de urnas y el control absoluto de los resultados finales.
La transición democrática mexicana requirió décadas de luchas sociales, reformas legales y construcción institucional para arrancar al Ejecutivo la potestad de organizar sus propias elecciones. El nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), transformado posteriormente en Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo como premisa operativa la desconfianza legítima hacia la injerencia gubernamental.
Por ello, el procedimiento de elaboración de papelería electoral se sometió a licitaciones transparentes, candados de seguridad en papel especial, firmas de los partidos políticos en el reverso de las actas y un sistema descentralizado donde la custodia del material estaba fuertemente resguardada de cualquier tentación de control monopolítico desde el gobierno federal.
Desarticular los contrapesos del poder
Sin embargo, el ciclo político abierto por la Cuarta Transformación ha emprendido una desarticulación progresiva de los contrapesos institucionales construidos durante la transición. El camino que conduce a la iniciativa sobre Talleres Gráficos de México no es fortuito; responde a un método de gobernanza que utiliza la crisis como instrumento de avance político y legislativo.
La narrativa oficial articulada desde el Ejecutivo ha sabido capitalizar con destreza los tropiezos y tensiones internas del propio árbitro electoral. La renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y las investigaciones del Órgano Interno de Control sobre presuntas irregularidades en contratos con proveedores privados crearon la atmósfera perfecta para que la narrativa oficial deslegitimara el modelo descentralizado de contratación.
En lugar de fortalecer los mecanismos de fiscalización interna del INE o exigir el deslinde de responsabilidades individuales, la Presidencia utilizó este escándalo para señalar estructuralmente al organismo, presentar al sector privado como una red de complicidades de intermediación y proponer la intervención directa del Estado como la única solución moralmente aceptable.
Este uso táctico de las crisis institucionales ha sido una constante. Primero se debilita presupuestal y políticamente a las instituciones independientes; posteriormente se exhiben sus fallas —provocadas o exacerbadas por el estrangulamiento de sus recursos—; y finalmente se presenta la centralización estatal como un acto de rescate patriótico y racionalidad administrativa.
Al transformar a Talleres Gráficos de México en una empresa de Estado dedicada de manera prioritaria o exclusiva a la fabricación de boletas, mamparas y actas electorales, se traslada una función crítica de la logística democrática de la órbita de un órgano autónomo a la órbita del Poder Ejecutivo.
Desde una perspectiva analítica sobre la integridad electoral, el monopolio de la impresión de papelería en manos de una entidad gubernamental reabre las grietas por las cuales históricamente penetró el fraude en México. Aunque se argumente la inclusión de comités de observación externa o consejos de administración renovados, la realidad operativa es que el hilo directivo de la imprenta estatal responde en última instancia al organigrama de la administración pública federal.
El riesgo de un esquema centralizado no radica únicamente en la posibilidad de una alteración física masiva de boletas en el día de la jornada electoral, sino en la vulneración de la cadena de confianza que sostiene todo el sistema democrático. La fabricación del insumo más delicado del sufragio en las entrañas del Estado le otorga al gobierno la capacidad de controlar los tiempos de producción, la distribución de los insumos, la verificación del papel seguridad y el manejo de los volúmenes de impresión en sobrantes o reposiciones.
Cuando el arbitraje electoral pierde el control absoluto sobre sus propios materiales de trabajo, la autonomía operativa se convierte en una entelequia. El INE pasa de ser un organizador integral y soberano del proceso a ser un mero administrador de casillas supeditado a la logística impuesta por la imprenta del Ejecutivo.
La captura del INE
Este paso encaja con precisión en el proceso más amplio de captura institucional. La captura del INE no requirió de su abolición formal mediante un decreto intempestivo; se ha logrado mediante un proceso de asfixia gradual, presiones sobre sus presupuestos operacionales, injerencia en sus nombramientos clave y, finalmente, el despojo de sus funciones logísticas fundamentales.
Al restar al organismo la capacidad de licitar de forma independiente a sus proveedores y supervisar con plena autonomía la cadena productiva del voto, se configura un escenario donde la autoridad electoral queda desarmada frente al peso de la administración pública federal.
Las consecuencias de este viraje sobre los procesos electorales futuros son severas. Al minarse la imparcialidad del proceso desde su raíz técnica, los resultados de los comicios venideros cargarán con una sospecha de origen estructural. En cualquier democracia funcional, la legitimidad del vencedor depende directamente de que los derrotados confíen plenamente en que las reglas del juego y la custodia de las urnas no estuvieron manipuladas por quien detenta el poder.
Al restablecer una práctica que rememora las viejas componendas del régimen del PRI —donde el gobierno producía, distribuía y contabilizaba los instrumentos de la elección— se rompe el consenso básico que sustentó la paz institucional en México durante las últimas tres décadas.
El reencauzamiento de la política pública hacia el monopolio del Estado en áreas sensibles de la vida pública no es un hecho aislado, sino la consolidación de un régimen que entiende la democracia no como un sistema pluralista de pesos y contrapesos, sino como una herramienta de validación para la permanencia del proyecto gobernante.
La decisión sobre Talleres Gráficos de México es la pieza de un rompecabezas más grande donde la centralización del poder, la neutralización de los órganos autónomos y la desconfianza hacia los contrapesos privados y ciudadanos convergen para devolverle al Presidente de la República las facultades de control sobre el tablero político.
