Por. J. Jesús Lemus
El mapa de Guanajuato se ha vuelto a trazar con tinta roja y una zozobra constante que recorre sus carreteras, campos y zonas urbanas. A pesar de los discursos oficiales que intentan matizar la crisis de seguridad con variaciones porcentuales o ajustes de cifras, la realidad en las calles cuenta una historia radicalmente distinta: la de un territorio donde el Cártel de Santa Rosa de Lima ha logrado no solo sobrevivir al encarcelamiento de sus primeros fundadores, sino reconstruir su tejido operativo, extender sus fronteras de influencia y desplegar un dominio que hoy mantiene en vilo a los principales municipios de la entidad.
Esta reconfiguración territorial no ha ocurrido en el vacío. Se da precisamente en el marco de la presente administración estatal que encabeza la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, un periodo en el que la retórica de cambio institucional contrasta fuertemente con el evidente reacomodo de la estructura criminal.
Durante los últimos meses, el grupo originario de Villagrán ha dejado de ser una organización replegada en el robo de hidrocarburo para transformarse en un conglomerado criminal diversificado que controla el narcomenudeo, el cobro de piso, las extorsiones generalizadas a comercios y el control de plazas estratégicas, operando con una impunidad que levanta sospechas inevitables en la opinión pública y en las mesas de análisis de seguridad.
El corazón de esta expansión se ubica en el corredor industrial y en las zonas rurales adyacentes, donde la violencia se ha ensañado con comunidades enteras.
Celaya encabeza esta trágica lista, convertida desde hace años en el epicentro del conflicto; allí la ciudadanía vive bajo el yugo de la extorsión sistemática a comercios, la violencia contra elementos de las fuerzas municipales y una constante disputa de colonias populares donde el Cártel de Santa Rosa ha afianzado su presencia territorial.
Muy cerca de ahí, en Villagrán y Juventino Rosas, la influencia de este grupo criminal sigue manteniendo raíces profundas, funcionando como centros operativos desde donde se despliegan células hacia municipios vecinos.
La huella de esta expansión se extiende con fuerza hacia Salamanca e Irapuato.
En Salamanca, la presión violenta se manifiesta en ataques directos a la infraestructura de servicios, la coacción a pequeños comerciantes y masacres registradas en centros nocturnos y espacios públicos.
Por su parte, Irapuato experimenta una violencia letal donde la disputa de puntos de venta de droga y las agresiones a centros de rehabilitación e inmuebles particulares reflejan la encarnizada lucha por el control de la plaza.
Hacia el sur del estado, municipios como Salvatierra, Tarimoro, Acámbaro y Jerécuaro han sufrido un incremento notable en la frecuencia de actos de alto impacto, incluyendo el uso de vehículos con artefactos explosivos y enfrentamientos que han paralizado la vida económica y cotidiana de sus habitantes.
La duda que sobrevuela esta acelerada reestructuración del grupo criminal radica en los factores que han permitido tal capacidad de despliegue. En los estratos del análisis de inteligencia e investigaciones periodísticas han comenzado a resonar testimonios que señalan directamente a las cúpulas del poder político estatal.
En particular, declaraciones judiciales procedentes de al menos tres presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, actualmente detenidos y bajo proceso penal, han salpicado la línea de mando institucional al atribuir el avance y la protección operativa de la organización a presuntos acuerdos y coberturas articuladas desde la Secretaría de Gobierno, encabezada por Jorge Daniel Jiménez Lona.
Según estos testimonios rendidos ante las autoridades competentes, la operatividad del cártel se habría visto favorecida por una omisión deliberada en los patrullajes de contención, la filtración oportuna de operativos institucionales y el debilitamiento de los esquemas de inteligencia local en áreas clave para la logística criminal.
Mientras las versiones sobre este presunto manto de protección institucional se acumulan en expedientes y filtraciones, la población guanajuatense continúa pagando el precio de una guerra que parece no tener fin, atrapada entre la narrativa oficial de pacificación y la dura evidencia de un territorio fragmentado y dominado por la violencia criminal.
